Organismos de DDHH denuncian ante la CIDH al Estado argentino por no liberar a la diputada del Parlasur Milagro Sala

Milagro Sala: se denunció ante la CIDH la falta de cumplimiento del Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en referencia al caso Milagro Sala y el 11 de agosto venció el plazo que dio para que se efectivizaran. El CELS, Amnistía Internacional y ANDHES denunciaron ante la CIDH el incumplimiento del Estado argentino.

Las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el incumplimiento del Estado argentino de las medidas cautelares dictadas por ese organismo internacional en referencia al caso Milagro Sala.

La CIDH había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel y solicitado al Estado argentino que garantice la vida e integridad personal de Sala con medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario o bien, que pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.

El plazo que dio la CIDH para que se efectivicen esas medidas venció el 11 de agosto. Así, tras 14 días desde entonces, y a más de 580 días de privación de la libertad, Milagro Sala permanece detenida en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como “Penal del Alto Comedero”.

Sobre la prisión domiciliaria y las condiciones de detención

Al reglamentar el arresto domiciliario, los jueces intervinientes dispusieron como lugar de detención de Sala una propiedad ubicada a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy; que fue completamente saqueada, que carecía de de agua corriente, de luz eléctrica y no contaba con ventanas ni sanitarios.

Asimismo, la decisión judicial impone restricciones que vulneran los derechos de Sala: limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla, el tiempo en que podrían hacerlo; encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley.

En este contexto, cabe destacar las manifestaciones de Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH quien dijo: “Pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una a otra prisión”.

Medidas dilatorias

Toda acción, estrategia dilatoria u obstáculo que impida hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria compromete la responsabilidad del Estado Argentino en su conjunto.

En virtud de la gravedad, urgencia y la afectación grave e irreparable documentada por la CIDH que dieron origen al dictado de las medidas cautelares, es preciso que el Estado adopte medidas concretas y efectivas para disponer de inmediato las condiciones de detención indicadas en la resolución de la CIDH de julio de 2017.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Amnistía Internacional

Centro de Estudios Legales y Sociales

CELS


Una casa que fue puesta en condiciones

La casa de El Carmen quedó en condiciones de ser habitada. Gracias al enorme empeño de integrantes de la organización Tupac Amaru desempleados desde diciembre de 2015 y a la campaña de solidaridad impulsada por el Comité por la Libertad de Milagro, el inmueble donde debe ser trasladada Milagro Sala ya tiene luz, gas, agua y ventanas. Sus defensores presentaron ayer mismo dos escritos ante los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos para exigir sin más demoras el inmediato traslado ordenado al estado argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fiscal a cargo de las causas que la tienen aún en lo que a ella se le trasformó en el infierno del Alto Comedero presentó una apelación para impedirlo, un nuevo planteo que, de todas formas, no tiene efectos suspensivos sobre la resolución de los jueces que efectivamente deben cumplir.

“Hicimos la presentación ante los dos juzgados para decirles que la casa se encuentra en condiciones de habitabilidad, que fue refaccionada por la defensa y estamos pidiendo que la trasladen inmediatamente dando cumplimiento a las obligaciones internacionales”, explica a Página12 Marcos Aldazabal, del equipo de defensores de Milagro.

–¿Qué debería pasar ahora?
–Primero hay que decir que todo se da en el marco de una situación totalmente irregular por cómo están resolviendo el planteo de la CIDH, pero los jueces ahora deberían disponer una nueva inspección de la casa para confirmar si están dadas las condiciones. Lo que nosotros expresamos en los escritos presentados en el día de hoy (por ayer a la mañana) es que se disponga el traslado porque el lugar ya está en condiciones, pero sobre todo porque ya se cumplieron los plazos otorgados por la Comisión, y dos semanas desde la primera resolución de los jueces. Mientras tanto, Milagro sigue en el penal, sigue con riesgo de vida, sigue con peligro su integridad física. Nosotros no estamos pidiendo ni siquiera la inspección, lo que pedimos es que la trasladen inmediatamente. No queremos que se alargue más este trámite y queremos que se regularice la situación.

En estas condiciones, espera Milagro. Como explicaron la semana pasada los abogados en conferencia de prensa, la prioridad ahora es el traslado. Una vez que se produzca van a discutir el resto de las restricciones y condiciones que impusieron los jueces para la mudanza. Esas condiciones incluyen la derivación a un inmueble que no es el lugar de residencia de Milagro, pero también el establecimiento de un cerco militarizado de custodia integrado por la Gendarmería Nacional, Policía de la provincia de Jujuy y control de funcionarios del Patronato de Liberados. Además, impusieron una enorme cantidad de restricciones para la vida cotidiana que reproducen la lógica del sistema carcelario. Horarios de visita de 7 a 19, sólo los días martes, jueves y sábado con un límite máximo de 20 personas por día que deberán dejar accesorios y aparatos telefónicos en la puerta.

Ni el control de seguridad ni las restricciones forman parte del régimen legal de las domiciliarias. Una condición que la inventiva extraordinaria de los funcionarios de Jujuy también discuten, dado que Pullén Llermanos, el más duro de los jueces, ni siquiera habla de prisión domiciliaria sino de cambio de régimen carcelario, dato que está a contrapelo de la resolución de la CIDH, pero además discute en términos fácticos lo que va a ocurrir en realidad: el traslado a una casa.

Página|12


Sala estará monitoreada con tobillera electrónica

Gustavo Martin Aguirre, del Patronato de Liberados, explicó que es factible la implementación de la pulsera electrónica en el domicilio que la Justicia designó para alojar a Sala.

Actualmente, la implementación de tobilleras y pulseras se utiliza para controlar a personas que deban cumplir prisión domiciliaria, restricción de acercamiento al hogar, libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias.

En el caso de Sala, indicó, este sistema de monitoreo estará colocado en su tobilló las 24 hs del día, inclusive cuando se bañe o nade en la pileta, y permitirá conocer todos sus movimientos.

Mientras la imputada lleve puesta la puesta la tobillera deberá permanecer dentro de un determinado radio bien delimitado y en caso de transgredirlo, se enviará una alerta que pondrá en movimiento a las fuerzas de seguridad a cargo de la custodia, o sea gendarmería.

Dado el tamaño de la casa no se descarta la utilización de dos dispositivos en lugar de uno.

Vale aclarar que en caso de que la tobillera se dañe, sea extraída sin permiso o cualquier desperfecto, el sistema detecta rápidamente cualquier anomalía ya funciona solo si está en contacto con la piel.

Consultado sobre el reciente caso de la mujer que, teniendo prisión domiciliaria y tobillera electrónica, se fugó y aun está siendo buscada por la policía, Aguirre remarcó que el sistema de monitoreo no falló pero sí lo hizo la prisión domiciliaria y todo el protocolo.

Jujuy Al Momento