Avasallamiento a Mapuches para explotar el petróleo de sus territorios patagónicos

Avasallamiento a Mapuches para explotar el petróleo de sus territorios patagónicos

Darío Aranda. Página12, Tierra arrasada, nacionmapuche.com 

Gendarmería Nacional irrumpió en territorio mapuche de Neuquén junto a la petrolera YPF para avanzar con la cuestionada técnica del fracking. A pesar de la legislación que favorece las demandas indígenas, cien efectivos allanaron el camino para intentar realizar nuevos pozos en la zona de Loma Campana (Vaca Muerta). La Confederación Mapuche de Neuquén denunció la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”. Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia donde destacó su “máximo preocupación” por lo sucedido en Vaca Muerta.

El lof (comunidad) Campo Maripe vive cerca de Añelo desde 1927, confirmado por estudios históricos y antropológicos de la Universidad Nacional del Comahue. Su territorio, siempre despreciado por empresas y funcionarios, comenzó a ser codiciado cuando se decidió explotar la formación petrolera Vaca Muerta.

Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, artículo 75 de la Constitución Nacional, entre otros). Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio). Nunca se cumplió ese derecho y el lof Campo Maripe cerró el paso a nuevos pozos de fracking (técnica muy cuestionada por sus consecuencias en el ambiente y salud). Desde hace 15 meses que YPF-Chevron no pueden perforar en ese territorio mapuche.

El miércoles 21, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad, cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof fueron amenazados y  fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Acusaron a Gendarmería e YPF de actuar ilegalmente y señalaron como “generadores y responsables” del conflicto al gobierno nacional y al gobernador, Omar Gutiérrez. Los efectivos y operarios de la petrolera se retiraron por la tarde, pero avisaron que volverían para montar torres y realizar un nuevo pozo de fracking.

El jueves 22 a la mañana, las comunidades mapuches marcharon hasta la sede de Gendarmería en el centro de Neuquén. Repudiaron el accionar de los efectivos y las mujeres de la comunidad se encadenaron al portón de entrada. Las autoridades de la fuerza reconocieron que no contaban con orden judicial.

“Por orden de la ministra Bullrich, Gendarmería ha militarizado la comunidad Campo Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan de basura de la contaminación petrolera”, denunció la Confederación Mapuche. Apuntaron también al Poder Judicial, por no hacer cumplir los derechos indígenas: “La Justicia deja todo para que el más fuerte imponga sus condiciones”.

“Más allá de la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que llegó el fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay seguridad sobre nuestras tierras y aplicación de derecho a la consulta, no los dejaremos en paz”, advirtió la Confederación Mapuche.

La versión de YPF y los gobiernos nacional y provincial fue mutando en el tiempo. Primero dijeron que no había comunidad mapuches y que eran tierras fiscales. Luego reconocían que existían pero los acusaron de “violentos” y que detenían “el progreso”.

Amnistía Internacional emitió un comunicado de urgencia. Cuestionó el accionar de Gendarmería y remitió un pedido de acceso a la información pública a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, para que informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmería y los fundamentos jurídicos de los mismos.

El 18 de junio, Amnistía Internacional visitó el territorio y recibió denuncias por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de efectivos en sus tierras, incluso en horas de la noche, “que funcionarían como estrategia de desgaste y persecución para silenciar sus reivindicaciones históricas y así poder avanzar con la explotación petrolera”. La organización de derechos humanos manifestó su “máxima preocupación” y llamó a que las autoridades de gobierno “avancen en el reconocimiento territorial de las comunidades”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en su informe de gestión de agosto de 2016, acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales, los responsabilizó de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba) y apuntó contra el lof Cushamen (Chubut) y contra las comunidades mapuches en Vaca Muerta.

Petróleo hasta el fin

El Estado moderno argentino se forma sobre un genocidio literal de los pueblos indígenas, que sufrieron en campos de concentración, robo de bebés, torturas y desapariciones, y a la dirigencia le cuesta mucho reconocerlo. Ahora los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada: hablando de derecho, el Estado en sus distintas instancias debe consultar y obtener el consentimiento libre, previo y formado sobre lo que afecta a los pueblos indígenas.

Una petrolera no puede entrar hoy a un territorio y avasallar derechos, tiene que realizar un protocolo de consultas que puede llevar años, pero en Argentina nunca se aplicó el derecho a la consulta. O sea que las petroleras ingresan y no respetan los derechos de los pueblos.indicó.

Hay hechos históricos que explican la explotación que hace estragos en extensos territorios: en primer lugar el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1907; luego el desguace durante el menemismo y finalmente la extensión de los contratos con las petrolíferas más importantes en 2006. Desde hace 15 años se experimenta un corrimiento de la frontera petrolera, sobre todo en Salta y Formosa, dijo en una actividad que afecta a 16 comunidades mapuches en diversas cuencas.

Como los recursos se están agotando en todo el mundo, las petroleras recurren a la técnica experimental de fractura hidráulica, más conocida como fracking: perforan la roca madre que contiene el hidrocarburo verticalmente y luego horizontalmente, con agua y químicos a presión. Según las empresas, Vaca Muerta está entre las tres primeras formaciones de petróleo e hidrocarburos no convencionales. Lo que por lo general no se dice de esta técnica es que genera contaminación del agua subterránea, del agua y la tierra superficial, ni acerca del sobreconsumo y agotamiento de fuentes de agua que produce.

Estas industrias muchas veces requieren legislaciones a medida, que sí se respetan a rajatabla, como el Decreto 929/2013 de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, un traje a la medida de Chevron que omite el derecho ambiental y da plazo a la explotación hasta 45 años, eso en la jerga petrolera es hasta agotar recursos. En Neuquén hubo una enorme movilización para evitar que se apruebe el acuerdo entre Chevron e YPF, y la respuesta del gobierno fue represión con balas de goma. Finalmente Chevron se instalaba en Vaca Muerta, empresa condenada por Ecuador, en 2011, a pagar 9 mil millones de dólares por contaminación. Algunos periodistas me decían que el fracking no va a contaminar y yo les respondía que ya estaba contaminando. Hace dos años explotó un pozo de YPF en Vaca Muerta, ¿en cuántos medios vieron esta noticia publicada?

La soja va por todo

El cultivo de la soja en Argentina alcanza actualmente los 22 millones de hectáreas, es decir el 65% de la tierra cultivada, y siete grandes empresas manejan el 85% de la exportación. Cuando fue el conflicto por la 125 –en 2008– se armaron dos grandes bloques, gobierno y Mesa de Enlace, y hubo un sector que pasó muy desapercibido: los grandes ganadores del modelo. El congreso de Aapresid, conformado por empresarios del agronegocio, dijo que quieren avanzar sobre cuatro millones de hectáreas en los próximos años. Las consideran hectáreas improductivas pero son muy productivas, hoy están en manos de campesinos, indígenas y agricultores familiares.

Entre 1988 y 2002 desaparecieron el 24% de las explotaciones agropecuarias, dándose mayor concentración de tierras en pocas manos. Con este modelo agropecuario hubo 200 mil familias expulsadas del campo y, según datos oficiales, se desmontaron 32 canchas de fútbol por hora en nuestro país. Bajo este modelo también se usaron 190 millones de litros de glifosato. Impulsar en un 60% la producción granaria mediante el Plan Estratégico Alimentario, implicó avanzar sobre nuevos territorios, entre ellos los indígenas

Las luchas ganadas

“Cuando hablamos de extractivismo nos llaman ambientalistas de manera despectiva. Y nos referimos a política, a economía y fundamentalmente a derechos humanos. Sólo en Neuquén hay 350 mapuches judicializados, acusados de usurpadores por defender el territorio donde siempre vivieron. El modelo extractivo se aplica con represión. Y para los medios de comunicación hay represiones de primera y de segunda.

Un emblema de la resistencia de los pueblos, fue lucha del Mocase en Santiago del Estero y los fallos de recuperación de tierras en varias provincias. El no a la mina en Esquel en 2003 fue un enorme triunfo, el segundo plebiscito de América Latina y primero de Argentina que iluminó luchas en los 5 mil kilómetros de cordillera: se reprodujeron asambleas y movimientos en todo el territorio argentino a imagen y semejanza. En 1996 hubo una votación en Misiones por la represa de Corpus Christi entre Paraguay y Argentina, el 96% de la población dijo que no quería otra represa: ya tenían a Yacyretá, el monumento a la corrupción, y a todos los desalojados.

Otra lucha para remarcar es el juicio en Córdoba por las fumigaciones con agroquímicos: llevaron a la justicia a un productor y un fumigador que fueron condenados. Ahora fumigar en ciertas condiciones es delito. Y en Chilecito, en la provincia de La Rioja, echaron a cuatro mineras de su territorio”, agregó.

El actual gobierno fomenta, es una continuación y profundización del extractivismo. Pero somos muchos los que creemos que las resistencias se van a multiplicar en todo el territorio por algo muy simple que dicen los pueblos indígenas: la tierra es nuestra vida y vamos a dar la vida por defenderla.


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