Colombia: el Congreso debate la ley que pone en marcha la Jurisdicción Especial de la Paz

Elegidos los 51 magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), quienes se encargarán de tomar las decisiones en las investigaciones adelantadas a los actores del conflicto que se sometan a ella, en el Congreso de la República apenas ayer se empezó a discutir, en comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, la ley estatutaria que guiará el funcionamiento de ese nuevo tribunal. Son 161 artículos que serán estudiados por el Legislativo y cuyo debate se inició con ponencia favorable presentada por el senador Horacio Serpa, liberal, y el representante Hernán Penagos, de la U.

La JEP “tiene como punto fundamental a las víctimas del conflicto”, expresó Serpa en su intervención inicial. Sin embargo, si bien el debate avanzó con las intervenciones de ambos ponentes, no se dieron la discusión ni la votación, que quedaron previstas para hoy, después de un acuerdo entre congresistas para hacer primero un estudio sesudo del articulado presentado por el Gobierno.

De hecho, una proposición presentada por el Centro Democrático, que fue negada, contemplaba el aplazamiento de la sesión por la falta de tiempo para la lectura del texto. Pero el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expuso que el proyecto era una prioridad en la agenda legislativa y solicitó no aplazar más la discusión, aunque enfatizó: “No vamos a presionar ninguna votación”.

A su vez, Penagos puso sobre la mesa asuntos que habían preocupado al Congreso durante los debates de aprobación del acto legislativo de la JEP, como la responsabilidad de mando, el tratamiento a particulares o la extradición. No obstante, advirtió que el ánimo de la estatutaria era reglamentar y no modificar lo que ya quedó establecido. “El proyecto tiene herramientas para que en las salas y el tribunal, una vez aprobado y elevado a control constitucional, se puedan tomar decisiones. Sobre todo en temas que reclaman quienes no acompañan el proceso de paz, como las investigaciones, las sanciones y la justicia restaurativa”, explicó.

En la estatutaria de la JEP, señaló el ponente, también quedan establecidas las sanciones, que tendrán un componente punitivo y restaurativo, y se determina a quiénes aplica, como miembros de las Fuerza Pública, particulares y miembros de las Farc. De hecho, reconoció, es un punto que preocupa al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien ha pedido que haya claridad sobre la competencia de la justicia ordinaria para investigar, por ejemplo, a testaferros de las Farc o bienes que sean hallados con posterioridad a la entrega del inventario. La idea es que sea invitado a las discusiones para que exponga los reparos que también comparten algunos de los congresistas.

La iniciativa deja claro además que a esta justicia no podrán someterse, de ninguna manera, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley ni bandas criminales. Esta discusión es la última que queda en Congreso, en cuanto a justicia, en lo que la implementación del Acuerdo de Paz se trata. Una vez aprobada la ley estatutaria, debe pasar a revisión en la Corte Constitucional, que, por cierto, en la actualidad estudia el aval del acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía.

El Espectador


Los retos de los 38 magistrados que juzgarán los delitos más atroces

Más allá de las críticas que algunos ya han hecho a la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los 38 elegidos para integrarla (más 7 suplentes para el Tribunal y 6 para las salas) tienen el reto de garantizar el cumplimiento del esquema de verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes más graves cometidos durante 53 años de guerra con las Farc.

Esto incluye juzgar y sancionar a los responsables de esos delitos, entre los que hay exguerrilleros, miembros de las fuerzas del Estado y civiles que se involucraron en el conflicto armado.

El Comité de Escogencia de los magistrados quiso proteger la imparcialidad de la justicia para la paz con la elección de un grupo diverso de personas, pero esa diversidad es, a la vez, un desafío.

Por encima de sus diferencias, los seis defensores de derechos humanos, seis académicos, cuatro jueces ordinarios, dos jueces penales militares, seis diseñadores de políticas públicas, cuatro exfuncionarios de la Procuraduría, cuatro exfuncionarios de la Fiscalía, tres abogados litigantes y tres exintegrantes de cortes internacionales de derechos humanos tendrán que concertar los casos emblemáticos de la violencia que investigará la JEP.

En 53 años de conflicto hubo muchos crímenes de guerra, pero investigarlos todos podría tardar otro medio siglo. En este punto, los magistrados, presididos por la exasesora del Centro Nacional de Memoria Histórica Mirtha Patricia Linares, deben seleccionar casos que representen al universo de víctimas que hay en Colombia: de guerrilla, paramilitares, del Estado y de particulares, pues se trata de cerrar definitivamente el conflicto.

Como afirma el director de la organización Dejusticia, César Rodríguez, los magistrados “potencialmente van a conocer miles de casos. Se habla de 12.000 o 15.000 personas que podrían haber cometido delitos graves”. En lo jurídico, agrega, el reto es aplicar, al tiempo, el acuerdo de paz con las Farc en el punto de víctimas y justicia, el derecho internacional y la Constitución colombiana.

“En Colombia no se ha dado ese tipo de jurisprudencia, de tal manera que los magistrados van a tener que hacer una labor cuidadosa para determinar responsabilidades en delitos graves y para resolver asuntos difíciles como la responsabilidad de los comandantes en delitos de sus subalternos”.

Precisamente, el exdecano de jurisprudencia de la Universidad del Rosario Antonio Aljure piensa que la JEP debe tener cuidado con “el examen ante la Corte Penal Internacional”, porque estará pendiente de que las sanciones sean proporcionales a los delitos.

Por otro lado, la protección de las víctimas que acudirán a la Jurisdicción para la Paz es, para el exprocurador Jaime Bernal, otro de los desafíos de la JEP.

Al final de su trabajo, calculado en principio para 10 años, la JEP le habrá cumplido al país si, como afirma la directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, Magdalena Correa, “los guerrilleros, los militares, los particulares, el Estado y la sociedad quedan con la confianza” de que hubo sanciones, verdad y reparación.

Mujeres, mayoría en el sistema

El sistema de la justicia especial para la paz arranca con diferencias notorias frente a las cortes y los tribunales departamentales de la justicia ordinaria en Colombia: más de la mitad de los 38 magistrados titulares son mujeres.

Todos los designados por el Comité de Escogencia cumplen, como lo ordenaba la ley, las mismas condiciones que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema. Doce tienen estudios de doctorado y dos más están aspirando al mismo título; 16 tienen maestrías; 6, una especialización y dos, solo estudios de pregrado.

En la lista final se contemplaron algunos parámetros establecidos expresamente en el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, darles fuerte representación a las mujeres y a las etnias y conformar cuerpos jurídicos en los que las regiones tuvieran peso importante.

En el grupo quedaron cuatro representantes de etnias indígenas y cuatro afrocolombianos. Además, varios de sus miembros fueron golpeados por el conflicto armado.

En el Tribunal hay algunos nombres conocidos por el país. Como magistrado del Tribunal fue elegido el actual consejero de Estado Danilo Rojas, quien es considerado como un ‘puente’ entre el nuevo tribunal y las altas cortes. Allí logró cupo el exministro de Justicia Yesid Reyes, quien fue uno de los arquitectos de la justicia para la paz.

Los dos nombres fueron de los más discutidos por el Comité. Por un lado, se analizó si la condición de ser uno de los ‘padres’ del sistema podía ser un impedimento para Reyes, pero varios expertos hicieron notar casos emblemáticos como el de Manuel José Cepeda, asesor estrella de la Constituyente de 1991 y luego magistrado de la Corte Constitucional.

En el caso de Rojas, se determinó que no se estaba frente a un caso de ‘puerta giratoria’ y que, además, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación a las víctimas será un aporte. En las Salas de Justicia quedó otra persona que trabajó en el diseño de la JEP: Catalina Díaz, quien era asesora del Minjusticia.

El Tiempo