Guatemala: la Corte avala enjuiciar al presidente Jimmy Morales y su futuro se definirá en el Congreso

Contexto Nodal
El viernes 25 de agosto, la fiscal general Thelma Aldana e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidieron enjuiciar al presidente Jimmy Morales por presunta comisión de ilícitos electorales durante su campaña de 2015. Luego, el mandatario declaró “non grato” a Iván Velásquez y le ordenó salir del país, lo que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. La crisis política desató protestas contra Morales y la renuncia de dos ministras y varios funcionarios. La Corte Suprema deberá decidir si da luz verde al proceso judicial contra el presidente.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) da trámite de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, presentado por el Ministerio Público.

Según el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángel Pineda, la Corte al darle trámite lo remite al Congreso para que lo conozca.

La petición contra el mandatario fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en respuesta a una investigación por financiamiento electoral ilícito.

“Cuando el expediente llegue al Congreso, de conformidad con la ley orgánica ellos conformarán una comisión pesquisidora para desarrollar las pesquisas y elaborar un informe, con eso y la totalidad del expediente, el pleno del Congreso debe decidir si declaran con lugar o no el antejuicio”, explicó Pineda.

La investigación contra Morales comenzó por una denuncia que el Tribunal Supremo Electoral presentó el 30 de noviembre del 2016 ante el Ministerio Público contra el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La investigación que desarrolló la Fiscalía de Delitos Electorales determinó que esa agrupación recibió al menos Q6.7 millones de financiamiento que no fueron reportados.

El antejuicio contra Morales responde a que él era el secretario general de FCN-Nación en ese momento, por lo tanto, tiene la responsabilidad legal.

En la CSJ las magistradas Elizabeth García y Patricia Valdés votaron en contra de aceptar para su trámite el antejuicio contra Morales. El magistrado de sala Marvin Herrera integró en lugar de Blanca Stalling.

Otros tres antejuicios que habían sido solicitados contra el mandatario fueron rechazados In límine por la Corte Suprema.

La CSJ también aceptó para su trámite los antejuicios contra los diputados Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Roberto Villate del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder), ambos por financiamiento electoral ilícito.

La corte designó a Anabella Cardona como la juez pesquisidora de Blanco, mientras que a Villate será Eduardo Galván.

El Gobierno emitió un comunicado en nombre del presidente donde él indica “Siempre he defendido el Estado de Derecho, ordenaminto jurídico y la independencia de poderes”.

Además aclara que nunca ha interferido en procesos que lo vinculen directa o indirectamente, y solicita madurez, objetividad y compromiso de los guatemaltecos.

Comunicado del presidente

En un comunicado de prensa, el presidente Morales dijo que como representante de la unidad nacional “reafirmo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que siempre he defendido el Estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes”.

“Nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente. Por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso, tal como lo establece la ley”, dijo Morales y pidió a la población ser respetuosos de la institucionalidad, y “objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”.

La fiscalía cree que el presidente, entonces secretario general del partido, podría haber cometido los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo del origen, manejo y aplicación del dinero recaudado durante la campaña política de ese año.

Justicia pronta

Frente a la CSJ un grupo de personas con carteles y consignas piden “justicia pronta y cumplida”, en referencia a los antejuicios contra el mandatario y los representantes de otros partidos políticos.

Los manifestantes expresaron que celebrarán cuando el presidente Morales esté en la cárcel. “Jimmy Morales a los tribunales”, decía un cartel.

Prensa Libre


Cicig empieza nuevo mandato en medio de amparo en contra de renovación

Este lunes entró en vigencia la extensión del mandato por dos años más de la Cicig, al mismo tiempo que fue solicitado un amparo contra el presidente Jimmy Morales con el argumento de que debió firmar esa prórroga con el refrendo de sus ministros.

El presidente pidió la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como parte de los compromisos que hiciera durante su campaña electoral en la que fue electo como presidente de la República.

El mandatario había adelantado que solicitaría una ampliación del mandato por cuatro años más, sin embargo, en la reunión sostenida el 18 de abril de 2016, con los donantes y el entonces secretario general de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el gobernante únicamente solicitó la extensión por dos años más, petición que fue bien vista y apoyada.

Este lunes fue publicado en el Diario de Centro América el texto de la declaración del presidente Morales por medio de la cual acordó con la ONU extender la vigencia de la Cicig, al mismo tiempo el abogado Pablo Gabriel Pallarés Cruz solicitó un amparo contra el presidente porque, según él, aprobó la ampliación sin la refrenda de sus ministros.

El jurista explicó que su postura es para que se aplique el mismo criterio que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) expresaron en el amparo otorgado el 29 de agosto pasado, donde resolvieron sobre la orden de expulsión del comisionado de Cicig, Iván Velásquez. Uno de los criterios de la CC para frenar la orden de Morales fue que actuó sin el respaldo de los ministros, como manda el artículo 182 de la Constitución de Guatemala.

“Mi postura es que se cumpla con la ley. Nace primero de un canje de notas que solo suscribe el presidente, lo hace únicamente él. Al momento de preparar el amparo no había salido la publicación de ayer en el diario oficial, que lleva solo la firma de la viceministra, no el ministro y tampoco hace la especificación que esté actuando como encargada del despacho”, explicó Cruz.

La expulsión

El presidente Jimmy Morales viajó a Nueva York en agosto de este año para reunirse con António Guterres, actual secretario general de la ONU, con la supuesta intención de pedir la remoción de Iván Velásquez al frente de la Cicig.

Al final, Morales no pidió en la reunión con Guterres el retiro de Iván Velásquez, pero un día después de su regreso a Guatemala, por medio de un video publicado en las redes sociales del Gobierno, declaró non grato al comisionado e intentó expulsarlo del país.

La orden quedó sin efecto dos días después, por un amparo definitivo otorgado por la Corte de Constitucionalidad al Procurador de los Derechos Humanos.

Cicig

Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la Cicig el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.

La creación de la Cicig como un órgano independiente de carácter internacional, fue creado con la finalidad de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

La Cicig ha sido prorrogada cuatro veces por la ONU y el Gobierno de Guatemala, en 2009, 2011, 2013 y 2015. Esta última culminó el 3 de septiembre de 2017 y la nueva prórroga entró en vigencia a partir de ayer y culmina el 3 de septiembre de 2019.

Prensa Libre