México, un país en guerra: narcos, menores, autodefensas

México, un país en guerra: narcos, menores, autodefensas

Jean-François Boyer. 

Las decapitaciones, los cadáveres en fosas clandestinas o la desaparición de personas, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, se han vuelto trágicamente cotidianos. Si bien es cierto que la guerra contra los narcos abonó este estado de violencia generalizada, las causas deben buscarse en un complejo entramado que involucra la complicidad del poder político, las disputas entre los carteles y un gran reservorio de mano de obra desempleada.

Los policías que ingresaron en la madrugada del 7 de noviembre de 2011 a la cárcel de Acapulco, la gran ciudad balnearia del Pacífico, no podían creer lo que veían: una veintena de prostitutas dormían en las celdas junto a los detenidos. La requisa que se realizó luego reservaba otras sorpresas: secuestraron un centenar de kilos de marihuana, televisores, lectores de CD, gallos de riña e incluso dos pavos reales, animales de compañía favoritos (junto con el jaguar) de famosos narcotraficantes.

La anécdota resulta reveladora. Lenta pero ostensiblemente corroído por el crimen organizado, México ya no controla sus cárceles, ni vastos sectores de su territorio. Los narcos ya no se conforman con abastecer el mercado estadounidense de cocaína (1), anfetaminas y marihuana, corromper para proteger su negocio y masacrarse entre sí. Tras seis años de una “guerra” contra el tráfico de drogas lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón –con el fin de recuperar su prestigio mancillado por las acusaciones de fraude en las elecciones de 2006–, y que movilizó a más de cuatrocientos mil policías y cincuenta mil soldados, amenazan hoy al Estado y sus instituciones de norte a sur de la República.

Las principales víctimas de los mafiosos son las policías –municipales, regionales o federales–, porque los persiguen o colaboran con sus competidores.

Los carteles ya no dudan en enfrentar a los convoyes del ejército o la armada en las regiones donde gobiernan de hecho. Es el caso de “La Familia” en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, o Los Zetas en el noreste del estado de Tamaulipas.

Estas dos organizaciones paramilitares actúan la mayoría de las veces en represalia, tras la ejecución o encarcelamiento de alguno de sus jefes. La violencia de los enfrentamientos demuestra que el crimen organizado dispone actualmente de un armamento pesado –capaz de hacer frente a blindados y ametralladoras– y de sistemas de comunicación ultramodernos que le permiten conocer los movimientos del adversario. ¿Cómo los obtiene? De la manera más legal del mundo, en las armerías del vecino del norte, o más discretamente, a través de los vendedores de armas estadounidenses.

La “guerra por las plazas”

La entonces Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales, hizo en 2012 un balance de las pérdidas registradas por las fuerzas del orden de diciembre de 2006 a junio de 2011: 2.888 soldados, personal naval, policías y agentes de los servicios de inteligencia. El 45% de ellos eran policías municipales, una cifra que sugiere que las comunas, células básicas de la organización política del país, soportan el mayor peso de la guerra. Porque las mafias pretenden además imponer su ley a los poderes locales; por la sangre, si es necesario.

Para ello, influyen cada día un poco más en el juego democrático y los procesos electorales. Treinta y dos alcaldes han sido asesinados desde 2006 [datos de 2012], la mayoría por el crimen organizado. El asesinato del “presidente municipal” (equivalente del alcalde) de la ciudad de La Piedad, en Michoacán, en noviembre de 2011, pareció un desafío lanzado al poder central: el hombre era uno de los principales apoyos de la candidatura de la hermana del presidente Calderón, Luisa María Calderón, al cargo de gobernadora del estado. En las regiones que considera estratégicas, la mafia influye también en las elecciones de los gobernadores.

Ninguna institución escapa a esta voluntad hegemónica. Ni siquiera la Iglesia. En julio de 2007, Ricardo Junious, un sacerdote estadounidense de 70 años, pagó con su vida la campaña que impulsaba en los barrios populares de la capital contra la prostitución infantil y la venta de drogas a menores. El arzobispo de Durango, quien había declarado que “todo el mundo, salvo las autoridades” sabía dónde se escondía el jefe del cartel de Sinaloa, debió retractar sus dichos, precisando a la prensa que en adelante sería “sordo y mudo” (2). Entre el temor y la resignación, el país está cansado de contar a sus muertos: 55.671 desde 2006, según el diario La Jornada; 65.000, según el semanario Zeta; aproximadamente 47.500, según la PGR. La credibilidad del gobierno se desmorona.

Cuando, en noviembre de 2011, falleció el ministro del Interior Francisco Blake Mora, víctima según las autoridades de un accidente de helicóptero, la mayoría de los analistas y comentaristas mencionaron inmediatamente la hipótesis de un atentado. La preocupación crece cuando la población se entera de que las agencias antidrogas estadounidenses –en particular, la Drug Enforcement Agency (DEA)– actúan en el territorio nacional con el aval del gobierno mexicano, y cuando influyentes personalidades como Jorge Castañeda o Héctor Aguilar Camín mencionan la necesidad de una intervención directa de Estados Unidos en el conflicto, a través de un “Plan Colombia” versión mexicana (3). La guerra contra el narcotráfico reduce de manera evidente el margen de maniobra de México frente al gran vecino del norte.

Desde el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012, la mayoría de los medios de comunicación y los comentaristas autorizados imputaron la responsabilidad de este drama nacional al entonces presidente Calderón. Los más indulgentes (¿o los más condescendientes?) afirmaban que se lanzó en esta guerra de manera irreflexiva, sin haber medido el alcance del problema. Otros, basándose en testimonios de ex funcionarios cómplices del tráfico de drogas en la época en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaba el país (1928-2000), sugerían que la “cruzada” de Calderón consolidó el dominio del cartel de Sinaloa –del que sería cómplice– sobre sus rivales, en particular, el cartel del Golfo, Los Zetas y el cartel de Juárez (4).

Finalmente, la izquierda en su conjunto afirmaba que la militarización del país constituye una amenaza para los derechos humanos y la joven democracia mexicana. Se impone una breve mirada retrospectiva para comprender por qué la violencia criminal estalló repentinamente, en medio de la transición política que vio el fin del (muy largo) reinado del PRI con la victoria en 2000 de Vicente Fox, surgido al igual que Calderón del Partido Acción Nacional (PAN). Hasta entonces, las grandes organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas –como los carteles del Golfo, Guadalajara, Juárez y Tijuana– operaban a su antojo sin afectar demasiado la vida cotidiana del país.

Gozando de la protección ofrecida por el Estado a su más alto nivel, los cargamentos de droga llegaban sin dificultades a la frontera estadounidense. Viejos Boeing y Caravelle despegaban de Colombia cargados con decenas de toneladas de cocaína y, aunque eran detectados por los radares instalados en América Central por la DEA, ingresaban en el espacio aéreo mexicano, y aterrizaban no lejos de la frontera. Balsas y lanchas rápidas descargaban discretamente los cargamentos en las costas de Yucatán, Veracruz, Sinaloa o Baja California. A fines de los años 1990, las investigaciones realizadas por la PGR, las principales agencias antidrogas estadounidenses y la jueza suiza Carla del Ponte revelaron el increíble alcance de la protección de la que gozaba el crimen organizado durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Los gobernadores de Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Sonora, todos miembros del PRI, fueron sospechados o imputados, al igual que varios directores de la policía judicial, generales miembros del Estado Mayor del Ejército, comandantes de regiones militares, así como ministros. Algunos narcos afirmaban que los secretarios privados de los dos anteúltimos presidentes –así como el hermano del presidente Salinas de Gortari, Raúl– formaban parte de estas redes. Un documento de la inteligencia militar mexicana que data de 1995 confirma estas acusaciones (5). A cambio de esta protección generosamente remunerada, el Estado imponía a los mafiosos no atacar a sus rivales y respetar sus territorios.

El PRI, el partido-Estado, controlaba entonces suficientemente los engranajes de la administración y de la fuerza pública para imponer semejante acuerdo, y para hacerlo aplicar desde el gobierno central hasta las comunas, pasando por los gobiernos regionales. Pero todo cambió con la victoria de Fox. Tras la derrota del PRI, la mayoría de los altos funcionarios cómplices del crimen organizado fueron reemplazados. Al igual que las de 1997, las elecciones regionales y locales de 2000 llevaron al poder a gobernadores y alcaldes que ya no pertenecían al PRI.

Por primera vez en veinte años, los narcos se encontraban frente a una multitud de interlocutores políticos que, por diversas razones, ya no se sentían obligados por los acuerdos anteriores. Esperando restablecer nuevos circuitos de corrupción en las altas esferas del Estado, debían rediseñar rápidamente otras rutas de “tráfico hormiga”, para transportar la droga. Para controlar estas vías, no existía otro recurso, en el corto plazo, que corromper a los alcaldes y policías municipales que controlaban los puntos estratégicos de los nuevos itinerarios, de la frontera de Guatemala a la del norte. Las reglas de juego cambiaron: los carteles se enfrentaron para adueñarse de nuevos bastiones. México descubrió lo que se denomina la “guerra por las plazas”.

La primera gran batalla de este nuevo conflicto se libró en Nuevo Laredo, en 2003, en la frontera entre Tamaulipas y Texas. Durante semanas, los pistoleros del cartel del Golfo se enfrentaron con los sicarios del cartel de Sinaloa; cada bando contaba con el apoyo de un sector de la fuerza pública. Según Edgardo Buscaglia, especialista en crimen organizado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2008, el 60% de las comunas del país fueron “capturadas o feudalizadas” por el narcotráfico (6).

La aparición de una nueva organización acabó de tornar la situación ingobernable. Tras la detención en 2003 del último jefe indiscutido del cartel del Golfo, Los Zetas, su brazo armado, se emanciparon de su tutela. Dirigidos por ex miembros de las fuerzas especiales del ejército, adoptaron “una estrategia más mafiosa que narcotraficante”, nos explica Luis Astorga, uno de los mejores especialistas en el tema. Al tener dificultades para instalarse en el comercio de la droga, se lanzaron a otras actividades (extorsión, secuestros, tráfico de inmigrantes y prostitución, juegos clandestinos, contrabando, falsificación…).

Su objetivo era simple: extender su influencia al conjunto del país para maximizar su volumen de negocios. Para ello, no dudaron en atacar las plazas fuertes de los carteles tradicionales, aliándose a veces a mafias locales del mismo tipo que entrenaban y asesoraban, como la Familia Michoacana, en el oeste del país, en los márgenes de los feudos del cartel de Sinaloa. Tras la guerra por las “plazas”, comienza la batalla por los “territorios”.

Militarización de la sociedad

La generalización de la violencia no es pues directamente imputable a la decisión del presidente Calderón, tomada en 2006, de lanzar masivamente al ejército, la armada y la policía federal a la represión del crimen organizado. Es consecuencia de una reestructuración que se volvió inevitable por la alternancia política, y del surgimiento de una nueva forma de criminalidad. En cambio, la responsabilidad del actual presidente es evidente en otros puntos. Su gobierno optó por una estrategia errónea. A pesar de los golpes a los estados mayores de las mafias, la “guerra” no redujo el tráfico propiamente dicho: los veintidós jefes narcos detenidos o abatidos durante el sexenio de Calderón –de treinta y siete identificados por las autoridades– fueron inmediatamente reemplazados. En lo sustancial, nada cambió: en 2011, según el Departamento de Estado estadounidense, el 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos seguía pasando por México.

Por otra parte, el gobierno no combatió la corrupción. Ahora bien, allí reside el problema de fondo. Las confidencias de Ismael “El Mayo” Zambada al director del semanario Proceso lo confirman. A la pregunta “¿Por qué la guerra contra el narcotráfico está perdida?”, el más antiguo de los cabecillas de Sinaloa, sarcástico, respondía al periodista, el 3 de abril de 2010: “El narcotráfico está arraigado en la sociedad, al igual que la corrupción”.

El gobierno se defiende de esta acusación de manera poco convincente, recordando que en 2010, 1.500 funcionarios y 500 empresarios fueron sancionados por casos de corrupción. La PGR precisa que el 28% de sus efectivos fueron despedidos en los dos últimos años. Pero nada se hizo para convencer a la opinión pública, la clase política y el mundo de los negocios de la voluntad gubernamental de atacar las raíces del mal. La lucha contra el lavado de dinero no dio mayores resultados, aunque se hayan adoptado nuevas reglamentaciones fiscales y bancarias para combatirlo.

El Banco de México publicó recientemente cifras preocupantes: durante el sexenio de Calderón, el sistema bancario nacional identificó más de 31.000 millones de dólares de origen ilícito, es decir, un 106% más que bajo la presidencia de Fox (2000-2006) (7). “El dinero sucio se invierte sobre todo en los estados del Norte, donde aparecen empresas prósperas en los sectores de la construcción, inmobiliario y hotelero. Sería fácil investigar sus ingresos”, nos explica el economista Rogelio Ramírez de la O. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recuerda, por su parte, que la evaluación de las sumas blanqueadas cada año en México aún oscila entre 15.000 y 50.000 millones de dólares, es decir, entre el 3% y el 8% del PIB.

Pero es en el terreno de los derechos humanos que el balance gubernamental es juzgado más severamente. Las fuerzas armadas y la policía federal implicadas en la represión resultan culpables de múltiples excesos. Varios civiles fueron asesinados por militares por no detenerse a tiempo en los cordones del ejército.

Bravache, un oficial superior destinado a la dirección de la policía de Torreón, declaró a la prensa: “Si agarro a un zeta, lo mato. ¿Para qué interrogarlo? El ejército tiene su servicio de inteligencia, no necesita información adicional” (8). Una denuncia presentada por el abogado Netzai Sandoval y 28.000 ciudadanos mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya pone en evidencia más de doscientos casos de torturas por parte de las fuerzas armadas. La mayoría de los prisioneros no son presentados al Ministerio Público tras su detención, tal como lo exige la ley, y son interrogados en los cuarteles durante varios días.

El Ministerio de Defensa poco ha hecho para poner fin a la impunidad de la que gozan sus soldados. De 2006 a 2011, sólo veintinueve fueron condenados, mientras que la fiscalía militar instruyó 3.671 casos de violaciones graves a los derechos humanos. En resumen: el Estado da la impresión de no controlar más a su ejército ni a su policía.

O lo que es peor, de querer militarizar la sociedad. Muchos mexicanos se sublevan contra estas prácticas propias de una dictadura bananera de los años 70, que afectan además la imagen del ejército, una de las pocas instituciones hasta ahora respetadas por la mayoría de la población. A lo largo de 2011, el poeta Javier Sicilia, padre de un adolescente asesinado por los sicarios de Cuernavaca, logró reunir a un sector de la izquierda bajo el lema “¡No más sangre!”. Apoyado por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales, denunció el mal funcionamiento de los sistemas represivo y judicial.

Esta campaña, aunque no haya sido masiva, despertó mayor preocupación en una opinión pública desconfiada, desencantada y cínica. Terminó desacreditando a la Presidencia de la República, única institución capaz de consolidar el frágil proceso de democratización de México. La ofensiva de Calderón se volvió pues contra el orden institucional que pretendía defender. El narcotráfico demostró estos últimos años que con o sin la complicidad activa del poder era capaz de poner en jaque al Estado y controlar una parte importante del territorio. Esta demostración tendrá sin duda consecuencias políticas. La sociedad parece haber adherido a la idea del regreso del PRI al poder: sólo éste sería capaz, dicen, de negociar con el narcotráfico y recuperar la paz… Con el triunfo de Enrique Peña Nieto en las presidenciales de 2012, los carteles obtuvieron su primera victoria sobre la democracia mexicana.

Notas

  1. Según el Departamento de Estado estadounidense, en 2011, el 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos pasaba por México. Según la misma fuente, entre 18 y 20 toneladas de heroína y 16.000 toneladas de marihuana (cifras de 2009) también transitan por el país. No existen cifras serias sobre las metanfetaminas.
  2. Patrice Gouy, “Des catholiques mexicains se mobilisent contre la guerre de la drogue”, La Croix, París, 24-7-12.
  3. Hernando Calvo Ospina, “En las fronteras del Plan Colombia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2005.
  4. Véase el testimonio del ex general Acosta Chaparro, condenado por colusión con el cartel de Juárez y luego liberado por la justicia militar, en Anabel Hernández, Los Señores del Narco, Grijalbo, México DF, 2011.
  5. Véase La Guerre perdue contre la drogue, La Découverte, París, 2001.
  6. “El narco ha feudalizado 60% de los municipios, alerta ONU”, La Jornada, México DF, 26-6-08.
  7. Víctor Cardoso, “BdeM: en 2 sexenios panistas el crimen lavó más de 46,5 mil mdd”, La Jornada, 29-11-11.
  8. “Si agarro a un zeta, lo mato. ¿Para qué interrogarlo?”, La Jornada, 13-3-11.

El Diplo


¿Por qué el narco recluta a miles de menores?

Alberto Nájar – BBC Mundo

La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde hace casi una década ha causado un serio problema, del que poco se conoce su magnitud: el reclutamiento forzado o voluntario de miles de adolescentes y niños para trabajar en las redes de tráfico de drogas.  Algunos casos han llamado la atención de los medios locales, como el de un adolescente recientemente liberado a quien se conoce como El Ponchis.

El joven fue enviado a su país de origen, Estados Unidos, para seguir una rehabilitación especial. Pero como él existen muchos más que no pueden tener esta oportunidad, señalan organizaciones civiles. De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano actualmente unos 75.000 menores de edad están integrados a grupos de delincuencia organizada, y participan abiertamente en sus actividades. Un fenómeno que también se vivió en los años 90 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado contra el crimen organizado.

La mayoría, unos 24.000, se integraron al Cartel de Sinaloa y enseguida se encuentran los que participan con Los Zetas que suman 17.000. Otros 7.500 se ubican en las filas de La Familia Michoacana y el resto se distribuyen en otros carteles, según ha documentado esta asociación. “Hay un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, chicos de 13, 14 o 15 años que trabajan como halcones (vigilantes), como sicarios, en el empaquetado de la droga, secuestro de personas o la vigilancia de las casas de seguridad”, le dice a BBC Mundo Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano.

Los menores se encuentran en la primera línea de violencia, pues incluso participan en combates entre carteles. Organizaciones civiles han documentado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el último día de octubre pasado unos 1,873 adolescentes fueron asesinados. Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), las agresiones son la primera causa de muerte entre los varones de entre 15 y 29 años de edad.

Para reducir el problema el gobierno mexicano emprendió un programa especial de prevención del delito, con énfasis en el rescate de espacios públicos tomados por la delincuencia, según Roberto Campa, subsecretario de Gobernación.

Razones

Hay un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, chicos de 13, 14 o 15 años que trabajan como halcones (vigilantes), como sicarios.Las razones por las que tantos menores se encuentran en la delincuencia organizada son diversas, añade Cruz Santiago.

Muchos fueron víctimas de secuestros masivos; en otros casos sus familias recibieron amenazas para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo. También hay casos, los menos, en que los adolescentes desean unirse a las bandas. Pero el común denominador es que son víctimas o victimarios que padecen la ausencia del Estado, cuya obligación es protegerles.

Así, padecen una vulnerabilidad extrema, incluso cuando pretenden cambiar de vida señala el director de Cauce Ciudadano. “Los chicos pueden abonar a cambiar sus formas de actuar en las comunidades, ser menos violentos aún cuando sigan siendo criminales”, explica.

“Es algo muy fuerte porque la gente quiere que se salga de la criminalidad. Nosotros decimos: dale empleo para que lo haga porque pedirle a los chavos (adolescentes) que se salgan cuando hoy la criminalidad les permite comer es cuando corren más riesgo”.

Vacío legal

¿Por qué los carteles reclutan a menores de edad? Según especialistas pretenden aprovechar que en México antes de los 14 años las personas no son legalmente responsables de sus delitos, y después de esa edad hasta los 18 años reciben sentencias mínimas.

También es una forma de recuperar las tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo porque el sector más abundante de la población mexicana es joven.

El problema es muy serio, afirma el diputado Ricardo Mejía Berdeja. “Se trata de un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades”, insiste.

Más allá de la polémica, el reclutamiento de menores por parte de los carteles revela el vacío legal que existe en el país para abordar el problema, señalan asociaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia.

Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó una enmienda legal para garantizar la protección del gobierno a niños y adolescentes que son víctimas de la delincuencia, pero la iniciativa se quedó en la antesala del Senado que no ha analizado aún el tema. La ausencia de un adecuado marco legal es grave, coinciden especialistas, pues hace más difícil resolver el problema de estos menores.

Uno de los temas fundamentales es su reinserción social que debe efectuarse con varias estrategias a la vez: asegurar su participación en los planes oficiales dirigidos a ellos, ofrecer alternativas de desarrollo y empleo y garantizar su protección, señala Cauce Ciudadano. Una ruta complicada, especialmente en el caso de los menores que han recibido entrenamiento paramilitar, insiste Cruz Santiago. “Esto es un desastre, se comieron al país y nadie se dio cuenta”, concluye.


“Las autodefensas le abrimos los ojos a México en el combate al narcotráfico”

Ernesto Martínez Elorriaga – La Jornada

Al cumplirse el 24 de febrero de 2017cuatro años del surgimiento de los grupos de autodefensa en la cabecera municipal de Tepalcatepec y de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, el ex líder de esa zona de Tierra Caliente, Hipólito Mora, afirmó que la mayor aportación del movimiento ciudadano fue que le abrimos los ojos a Méxicoen el combate a la delincuencia organizada.

Aunque no tienen dinero para organizar una celebración, indicó que le pedirán al cura del pueblo que oficie una misa en recuerdo de las personas que quedaron con lesiones de por vida o que murieron en la lucha. No sé cuántos murieron de esta comunidad, seguramente más de 50, mencionó.

Agregó que tenía dudas en torno a si organizaban o no un festejo sencillo. Seguramente en Tepalcatepec harán alguna celebración, aunque la gente se siente molesta, eso me han comentado, porque el doctor José Manuel Mireles (otro ex líder de los autodefensas) sigue preso.

El 24 de febrero de 2013, unas 200 personas de La Ruana y otro tanto de Tepalcatepec salieron a las calles con playeras blancas con el logo de Autodefensas, para anunciar que se levantaban en armas para combatir al cártel de Los caballeros templarios, que secuestraba y mataba a los agricultores, cobraban piso y cometía abusos contra las mujeres.

Por eso, recordó, recurrieron a las escopetas y pistolas viejas. Después de varias semanas de haber tomado las armas y al sentir la respuesta de los delincuentes, vendieron ganado y huertas para comprar algunos rifles R-15 y AK-47.

Hipólito Mora señaló que el mayor problema fue que el crimen organizado se filtró entre los grupos de autodefensa, incluso fue la causa de que el movimiento se suspendiera. Actualmente hay 364 civiles presos y decenas de delincuentes libres, que ahora se disputan las plazas del narco.

Los grupos de civiles armados recuperaron 30 poblaciones importantes de las regiones de Tierra Caliente, Costa y Sierra; la mayoría de ellas se mantienen relativamente tranquilas, aunque hay amenaza constante del retorno de la delincuencia, ya que grupos delictivos encabezados por los hermanos Sierra Santana, Luis Antonio Torres, El Americano, El Cenizo y El Gallito, entre otros, se disputan las plazas que dejaron los capos abatidos o arrestados.

La Jornada


Decían combatir al narco pero crearon el cártel “H3”

Juliana Fregoso Infobae

La organización surgió hace dos años y está integrada por civiles de grupos de autodefensa y ex integrantes de cárteles rivales. Las autoridades los dieron por desintegrados, pero regresaron con crímenes atroces en Michoacán. La historia de “Los H3” o la “Tercera Hermandad” un cártel local que opera en el conflictivo estado de Michoacán (Occidente) puede adaptarse al clásico ciclo en el que algo nace, crece, se reproduce y muere, sólo que este grupo criminal altera la ecuación porque ahora resurge.

Desde sus primeras apariciones en público, en el año 2014, su presencia ha sido difusa. Su nombre está en informes de seguridad nacional, en reportes periodísticos, pero las autoridades locales niegan cualquier información que amplíe los datos que hasta ahora se tienen de esta organización.

Sus integrantes hacen que llame la atención porque está conformada por antiguos sicarios de cárteles rivales, y ciudadanos que en el pasado pertenecieron a grupos civiles armados que combatían al narco.

Hay elementos de los llamados grupos de autodefensa que surgieron en pueblos de Michoacán para expulsar al narco. También forman parte del cártel quienes fueran miembros de Los Caballeros Templarios -el grupo delincuencial al que combatieron los autodefensas- y por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que a su vez disputaba el estado a los templarios.

“Ahí están muchos que se hicieron pasar por autodefensas, pero lo que eran y siguen siendo son células de puro delincuente que debieron detenerlos desde el momento en que el gobierno tuvo la información de quiénes eran. Los dejaron crecer, organizarse muy bien y empezaron a tomar el control de algunos municipios y hacer lo que quisieron”, dijo Hipólito Mora, quien en 2013 fundara los grupos de autodefensa en La Ruana, una localidad de Michoacán, azotada hace cuatro años por el cártel de Los Templarios.

En su informe especial sobre grupos de autodefensa, elaborado en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya advertía sobre “los cuestionamientos que derivan de la constante incertidumbre sobre cuáles de los grupos de autodefensa eran ‘legítimos o ilegítimos’, así como por el ingreso de personas que pertenecían a la ‘delincuencia organizada’ y se unieron a los grupos de autodefensa y por el surgimiento de un nuevo grupo delictivo que llegaría a ocupar las actividades ilícitas que realizaban los caballeros templarios, conocido como el H3. Estas cuestiones requieren ser investigadas por las autoridades competentes”.

Desde 2014, Los H3 intentaron convertirse en el cartel dominante en Michoacán, una entidad importante por ser el principal productor de aguacate a nivel mundial, uno de los principales productores de limón y un punto de embarque privilegiado para el envío de mercancías a Asia.

Gracias a testimonios de distintos pobladores de Michoacán ha sido posible concluir que al frente del grupo estarían Ignacio Rentería, “El Cenizo”, presunto sucesor del ex líder templario, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, actualmente preso; Miguel Ángel Gallegos, “El Migueladas, ligado al CJNG, Luis Antonio Torres, “El Americano” un inmigrante que tras regresar de Estados Unidos se había unido a los autodefensas; y Pablo Toscano “El 500”, otro ex templario.

Entre noviembre y diciembre de 2016, las autoridades federales hicieron públicas las capturas de Édgar Cabadas Torres “El Kamoni”, mientras que fuerzas federales detuvieron en diciembre a Ramón Contreras Orozco “La Mami”, dos de los principales jefes de plaza de la organización, sin embargo, cuando se pide a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado información sobre Los H3, remite a la Procuraduría de Justicia del Estado (Fiscalía local).

En la Procuraduría señalan que la información no está disponible, ya que la clasificación de los detenidos la tienen organizada por tipo de delitos, en este caso delincuencia organizada, no por grupo criminal al que pertenecen. Pero no todos niegan la existencia de este cártel. En breve charla telefónica con este medio, Cemei Verdía, quien fuera líder de los autodefensa del municipio de Aquila, expresó: “Se habla mucho de ellos”.

Tanto Hipólito Mora como Cemei Verdia estuvieron presos luego de ser identificados como líderes de los autodefensas. Incluso, Mora y su gente se entregaron personalmente a las autoridades, los dos fueron liberados al no poderse sostener los delitos por los que se habían librado las órdenes de aprehensión. Sin embargo, reconocen que en los grupos de autodefensa se infiltraron integrantes del crimen organizado, principalmente en Buenavista, donde habrían nacido Los H3.

En su momento, el sacerdote José Luis Barragán aseguró que la detención de Hipólito de debió más que nada a que estorbaba al grupo criminal. Cuándo se les pregunta por qué el hermetismo de la autoridad a la hora de hablar sobre el grupo criminal, Mora afirma que “de alguna forma se sienten culpables de que este grupo asesino creciera… se hizo fuerte porque alguien los estaba respaldando con armas, dinero y carros, estuvieron trabajando disfrazados de autodefensas, pero también estaban con el narco”.

Hipólito Mora y otra fuente que pidió no revelar su nombre coinciden en que en este momento “La Tercera Hermandad” entró en un proceso de desintegración en el que se “empezaron a matar entre ellos”. En octubre de 2016 se les atribuyó la tortura y asesinato de cuatro evangelizadores católicos en el municipio de La Ruana. Los jóvenes aparecieron tirados en un camino desnudos, en bolsas negras y con varios disparos.

“El tema es muy delicado, porque les gusta matar, la extorsión, el robo, la crueldad. No saben vivir de otra forma y no les da mayor remordimiento. Llegaron a matar en público a mucha gente. Algunos familiares llegaron a ver cuando les mataron al hijo, al papá, al marido. Y sí, existe completamente el riesgo de que surjan otra vez”, comentó Mora. El grupo tendría ahora el control de cinco de los 17 municipios ubicados en la zona de Tierra Caliente, famosa por sus yacimientos de cobre, uranio y hierro, así como por sus limones

Detrás de los aguacates de los narcos

En un operativo realizado hace diez días en el municipio de Uruapan, Michoacán (Occidente), autoridades de distintos niveles destruyeron más de 16.000 árboles de aguacate en un área protegida. Al menos 60 hectáreas de bosque de la comunidad de San Francisco habían sido deforestadas por el narco para plantar aguacates y disfrazar cuatro narco laboratorios. La zona, en 2013 fue víctima de una serie de invasiones de huertas y extorsiones por parte del Cártel de los Caballeros Templarios, que buscaba su rebanada por la venta y exportaciones del llamado “oro verde”.

“El año pasado fue una fiebre de que a todo mundo le daba por sembrar aguacate y en los lugares menos usuales, aún cuando la planta de aguacate requiere mucha agua. Empezaron a arrasar con terrenos fértiles y se dice que otra vez los Templarios se están posicionando por esa vía”, declaró la periodista Dalia Martínez, ganadora en 2012 del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, por su trabajo sobre la operación de la delincuencia organizada en Michoacán. Dalia afirma que es evidente que el narco se está volviendo a posicionar y el aguacate se convirtió en una de sus nuevas armas.

En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón  ordenó el despliegue a Michoacán de 4.200 elementos del Ejército, 1.000 de la Marina y 1.400 policías federales para contener la ola de violencia. Aquí empezó la llamada “guerra contra el narco” que ya cumplió una década.

En 2013, según un cálculo realizado por el diario El Economista, la extorsión a los productores de aguacate dejaba a los Templarios 2.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares), pero una vez que se logró encarcelar o abatir a los líderes del cártel las exportaciones rompieron récord en los años 2015 y 2016. Datos del Ministerio de Economía señalan que en 2016 México exportó aguacates por un valor de 1.400 millones de dólares y al año siguiente superaron los 2.000 millones.

Pero el narco regresó a pedir su tajada por extorsión. Martínez aseguró que ante el regreso del narco a las zonas de producción aguacatera surgió en el municipio de Tancítaro un grupo civil armado que instaló 20 barricadas para defender sus huertas de una nueva invasión de los Templarios. “El municipio es como una isla, donde hay Policía Comunitaria –integrada por civiles y que opera con el aval de las autoridades-, municipal y una pagada por los empresarios aguacateros”.


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