México: a casi tres años de las desapariciones, padres de los normalistas de Ayotzinapa exigen “detenciones” antes de octubre

Detenciones antes de octubre, exigen padres de normalistas

Tras reunirse con el procurador Raúl Cervantes, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron que no regresarán a la mesa del diálogo si no se detiene ya a los implicados.

En los últimos tres meses la PGR sólo ha avanzado 30% o en la investigación del caso Ayotzinapa, reprocharon padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Ante ello, emplazaron a la Procuraduría General de la República a detener antes de octubre a policías municipales de Huitzuco y Cocula, quienes podrían estar involucrados en la tragedia próxima a cumplir tres años.

De lo contrario, advirtieron, tras reunirse ayer por más de dos horas con el procurador, Raúl Cervantes y la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, no volverán a la mesa de diálogo.

A la salida de la sede de la PGR, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sigue se haber un indicio claro y objetivo de dónde se encuentran los estudiantes.

Acompañado por el vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, el litigante afirmó que de las cuatro líneas de investigación: la actuación del Ejército, la participación de la Policía Federal en Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga en autobuses, que solicitaron profundizar en mayo sólo hubo progreso en lo que tiene que ver con las cámaras del C4 de Iguala y del quinto autobús.

Al respecto, detalló que el día de los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, había 10 cámaras interiores que no funcionaban y 25 exteriores, de las cuales cuatro estaban activas.

“Hay seis despachadoras de las cámaras que ya emitieron su declaración, también nos informaron que se pudieron captar algunas imágenes, pero no son nítidas y por lo tanto no se puede apreciar lo que contienen los videos”, explicó.

Sobre el quinto autobús, Rosales Sierra afirmó que lo único que se avanzó, adicionalmente a lo que ya se ha dado a conocer, “es que siguió la ruta correcta que mencionan los estudiantes, es decir que salió de la central de autobuses de Estrella Blanca, recorrió todo el periférico sur y fue detenido antes de llegar al Palacio de Justicia”.

Al cuestionar si la unidad llevaba droga, el litigante respondió que esta línea sigue en estudio por el Ministerio Público de la Federación. “De la Policía Federal en Huitzuco no hay nada, como ya lo habíamos informado anteriormente existe un conflicto competencial que no ha sido resuelto”, agregó.

Rosales Sierra aseguró que no hay un rompimiento con la PGR, pero sí un emplazamiento por parte de los padres de familia que no irán a la mesa de diálogo hasta que haya detenciones muy concretas.

“Vemos un retraso porque son temas que están desde hace dos años y se está retomando la ruta correcta de investigar las cuatro líneas de manera tardía, esas líneas debieron de haberse indagado desde 2015”, recalcó.

Por su parte, la PGR informó que la reunión permitió actualizar a la CIDH y a los familiares de los estudiantes distintos avances, incluyendo el fortalecimiento de la oficina que da seguimiento al caso en la PGR, así como la atención puntual a los aspectos contenidos en el cronograma acordado con la propia CIDH.

El titular de la dependencia, Raúl Cervantes reiteró que se continuará trabajando para agotar todas las líneas de investigación.

En el encuentro lo acompañaron, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías; Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala.

Por parte de la Secretaría de Gobernación estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; por la de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y Erasmo Lara Cabrera, director de Derechos Humanos y Democracia.

Vanguardia


A tres años el caso Ayotzinapa no hay avances

Integrantes de Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvieron en la Normal Rural de Ayotzinapa para darle seguimiento al caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, sin que la PGR avance en la investigación.

El abogado de los padres de los 43 e integrante del Centro Colectivo de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, ha insistido en que no hay avance en la investigación que lleva la PGR de la desaparición de los jóvenes, pero en la visita de hoy de los miembros del Mecanismo fue determinante: si para mañana martes la PGR no les das avances sobre las cuatro líneas de investigación romperán diálogo con el gobierno federal.

Las cuatro líneas que sigue la PGR y están intactas son: militares, policías federales y municipales de Huitzuco, rastreo de celulares a los jóvenes desaparecidos, y el tráfico de droga de Iguala a Chicago.

La comisionada y además relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, les pidió a los padres de los 43 y a los estudiantes involucrados en el movimiento a no claudicar y continuar con la bandera de la dignidad: “Ayotzinapa hoy es la conciencia no sólo de este pueblo, si no de esta nación. Creo que eso es lo que nuestros países necesitan y nuestros gobiernos entender.”

En la Normal Rural de Ayotzinapa, además de la relatora y otros miembros de la comisión de seguimiento, asistieron integrantes de organizaciones sociales como Tlachinollan y Agustín Pro. La relatora, acompañada de todos ellos, escuchó a los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos y a los estudiantes.

Una vez que concluyó este encuentro insistió en el compromiso de la CIDH con la verdad del caso. El próximo 26 de septiembre se cumplen tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y los hechos en los que murieron tres normalistas más.

La relatora aclaró que la CIDH no acepta la tesis de que en el basurero de Cocula incinerado a los normalistas, sólo siguen el trabajo que ya dejaron avanzado los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Y con ese camino, dijo, insistirán a las autoridades su responsabilidad de investigar y justicia, y hasta en tanto no la garanticen, “(…) no habrá una consideración de que el Mecanismo de Seguimiento pueda evaluar avances”.

Porque, “tres años para un caso y una tragedia de tal magnitud, es demasiado tiempo. Eso hace que los padres y familiares estén en una situación de desesperanza absoluta. Pero creo, tengo la confianza, que antes de finalizar este año, podamos tener una respuesta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa, particularmente”.

Advirtió que la CIDH continuará ofreciendo la medida cautelar a los padres, lo que significa un acompañamiento y seguimiento, aunque los padres determinarán hasta dónde. “Lo que nosotros no queremos es que haya una dilación indefinida, eterna (de parte del gobierno federal, quien investiga el caso), eso no puede ser. Por eso necesitamos respuestas en concreto; tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”, comentó la relatora.

Arosemena aclaró que esta visita incluye un encuentro con las autoridades federales para mañana. “Espero que podamos recoger mañana las posiciones del gobierno. Nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas muy específicas, y esperamos tener esas respuestas el día de mañana”.

E-Veracruz


Llama la presidenta del mecanismo de seguimiento de la CIDH a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa

La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidenta del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, Esmeralda Arosamena Troitiño llamó a no claudicar en la lucha de Ayotzinapa, en una emotiva visita a la Normal Rural donde prometió a los padres y estudiantes que hará todos los esfuerzos y diligencias para alcanzar lo que ellos esperan, “y a lo que tienen derecho”.

Luego, en entrevista precisó que los padres esperan, en primer lugar encontrar a los muchachos y justicia por los tres jóvenes asesinados el mismo 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos.

Confió que en el periodo de vigencia del mecanismo, que termina en noviembre, puedan concluir el caso.

También señaló que si no hay avances en la investigación, el mecanismo no tendrá con qué trabajar. Adelantó que, de manera anticipada, la CIDH envió un cuestionario puntual a las autoridades mexicanas para esta reunión.

Por separado, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra adelantó que si en esta reunión no hay avances en las cuatro líneas de investigación planteadas por los padres (el Ejército, la Policía Federal y la Policía Municipal de Huitzco, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la telefonía celular), romperán el diálogo con la PGR y van a intensificar sus acciones de protesta.

La comisionada de la CIDH llegó a Tixtla a las 11 de la mañana con el equipo operativo técnico del mecanismo internacional de seguimiento. Los padres de los normalistas desaparecidos y alumnos de la Normal los recibieron en el arco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, donde está la desviación hacia la Normal, con consignas de lucha y collares de flores amarillas, habituales en la zona para las fiestas tradicionales.

Después de abrazos y saludos, marcharon hacia la escuela, aproximadamente un kilómetro, pero la comisionada abordó antes la camioneta de sonido, que conducía un normalista rural.

En un acto público en la explanada de la escuela, Arosamena contó que en ese trayecto un joven de 19 años compartió con ella que “hoy, Ayotzinapa es la conciencia no sólo de los estudiantes, sino de la nación”.

Expresó su reconocimiento a la lucha de los padres y de los estudiantes, y llamó a no claudicar, sino sumar a todos , “a no dejar de levantar esta bandera de la dignidad de un pueblo, la dignidad de una nación. Eso deben entender nuestros gobernantes, que el centro de nuestros países es su gente”.

En el acto, la señora Hilda Hernández, mamá del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dio la bienvenida a los visitantes e insistió en que la CIDH no los deje solos, “queremos una solución, no más mentiras, no más engaños. A tres años es muy difícil esta situación que estamos viviendo, esperemos que con ustedes a nuestro lado, tengamos la verdad”.

Luego de la presentación de una danza azteca a cargo de los alumnos de nuevo ingreso, el secretario general del Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, detalló el perfil de los estudiantes de Ayotzinapa, pobres sin muchas alternativas, que en la escuela puede desarrollar destrezas, artes, cultura, adoptar los principios de solidaridad y colectividad, que para las autoridades representan un peligro.

Dijo que se cuentan 10 estudiantes muertos desde 1988 a manos de funcionarios públicos, por ello, “en Ayotzinapa nos une el dolor, pero también la necesidad de seguir estudiando”.

En su discurso, la comisionada Arosamena, de origen panameño, respondió que, “en el día de hoy, mi sentimiento de solidaridad humana, de compromiso personal pero también institucional. La desaparición de personas es un acto cruel y perverso, afecta no sólo la vida y la integridad física elemental de las víctimas, también de los familiares que cada día, que cada momento sigue viviendo el dolor no sólo de la ausencia, de no saber, de no tener una respuesta, de no poder tener acceso a la verdad”.

Recordó que el objetivo del mecanismo es el seguimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero también tiene un compromiso con la vida. Ahí recordó la charla con el normalista en el breve trayecto final hacia la escuela, de que esta lucha convirtió a la Normal Rural de Ayotzinapa en la consciencia de la nación, a propósito de la frase escrita en la portón: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”.

Siguió la reunión privada con los padres de los 43 estudiantes y sus representantes legales en el auditorio, que duró poco más de dos horas.

Dos palabras claves, encontrar y justicia

Antes de ir al comedor del internado, alrededor de las 3 de tarde, Arosamena Troitiño declaró sobre el encentro. Dijo que la demanda de los padres se traduce en dos palabras claves: encontrar y justicia.

“Primero, encontrar a los muchachos, saber dónde están y sabiendo dónde están, los familiares van a recibir por lo menos parte de la repuesta, que quieren o al unísono la justicia, tiene que determinarse las responsabilidades de las personas involucradas”.

Indicó que también hay tres alumnos ejecutados, y sus padres también merecen una respuesta, “si no hay justicia, no habrá consideración de que el mecanismo de seguimiento pueda evaluar avances”.

A pregunta de un periodista, descartó la tesis del basurero Cocula, de que ahí habrían sido asesinados y quemados los 43 desaparecidos. Aclaró que para la CIDH no representa una línea de investigación, pues el GIEI determinó con dictámenes técnicos-científicos que no hay forma de identificar esa posibilidad.

Adelantó que, antes de concluir el mandato del mecanismo, habrá una última sesión pública en el periodo de sesiones de la CIDH en Uruguay.

Confió que en esta reunión, la penúltima programada en México, puedan recoger las posiciones del gobierno mexicano, “nosotros hemos girado un segundo cuestionario con cosas específicas y esperamos tener esas respuestas el día de mañana (hoy)”.

Aceptó que casi tres años sin resultados, “es demasiado tiempo para una tragedia de tal magnitud, hace que los familiares estén en desesperanza absoluta, pero tengo la confianza de que antes de finalizar este año, nosotros podamos tener una respuesta más concreta de lo que este caso ha significado para Ayotzinapa”.

De la posibilidad de ampliar el mandato del mecanismo, si no hubiera respuesta hasta noviembre, aclaró que será decisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero aclaró que la Comisión no quiere que haya “una dilación indefinida, eterna”, que los actores necesitan respuestas en concreto, y concluyó, “tengo fe y conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”.

México, país con más impunidad en América Latina y cuarto a nivel mundial: UDLAP

En México, las posibilidades de cometer un delito y ser condenado en un juicio son menores al uno por ciento.

El ex canciller Luis Ernesto Derbez, quien ahora es rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), dijo que este problema genera más impunidad, pues la gente prefiere no denunciar para no perder su tiempo.

“De los delitos que se cometen en México, solo 0.7 por ciento se están llevando a conclusión en juicio. Esto se llama impunidad. Uno puede delinquir en México y prácticamente puede estar seguro que no va a ver un juicio que lo lleva hasta el final, tenemos que romper con eso”, advirtió.

Al presentar el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, elaborado por la UDLAP, el ex funcionario indicó que, de una lista de 69 naciones, México ocupó el cuarto lugar entre los países con un mayor índice de impunidad, solo superado por Filipinas, India y Camerún.

“Lo que estamos mandando claramente como mensaje es: este es un país de impunidad a nivel internacional”, señaló.

En conferencia de prensa, Derbez indicó que el alto nivel de impunidad que se registra en el país está asociado a una debilidad estructural de los sistemas de seguridad pública, así como de impartición y procuración de justicia.

En el caso de la seguridad pública, explicó, se tiene una tasa de policías de 359 elementos por cada 100 mil habitantes, que es superior a la media internacional, que es de 319 por cada 100 mil habitantes, sin embargo, están mal capacitados, mal pagados y en condiciones laborales precarias.

En el caso de los jueces, expuso, se tiene un déficit, pues mientras que en América Latina se tiene un promedio de 16 jueces por cada 100 mil habitantes, en México se cuenta con una tasa de 4 por cada 100 mil habitantes.

“Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes”, contrastó.

Si bien en algunos casos, como en el número de jueces, hacen falta recursos, aclaró, lo cierto es que los sistemas de seguridad y justicia mexicanos han tenido acceso a recursos económicos muy importantes en los últimos años, los cuales han sido desperdiciados.

Gerardo Rodríguez, quien junto con Juan Antonio Le Clercq coordinó la investigación, dijo que un ejemplo de dinero mal gastado fue el de la capacitación para el nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde incluso hubo hasta actos de corrupción.

“Eran los propios secretarios de Seguridad Pública estatal los que pedían el moche del 30 por ciento. Perdón que lo diga, pero así era”, indicó Rodríguez.

Derbez dijo que uno de los hallazgos de la investigación es que existe una correlación estadística significativa entre el nivel de impunidad y la desigualdad social.

Este fenómeno, destacó, está presente en México, ya que el uno por ciento de la población concentra el 40 por ciento de la riqueza del país.

“La muestra de 69 países que conforman el IGI revelan que entre mayor impunidad existe, mayor es la desigualdad; o también, podría interpretarse como, entre mayor es la desigualdad, mayor es la impunidad”, señala el estudio.

Sur Acapulco


México: Acción global por Ayotzinapa. Fotogalería

A un mes de cumplirse tres años de la desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos en Iguala Guerrero; Familiares, activistas, organizaciones sociales, normalistas de Ayotzinapa Marcharon el Sábado desde la Procuraduría General de Justicia hasta el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México.

A pesar de la lluvia cientos de personas acompañaron a las madres y padres para finalmente concluir en un mitin en la alameda central Hilda Legideño Vargas Madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño agradeció a las y los asistentes su participación de igual manera señaló que los familiares no confían en las autoridades mexicanas ya que desde el inicio de los terribles hechos los tres niveles de gobierno han encubierto sistemáticamente la verdad y han obstaculizado la investigación.

Insistieron en el seguimiento de las investigaciones en 4 puntos fundamentales: 1. Investigación a los militares. 2. La detención de los policías municipales de Huitzuco, y la policía federal que participaron en los hechos, 3. La investigación de la telefonía celular utilizada la noche y 4. El trasiego de droga de Iguala a Chicago. En una pequeña entrevista Vidulfo Rosales invito a participar en la jornada de lucha que iniciara el próximo 15 de Septiembre del 2017 y concluirá con una marcha masiva el 26 de Septiembre.

Foto galería aquí.

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