Convocan en Guatemala a paro nacional para frenar la corrupción

Grupos sociales de Guatemala convocaron a un paro nacional el miércoles para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, luego de una convulsa jornada de protestas callejeras la noche del viernes contra la corrupción.

El llamado realizado este sábado se hace después de que la policía evacuó el viernes a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban, a quienes los uniformados lanzaron gas pimienta.

Los parlamentarios permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la fiscalía y de una misión anti-corrupción de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

Una parte de la población calificó estas decisiones como un “pacto de corruptos”.

– Liberar a Guatemala –

El llamado al paro nacional es apoyado por diversas entidades campesinas e indígenas, el movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad, Justicia Ya y la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El sector privado organizado no se ha pronunciado.

“Tenemos derecho a insistir en la esperanza de un futuro mejor, por lo que este miércoles 20 de setiembre iremos a un paro nacional”, indica un comunicado de Justicia Ya.

Aclara que se convoca al paro porque “seguiremos insistiendo en la resistencia como medida para liberar a Guatemala de los grupos de poder que lo han cooptado”.

El miembro de Justicia Ya, Gabriel Wer, adelantó que las demandas serán tres: la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las leyes de impunidad, la del gobernante Morales y una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El miércoles “saldremos a las calles en contra del actuar nefasto de los diputados que buscan pactos de impunidad y corrupción (…). Nuestras aulas serán las calles”, afirma a su vez en un boletín la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac (AEU).

“Es necesaria la movilización en las calles porque es la que permite transmitir el repudio hacia las autoridades y hacer presión”, aseguró Lenina García, Secretaria General de la AEU.

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Ver imagen en TwitterDebido a los incidentes la noche del viernes en las afueras del Congreso cuando los policías lanzaron gases contra los inconformes, dos diputados de izquierda y un ciudadano presentaron un recurso ante la máxima autoridad judicial del país para garantizar las manifestaciones pacíficas.

El vocero de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, informó que aceptaron los recursos y se ordena al presidente Morales que garantice la libre emisión del pensamiento y de reunión pacífica.

Además, le ordena que preserven estrictamente el orden público, con el objeto de prevenir y evitar actos de provocación o de violencia, lo que comprende la protección y garantía de los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que no participan en las actividades de protesta.

El Periódico


Colectivos y estudiantes llaman a paro nacional el 20 de septiembre

Por Grecia Ortíz
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Por medio de un comunicado divulgado en redes sociales, el movimiento JusticiaYa instó a la población a unirse el próximo 20 de septiembre a un paro nacional en el que se espera participen otros colectivos y organizaciones. El mismo contará con el respaldo de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que lanzó la convocatoria en redes sociales invitando a manifestarse de manera pacífica.

En un comunicado, JusticiaYa destacó las manifestaciones ciudadanas registradas este 15 de septiembre frente a las instalaciones del Congreso de la República, que destacaron por su pacifismo, por lo que condenaron el uso de gas al momento del retiro de los diputados.

De acuerdo con Gabriel Wer, de JusticiaYa, además de la AEU, al paro también se unirá el Consejo Superior Universitario y Totonicapán desde el martes, entre otros colectivos que también publicarán su respaldo por lo que el llamado es mucho más amplio.

Según Wer, son tres las demandas de este paro: la primera es pedir la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las leyes de impunidad, la segunda es la petición de renuncia del presidente Jimmy Morales, además de pedir que se le investigue porque ha demostrado estar de lado de las mafias, y la última es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que se debe considerar la existencia de propuestas preparadas.

El activista hizo un llamado a la población para que se informe bien y no a través de los canales nacionales, “que también sean muy críticos con lo que leen de parte del gobierno y en redes sociales en general, porque se busca crear una sensación de miedo”, indicó.

El llamado es a manifestarse de manera pacífica como se ha hecho en los últimos días, “ayer la gente lo tenía muy claro, todos los que estábamos ahí”, indicó. De haber personas infiltradas recomiendan informar a la PNC y a la Procuraduría de Derechos Humanos.

Según la AEU, el miércoles se paralizarán las actividades universitarias en todo el país, para manifestar en contra de la acción de diputados a favor de la impunidad y corrupción, siendo el punto de reunión frente a rectoría.

La convocatoria al paro nacional se hace a más de dos años de un paro similar convocado el 27 de agosto de 2015, cuando se pidió la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, tras la develación del caso La Línea.