Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

Gobiernos progresistas, neo-extractivismo y neo-desarrollismo

por FREDDY DÍAZ

Una política económica impulsada y propiciada por intereses globales. El extractivismo1, como dinámica de acumulación de capital, fue implantada en América Latina desde principios de los 90 del siglo XX. Llegó a la región de la mano del neoliberalismo y de las reformas institucionales impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales con “recomendaciones” contenidas en “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” (1993), dieron facilidades a las empresas mineras en temas centrales como la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, y asegurando las inversiones con políticas de exención de impuestos y flexibilidad laboral y ambiental.

Es así como tomó forma el boom extractivo de los 90, que continúa hasta nuestros días, motor del modelo neoliberal. Para el caso de América Latina, el extractivismo se apoyó en una agresiva atracción de la Inversión Extranjera Directa –IED–, la que en países como México, Perú y Colombia, logró estabilidad con importantes picos de alza en años específicos (ver gráfica 1), donde la dinámica de apropiación de riqueza ha sido inmensa.

Auge con tres puntos de inflexión, coincidentes con tres olas de la crisis económica global: 2009 (crisis por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos), 2012-2013 (crisis de pagos en Europa, aunque México es el único país en el que no disminuyó la IED), y 2015 (crisis de precios de los commodities, con efecto especial en los países “en vía de desarrollo”). Asistimos, de acuerdo a lo anotado, a un periodo de estabilidad y a la espera, por parte de los inversionistas transnacionales, de que los precios de las materias primas se recuperen, espera que no significa que dejen de extraer.

Política e inversiones que generan que buena parte del sistema productivo se concentre, extranjerice y privatice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; por ejemplo, convirtiendo a los países receptores en rentistas-extractivistas, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado mundial.

Políticas que han propiciado la privatización de importantes segmentos de la economía nacional, o la adquisición de miles de hectáreas de tierra por parte del capital internacional. Inversiones que no han significado mejoras para la población de estos países. Por ejemplo, México tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la Ocde. De igual manera, dentro de esta organización México es el país con menor gasto en protección social, lo que equivale al 7.4 por ciento del PIB2, para el caso peruano, las mejoras tenidas en el país no corresponden con los altos niveles de IED, así pues, para el año 2014, mientras a nivel nacional el porcentaje de población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha –NBI– era de 20.5 por ciento, en las zonas donde más se explotan bienes naturales (Cajamarca, Huancavelica y Apurímac), tal porcentaje era de 27.8 por ciento, 36.3 por ciento y 22.2 por ciento, respectivamente.

En el caso colombiano, algunos datos demuestran como el desarrollo llegó sólo como un discurso pues el 33 por ciento de los habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, cuando a nivel nacional tal indicador es igual a 12 por ciento. En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón las NBI es de 56 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 29 por ciento (Rudas, 2012). En los municipios vecinos a El Cerrejón la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es crítica: 11.15 por ciento de desnutrición global o bajo peso, en comparación del 3.43 por ciento correspondiente al promedio nacional (Pnud, 2013).

Gobiernos progresistas

Estos indicadores sirven como referencia para lograr entender las semejanzas y diferencias existentes entre los modelos de gobierno. Los de izquierda en Latinoamérica no son ajenos a las lógicas del macrosistema extractivo, pues en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, con gobiernos abiertamente progresistas, se desarrolla lo que se denominó “neo-extractivismo”, que de igual forma busca apropiarse de los bienes naturales para la exportación.

El punto que marca la diferencia entre un modelo y otro, es el papel que juega el Estado, pues mientras en el extractivismo clásico el Estado no juega un papel primordial, se dice que es un “Estado mínimo” o un “Estado pequeño”, que permite el libre accionar de las empresas extractivas, sin interrumpir, ni torpedear su dinámica de acumulación, en el neo-extractivismo el Estado juega un papel más activo, especialmente en la captura de las (macro) ganancias que generan, con el fin de utilizarlas en política social.

Para el caso venezolano, entre 2001 y 2014 Pdvsa destinó 26.080 millones de dólares para inversión social. Este rubro se centró en vivienda, alimentación, proyectos generados desde las comunidades, entre otros3. Lo anterior puede verse de manera más clara en el incremento experimentado por el gasto público en el país, pues pasó de 0.9 por ciento en 1990 a 6.1 por ciento en 2012 según el Sisov, y tiene el índice de Gini más bajo de América Latina, igual a 0.39284.

Contrastando con esto, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales no muestran mayores mejorías, por ejemplo, en el Estado Zulia el porcentaje de NBI es de 32 por ciento, mientras el nacional es de 27 (Inei, 2014), en Anzoátegui el índice de pobreza extrema es del 11 por ciento, en Falcón es del 11.6: a finales de 2013 la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 por ciento.

Para el caso de Ecuador, de acuerdo con el Banco Central, por cada US$100 que ingresan al país, US$60 corresponden a la exportación de petróleo, sumado a esto, entre 1970 y el 2012 el promedio de IED fue de US$340 millones; en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de $123.000 millones, lo que muestra la importancia del sector para el país.

Se explican así las mejorías sociales para la población ecuatoriana (ver gráfica 2), a costa del extractivismo, debate actual para todos los movimientos que se proponen ser gobierno. De forma evidente, han disminuido tanto las NBI como la pobreza medida por ingresos (gráfica 3), aunque en las zonas rurales, donde se desarrollan las extracciones de bienes naturales, siguen siendo más altas que en el resto del país.

En el caso boliviano, Evo Morales busca fortalecer su proyecto político con lo que denominó extractivismo social centrando sus actividades en la extracción de gas, minerales y petróleo. Para el 2014 la IED en Bolivia fue de 1482 millones de dólares, de estos 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el petróleo el sector de mayor inversión (BCB, 2015).

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno boliviano, el país no es ajeno a los problemas sociales generados por la apropiación de los bienes naturales, y por ende los índices sociales tienden a estancarse. Así pues, aunque al igual que en otros gobiernos progresistas se registra disminución de la pobreza y la miseria, Bolivia a 2014 tenía dos millones de personas en extrema pobreza, seiscientas cuarenta y un mil personas en el sector urbano, y un millón trescientas mil en el sector rural.

Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neo-desarrollismo y los aplicaron a uno de sus principales proyectos de gobierno, aumentando la intervención del Estado en el sector de bienes primarios, y creciendo su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, intentando lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte por las ganancias obtenidas de la bonanza del sector, y por la transferencia tecnológica obtenida de las empresas extranjeras.

Para complementar, es importante entender que la caída de los precios de este tipo de recursos naturales coincide con el cierre del ciclo progresista latinoamericano, pues ante la disminución de los recursos provenientes de las actividades extractivas que financiaban las políticas sociales, es mucho más difícil legitimar las formas de gobernar. La disminución de los subsidios y programas sociales generan un ambiente propicio para la contraofensiva de la derecha latinoamericana. La dependencia del sector primario–exportador, que genera divisas para la política social termina siendo un bumerán contra los mismo gobiernos.

La pregunta por la alternativa

Aunque con las críticas necesarias que debe hacérseles, es imposible negar que estos gobiernos abrieron una puerta para los movimientos populares, dando pistas en cuanto al cómo actuar en el marco institucional. Esta es una realidad, como también lo es que con sus políticas lograron contener al capital y al imperialismo. Pese a lo cual la discusión de fondo sigue abierta, ¿cuál es la alternativa al desarrollo? ¿Cuál es la alternativa al extractivismo?

Extractivismo, ¿sí o no? Lo cierto es que no puede pensarse que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta, el mundo necesita de cierto grado de extractivismo energético. Lo que es necesario definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo; quizás en el momento que esto sea resuelto los pueblos habrán ganado una gran batalla al capitalismo y al “desarrollo” que persigue.


  1. Esta actividad puede comprenderse como la apropiación de grandes volúmenes de bienes comunes, generalmente sin valor agregado, centrada en la exportación y especulación financiera.
  2. Pobreza y Desigualdad. Unicef México.
  3. Desarrollo Social, Pdvsa. 2014.
  4. El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. Nodal. 2016

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