Entrevista a Marietta Toro, referente de Marcha Patriótica, sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia: “El Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo”

Por Nadia Luna – Nodal

Según un estudio realizado por el programa “Somos Defensores”, entre 2016 y 2017 el asesinato de líderes sociales en Colombia aumentó en un 31%, pasando de 35 casos reportados en el primer semestre del año pasado a 51 asesinados en los seis primeros meses de este año. También aumentaron las agresiones contra defensores de derechos humanos en un 6%: de 314 casos en 2016 a 335 solo en lo que va de año.

Nodal habló con Marietta Toro, referente del movimiento político y social Marcha Patriótica, sobre las causas de esta problemática y las garantías que debería brindar el Estado para resguardar la seguridad de líderes sociales y de los integrantes de las FARC en su reincorporación a la vida política.

¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año y quiénes son los principales responsables de este tipo de crímenes?

En lo que va del 2017, han sido asesinados 76 líderes sociales en el país, 8 mujeres y 68 hombres. Según los informes de las organizaciones y comunidades, los responsables son en la mayoría de los casos los grupos paramilitares, que vienen fortaleciéndose en los territorios de donde han salido las FARC en su proceso de reincorporación. Esto tiene el agravante de que el Estado se niega a reconocer que el paramilitarismo sigue existiendo. Hay una incapacidad estatal para copar los territorios adecuadamente, además de que sigue negando la sistematicidad de la problemática. Para nosotros/as, es innegable que hay una sistematicidad y un patrón que permite determinar que se están ejecutando ciertos pasos para que ocurran los asesinatos. El patrón está compuesto por una campaña de estigmatización: ser líder social en la ruralidad es ser integrante de la guerrilla.

También preocupa el asesinato de integrantes de las FARC que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación, así como de sus familiares. Hasta el momento van 24 integrantes de las FARC y familiares asesinados.

¿Cómo es la actuación de la Justicia en estos casos? ¿Hay una situación de impunidad o se han llevado a juicio a algunos responsables?

Hasta el momento la impunidad es casi total. En más del 90% de los casos no hay ni siquiera investigaciones en proceso. Aunque el Ministerio del Interior y la Fiscalía dicen que están investigando, la realidad es otra, porque además el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha planteado que los asesinatos son en su mayoría problemas “amorosos”, desconociendo que quienes han sido asesinados, lo han sido por su trabajo permanente alrededor de la implementación del acuerdo de Paz.

Hasta el momento no hay ningún responsable judicializado y menos aún condenado. Lo más alarmante, es que las comunidades siguen emitiendo alertas tempranas sin que las instituciones tomen cartas en el asunto, lo que configura un precedente terrible para el avance del proceso de paz.

Las FARC acaban de culminar con el proceso de dejación de armas pero, como usted mencionaba, las zonas donde estaban ahora son disputadas por grupos paramilitares vinculados con el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo cree que se puede enfrentar este nuevo conflicto y cómo será el proceso de integración de las FARC a la vida política?

En el acuerdo se estipulan una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de los integrantes de la guerrilla en proceso de reincorporación, que incluye un Pacto Político Nacional que busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.

También se estipula la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad u una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, ni la comisión ni la unidad de protección han sido puestas en marcha hasta el momento.

Respecto al proceso de reincorporación de las FARC, el acuerdo también estipula diferentes medidas y mecanismos que garanticen la reincorporación política, social, económica y cultural, comprendiendo que la misma es contraria a la que ha sido impulsada en los procesos de paz con otras guerrillas en el pasado, basadas en la reinserción individual. En el caso de este proceso de paz se propuso la reincorporación colectiva de las FARC, lo que implica un marco totalmente nuevo.

En Antioquia, los trabajadores mineros están en paro desde hace un mes por pedido de mejoras en sus condiciones laborales. Denuncian represión policial y ya hubo dos muertos. Hace poco, hubo otros conflictos similares como la huelga de maestros y los paros cívicos de Buenaventura y Chocó. ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante este tipo de conflictos?

Lo que venimos denunciando es que el Estado sigue dando tratamiento de guerra a todas las movilizaciones y protestas sociales. La represión estatal sigue a la orden del día, a través del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, fuerza contrainsurgente que trata a los manifestantes como guerrilleros y en consecuencia responde con un uso desproporcionado de la fuerza, violando los derechos humanos de quienes protestan y de sus comunidades. Una de nuestras organizaciones elaboró un informe sobre el paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste Antioqueño, donde se explica con mayor claridad la situación.

Al respecto, se viene insistiendo en la necesidad de reformar la ley que regula la protesta social y que habla sobre garantías para la misma, aún cuando se hicieron múltiples foros regionales y un foro nacional para recoger propuestas de las organizaciones y comunidades, y se conformó una comisión nacional de diálogo, el proyecto de ley aún no ha sido presentado por el Gobierno.

¿Qué políticas considera que el Estado debería implementar con mayor urgencia para impedir que sigan asesinando a referentes de luchas sociales?

Es necesario avanzar en la implementación de las medidas y mecanismo establecidos en el Acuerdo que mencionaba anteriormente. Es necesario que el Gobierno y las instituciones estatales se comprometan con el nuevo contexto que vivimos y cumplan con sus funciones constitucionales, ratificadas por diferentes tratados y convenios internacionales.

 

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