Marchas en América Latina y el Caribe para reclamar en un “Grito global” por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito

Para despenalizar la pobreza

Un equívoco y un reclamo al cierre de la conferencia de prensa convocada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fueron metáfora de cómo están atravesadas las feministas en su modo de poner el cuerpo y por las circunstancias en que lo hacen. El equívoco: al cierre, le dieron la palabra a una de las históricas de la organización, Martha Rosemberg –estaban también Nina Brugo, Nelly Minyersky y Elsa Schvartzman–. Cuando empezaba a hablar, una de las militantes de la nueva generación le gritó desde el fondo, a modo de homenaje y cariñosamente, “¡Martha, soy tu fan!”. Un poco porque el grito fue leve, un poco por el bullicio, y mucho más por su lógica militante, Rosemberg no pudo escuchar “fan” sino que escuchó “par”. Entonces, aclaró, “todas son mis pares”. Las militantes lo llaman sororidad, resignificando el genérico patriarcal de fraternidad. Insistir hasta acuñar esa palabra. El reclamo fue hacia las ausencias: la conferencia fue convocada simbólicamente en el Anexo de Diputados, dirigida a lograr la sanción del proyecto de legalización del aborto para evitar el medio millón que se realiza al año en el país, en condiciones totalmente precarias, y que producen muertes, graves infecciones y prisión entre las más pobres. Y además, para decidir sobre sus cuerpos. Presentado el año pasado, es el sexto proyecto. Los anteriores se vencieron, los dejaron caer sin tratar. Este fue firmado por 44 diputadas y diputados. Ayer, cuatro se solidarizaron con su propia firma.

El proyecto reclamado fue presentado el 1º de julio de 2016, encabezado por la diputada Victoria Donda, y básicamente consiste en la anulación de los artículos del Código Penal que castigan a quienes realizan el aborto y a la mujer que toma la decisión sobre su cuerpo. El proyecto legaliza la práctica a todos los casos voluntarios, durante las primeras 14 semanas de gestación; pone plazos obligatorios para tratamiento urgente; reafirma más allá de las 14 semanas a los tres casos no punibles en la actualidad (embarazo producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; si existieren malformaciones fetales graves).

Página|12


Diputados aprueban ampliar causales que permiten el aborto

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por más de dos tercios, el artículo del Código del Sistema Penal referido al aborto, el mismo suma tres causales a las ya existentes en el Código vigente para que la práctica no sea penalizada.

En la normativa se explica que durante las primeras ocho semanas de gestación, las mujeres podrán acogerse al aborto impune en los casos: “a) cuando tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no, b) cuando sea estudiante”.

El aborto tampoco constituirá una infracción penal: “a) cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, d) cuando sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer, e) cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o, f) cuando la embarazada sea niña o adolescente”.

La diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, explicó ante el pleno que las nuevas causales que permiten el aborto se enmarcan en la Sentencia Constitucional 206 del 5 de febrero de 2014, que exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a desarrollar normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, y que las mismas coadyuven la problemática de los abortos clandestinos.

En el artículo referido al aborto se eliminó la causal de la situación socioeconómica de la mujer, debido a que “su interpretación generaba mucha distorsión”, según afirmó Rivero.

Debate en torno al artículo

El debate generado en el pleno camaral se situó sobre los derechos de las mujeres, quienes ponen en riesgo su salud integral y sus vidas por prácticas abortivas clandestinas sin condiciones necesarias para preservar su seguridad.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se refirió a las estadísticas de mortalidad por abortos mal practicados en la clandestinidad en el país. “Como mujer me pregunto si las vidas de 500 mujeres que mueren al año por practicarse abortos clandestinos no importan, se trata de mujeres que no tienen suficiente dinero para pagar clínicas privadas para abortar de manera clandestina, pero salubremente, y terminan en consultorios clandestinos, en cuartos mugrientos exponiendo sus vidas a hemorragias e infecciones”, aseveró la titular de la Cámara.

Montaño explicó que los abortos clandestinos no cesarán mientras se los penalice cada vez más duramente, apeló a encontrar mecanismos de educación en la prevención de embarazos no deseados en adolescentes.

A su voz, se sumó la de la diputada Jimena Costa, de Unidad Demócrata, quien llamó a educar a adolescentes y jóvenes sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los hogares y centros educativos. Costa también reflexionó en que la aprobación y la vigencia del artículo 153 “no convocan a las mujeres a abortar”.

Asimismo, la diputada Sonia Brito graficó la realidad nacional. “No queremos más abortos, las mujeres que se someten a esta práctica pasan por un momento muy difícil y de paso arriesgan sus vidas, pero el problema no se va a solucionar metiendo a la cárcel a las mujeres que lo practiquen”, dijo Brito.

En Bolivia, las complicaciones por abortos mal practicados constituyen la tercera causa de muertes femeninas, la primera es el cáncer de cuello uterino. “No mueren las mujeres que tienen dinero, mueren las que no lo tienen y todas tenemos los mismos derechos”, sostuvo Montaño.

La Presidenta de Diputados explicó que el aborto es una cuestión de salud pública que debe ser tratada de manera responsable por el Estado para avanzar en los derechos femeninos. La mujer ha sido históricamente responsabilizada y hasta “satanizada” por tomar decisiones acordes a su individualidad, siendo que en la concepción participa también el varón.

“Como médica y mujer, formada en la fe católica, pienso que no podemos quedar en conceptos de decenas de años que han pretendido responsabilizar únicamente a la mujer, pero a ese hombre que también participó nadie lo busca, nadie lo sanciona, eso no es igualdad ante la ley”, dijo.

Objeción de conciencia

El artículo 153 contempla, en el parágrafo VI que “el sistema de salud de manera gratuita deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la niña, adolescente o mujer y no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral alegando objeción de conciencia”.

En días pasados, la ALP mantuvo una reunión con representantes del sector de salud para acordar sobre la garantía de médicos no objetores de conciencia en los centros médicos.

De aquella reunión, se redactó la siguiente disposición: “El rechazo o negativa a realizar la intervención médica para la interrupción voluntaria del embarazo por objeción de conciencia, es una decisión siempre individual del personal médico o sanitario, directamente implicado en la realización del acto médico, que debe manifestarse anticipadamente por escrito (…) Cada servicio de salud público deberá garantizar que la atención sea efectivamente brindada por otro profesional de la salud no objetor”, se menciona en el último párrafo del artículo aprobado la noche de este jueves.

Diputados Bolivia


Mujeres de Bolivia se movilizan para pedir legalización del aborto

Decenas de bolivianas se manifestaron hoy en el centro de La Paz para reivindicar el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos y pedir la legalización del aborto, como parte de la jornada mundial denominada Grito Global.

Una de las principales consignas del movimiento tiene que ver con cambiar de lugar el debate sobre el aborto del área penal hacia un “escenario de la salud pública”, dijo a Efe Tania Nava, una de las manifestantes, que dirige Católicas por el Derecho a Decidir.

“La salud pública resulta ser el escenario idóneo para tratar el problema porque desde la salud pública las obligaciones que asume un Estado son las de procurar una intervención oportuna de una práctica médica realizada en condiciones de salubridad”, argumentó Nava.

La movilización se produce cuando el Parlamento boliviano elabora un nuevo código del sistema penal en el que se plantea la ampliación de las causales para la realización de los abortos y añadir entre ellas la pobreza, el tener varios hijos o el ser estudiante.

Hasta ahora la interrupción legal del embarazo se restringe a los casos de violación, malformaciones del feto o evidente riesgo de la vida de la madre, pero aún así su práctica es resistida por varias asociaciones de médicos del país que alegan problemas de conciencia.

Las modificaciones que se discuten en el Congreso han ocasionado los reclamos de grupos de corte principalmente religioso que se han manifestado en contra arguyendo que se atenta contra la familia.

Las autoridades calculan que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos y al año 67.000 mujeres acuden a servicios de salud por complicaciones producto de abortos mal realizados.

Para la secretaria ejecutiva de la organización Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, esta jornada es también para exigir la aplicación de programas y políticas integrales de salud sexual para prevenir los embarazos no deseados.

“América Latina sigue siendo una de las regiones que mantiene la mayor cantidad de países que no han avanzado en leyes más progresistas en relación al derecho de las mujeres”, indicó Novillo.

Según datos oficiales, entre enero y julio de este año 34.958 adolescentes y jóvenes embarazadas de 15 a 19 años fueron atendidas en centros de salud en el país.
La tasa de natalidad adolescente reportada por el Gobierno es de 71 por cada 100.000 nacidos vivos, que en Latinoamérica es superada únicamente por Haití y República Dominicana.

Adicionalmente, este año se han reportado 2.027 casos de madres menores de 15 años cuyos embarazos tuvieron origen en la violencia sexual o en uniones con adultos admitidas por razones sociales.

OpiniónBo


28 de septiembre en El Salvador: “¡Que se aprueben las 4 causales!”

Por Anita Pouchard Serra y Laura Salomé Canteros desde San Salvador

En el día internacional de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto, las mujeres populares, lesbianas y feministas de El Salvador salieron a las calles de su ciudad capital para exigir la aprobación del proyecto de ley de cuatro causales para que el país deje de penalizar el aborto en todas sus formas. Al finalizar la marcha entregaron un petitorio a la Asamblea Legislativa. En toda América, una sola lucha, un grito fuerte y global por el aborto legal.

La cita fue a las 8 am en la Plaza de la Salud, frente al Hospital Rosales, en la agitada San Salvador. Allí, cientas de mujeres nucleadas en alianzas, coaliciones, colectivas y organizaciones feministas populares se refugiaban del sol ansiosas de poner el cuerpo y hacer historia en las calles andando la lucha por una demanda histórica en ese país y en toda la región en una fecha clave de la agenda feminista: el día de lucha internacional por la despenalización y legalización del aborto.

“Vamos compañeras, a ocupar las calles”, dijeron desde un altoparlante móvil, y todas las que allí estaban, con remeras, pancartas, antifaces y megáfonos comenzaron a marchar. “Que nos detengan, que somos feministas, que somos abortistas y no nos pueden controlar”, cantaban y bailaban. Emocionó escuchar que el “caminar sin fronteras” es una realidad en frases compartidas. Que estamos hermanadas sosteniendo a las que abortan y están presas y que los colores de la lucha y la diversidad, del cambio y el avance de derechos es potencia en grito global: ¡nosotras decidimos!

Un territorio paradigmático donde la lucha es mucha

El Salvador es, junto a Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, un territorio que penaliza el derecho al aborto de forma absoluta. Donde hay niñas y mujeres muertas y presas por abortar, donde cada veinte minutos una niña es embarazada, donde cuatro horas una mujer es víctima de violencia sexual y donde la tercera causa de muerte materna es el suicidio.

“Hace 11 meses que el Proyecto de Ley se encuentra en la Asamblea Legislativa”, afirmaron las mujeres y lesbianas que se acercaron a manifestarse y entregar un petitorio firmado por las decenas de organizaciones y colectivas feministas que integraron la marcha por las calles de San Salvador ante, mayoritariamente, la consulta de la prensa extranjera.

“Necesitamos la gestión popular de nuestra salud y es básica”, dijo otra de las activistas en la manifestación, “no tenemos acceso a seguros médicos, no tenemos espacio para ir a la unidad de salud y vamos cuando tenemos tiempo porque pasamos muy atareadas buscando el pan para nuestras familias”, y agregó, “por eso hoy estamos aquí, para que se aprueben las 4 causales, para que no se siga afectando la salud de niñas y mujeres en El Salvador”.

La punición del aborto en este país es de las más duras del mundo y va de dos a ocho años de prisión tanto para la mujer que interrumpe una gestación como para quienes la ayuden, y de entre seis y 12 años para las y los profesionales de la salud. En los casos más extremos, se ha encarcelado a mujeres acusadas de homicidio agravado, delito que conlleva una pena de hasta 50 años de cárcel. Una figura legal que recae, no casualmente, sobre las más desprotegidas, jóvenes y pobres de departamentos rurales. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por funcionarios/as del poder judicial por los supuestos delitos de aborto u homicidio agravado.

“La absoluta penalización del aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres”, afirmaron desde la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, “si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida”. Y agregaron, “la penalización absoluta genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres e inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica”. Y señalando las responsabilidades parlamentarias en la modificación del Art. 133 del Código Penal salvadoreño señalaron: “cada día que se posterga la reforma para la despenazalición del aborto en 4 causales, se condena a niñas y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos, a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazadas y encarcelamiento hasta de 50 años en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas”.

Las 4 causales de aborto que podrían ser despenalizadas, según el proyecto presentado por el oficialismo gubernamental, son: cuando el embarazo es producto de una violación; cuando el embarazo resulta de las vulneraciones en contexto del delito de trata de personas; cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, aplica a niñas y adultas; y cuando las niñas, específicamente, son víctimas de abusos.

La situación es de grave vulneración de derechos, revictimización y violencia institucional. Ante una emergencia obstétrica las mujeres que llegan a los hospitales son desatendidas o denunciadas y tratadas como delincuentes con las penas más altas del mundo. En la actualidad algunas de las mujeres que fueron condenadas por esta figura legal llevan más de 10 años de prisión, y la mayoría han sido condenadas a penas de 30 años o más. Pero pese a las condenas y a la prohibición, las mujeres siguen ejerciendo la soberanía sobre sus cuerpos- decisiones y los abortos clandestinos siguen siendo frecuentes. El Ministerio de Salud relevó que, entre 2005 y 2008, hubo en El Salvador más de 19 mil interrupciones de embarazo.

“Con mi derecho a decidir, yo decido cuando parir”

Hay historias en este pequeño país, pero que gracias a la lucha feminista son hoy globales. En enero de 2015, Carmen, que tenía 18 años cuando fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, recibió un indulto después de cumplir siete años privada de su libertad en una cárcel. Ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado de El Salvador a resolver y dar explicaciones acerca de porqué sostiene la penalización de todo tipo de abortos al tomar estado público la historia de una joven mujer campesina, Beatriz, a quien no permitían abortar luego de saberse que cursaba una gestación que no llegaría a término.

Recientemente una menor con discapacidad intelectual víctima de las violencias de un macho fue obligada a cursar un embarazo y sometida a una cesárea porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz, una historia por la que el representante en Centroamérica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó, “obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata”.

La punición del aborto no resuelve la problemática y es una omisión institucional de las responsabilidades sobre la cuestión de salud pública. La criminalización, la clandestinidad, los abortos inseguros y sus consecuencias se llevan la vida, la salud y proyectos de cada subjetividad que elige sobre su cuerpo territorio no continuar un embarazo no deseado. Las salvadoreñas lo saben bien. No siempre el aborto fue penalizado en la historia de su país. Por eso sus rostros agrietados recorrieron las calles. Acompañadas de los cuerpos jóvenes que toman su lucha como legado.

Y por un momento fue como si no importara geografía. Fue estar en un lugar conocido, marchar donde el color de los abrazos nos guió en cantos hermanados para la liberación de todas.

“Es necesario que las y los diputados tomen las demandas de las ciudadanas. Tenemos derecho a vivir. Estamos exigiendo que aprueben las 4 causales. Es su obligación”, afirmaron las activistas mientras realizaban una performance que tenía todo de genealogía feminista retomando los nombres de las mujeres que murieron a causa del absurdo de no dar resolución a una problemática de salud pública y justicia social. Detrás una bandera adornada las rejas de la Asamblea Legislativa: “Diputados y diputadas aprueben las 4 causales. Es su obligación”.

Marcha


Día Mundial por la legalización del aborto: Organizaciones lanzan video sobre Chile

Hoy es el “Día Mundial por la legalización del aborto”. La fecha se conmemora desde 1990, tras surgimiento de la idea en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Desde ese momento, países de todos los continentes recuerdan esta fecha.

Este año se aprobó la “Ley de Aborto en tres causales”. Por esto, varios representantes de movimientos pro aborto, celebraron esta fecha también con un video.

Testimonio del proceso

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) lanzó “Chile Ganó”, donde registra parte de la lucha que las mujeres dieron en nuestro país para posibilitar la interrupción del embarazo por tres causales. El material audiovisual considera testimonios de distintos dirigentes y dirigentes que apoyaron la propuestas.

El relato comienza con las protestas y exigencias de las mujeres en el frontis del TC. Termina con la marcha hasta La Moneda que festejó el triunfo final y la inminente promulgación de la ley, que sucedió al poco tiempo después.

Todas las voces

En el video, expresan sus puntos de vistas la directora de Miles, Claudia Dides, la ex parlamentaria, María Antonieta Saa, la senadora Adriana Muñoz y los diputados Vlado Mirosevic, Juan Luis Castro y las diputadas Maya Fernández y Karol Cariola.

Aparecen también en el video las concejalas Alejandra Placencia y Natalia Cuevas; la actriz Mariana Loyola; la directora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri; la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares; la Presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román; y las representantes de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Carolina Espinoza y de La Morada, Verónica Matus.

De igual manera entregan sus testimonios la 2da vicepresidenta nacional de la DC, Myriam Verdugo, la representante del Partido Humanista, Catalina Valenzuela, y Paola Valenzuela, una mujer que sufrió en carne propia la penalización del aborto en Chile.

“En Chile las mujeres no tenían poder sobre sus propios cuerpos”

“Con este video enfatizamos que sólo hasta hace pocas semanas en Chile la mujeres no tenían poder sobre sus propios cuerpos, pero al mismo tiempo queremos entregar un mensaje de esperanza a esos países donde se sigue penalizando el aborto. Se calcula que en el mundo ocurren anualmente 22 millones de abortos inseguros que han derivado en unas 47.000 muertes”, dijo Dides.

A continuación, te dejamos el video “Chile ganó”:

Publimetro


Por el derecho a decidir

El 28 de setiembre se recuerda el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, y diversas organizaciones sociales en el Perú demandan debate y aprobación del Proyecto de Ley Nº 387-2016, que propone la despenalización del aborto en casos de violación sexual y en casos de malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida.

En el Perú es legal el aborto terapéutico desde 1924, cuando la vida o la salud de la mujer embarazada está en riesgo. Sin embargo, las mujeres, como las niñas embarazadas producto de una violación; o aquellas que se encuentran embarazadas de un feto con malformaciones incompatibles con la vida; es decir, que morirá antes de nacer, durante el parto o durante el período neonatal, son forzadas a continuar con el embarazo y sometidas a un mayor dolor de manera innecesaria.

En nuestro país, según la Policía Nacional en el 2016; 1.844 niñas menores de 14 años fueron violadas, 1.924 tenían entre 14 y 17 años. Cada día, 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; cada día, mientras miramos a otro lado, 50 mujeres denuncian haber sido violadas, el 95% no lo hace por temor, machismo o vergüenza.

Se estima cada año alrededor de 35.000 embarazos por violación; 1.000 recién nacidos que mueren por un defecto congénito incompatible con la vida.

Mientras nuestra clase política se deteriora, se sigue evadiendo esta terrible realidad, castigando con nuestra indiferencia a quienes deberíamos proteger.

Madre por imposición

De aprobarse el Proyecto de Ley Nº 387-2016, estas mujeres, adolescentes y niñas dejarán de ser tratadas como criminales por interrumpir un embarazo en estas dos causales; es momento de avanzar y dejar decidir a estas mujeres en este punto de sus vidas, despenalizar el aborto en casos de violación y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es una medida mínima y urgente de justicia y salud.

Proyecto de Ley 387-2016 propone la ampliación de los casos de aborto legal por dos causales: malformaciones congénitas y en caso de violación sexual. La penalización del aborto niega una realidad dramática que afecta estructuralmente a las mujeres en el Perú.Cada año 35.000 mujeres quedarían embarazadas producto de una violación sexual.75 de cada 100 agresores por violación sexual tenían relación directa con la víctima.

28 de Setiembre: un llamado a la acción para que ninguna niña tenga que ser madre

Susana Chávez
Directora de PROMSEX

L.C. apenas tenía 13 años cuando decidió acabar con su vida en medio de un largo proceso de victimización por un adulto quien le cuadruplicaba la edad. La historia de L.C. grafica la de más de 2 mil niñas que se embarazaron o tuvieron hijos en este último año en el Perú; y esta cifra no ha disminuido en los últimos 30 años, según data el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por esta misma circunstancia pasaron recientemente dos niñas de 10 años, una en la provincia de Jaén (Cajamarca) y otra en Huánuco, cuyo abuelo y tío, respectivamente, abusaron del poder que tenían sobre ellas. Lo peor es que el Estado también les falló, no les dio otra opción más que continuar con esos embarazos producto de violaciones, pese a que el impacto en la salud física y mental de estas niñas sería más grave y de por vida.

Nada de lo señalado es un supuesto, estas niñas son reales, con expectativas y esperanzas, y son sacrificadas, pues ni su opinión, ni sus derechos son parte de la discusión. Y no son las únicas desprotegidas, también lo son sus futuros hijos, cuya probabilidad de sobrevivencia está en peligro, por la prematuridad al nacer y edad de la madre.

La violación, es sin duda, una de las causas importantes del embarazo en adolescentes y nuestro país no es ajeno a esta violencia social. Aquí, 1 de cada 5 niñas es violada antes cumplir los 15 años y en al menos el 60% de los casos, se trata de un familiar cercano a quién la victima conoce y hasta confía.

En los últimos años el debate sobre el aborto ha tomado relevancia en la igualdad de las mujeres, pero la despenalización del aborto por violación se ha convertido en una urgencia, es por ello que el 28 de setiembre, Día de Despenalización del Aborto, debería ser dedicado a las casi 4 millones de niñas que hay en el Perú para que se les garantice el derecho a vivir y crecer sanamente.

La República