Nadie cree en un Estado mapuche – La Nación, Argentina

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Sin duda, la Constitución argentina es mejor que el Admapu, o derecho mapuche, donde no hay lugar para reclamos basados en garantías elementales, como la inviolabilidad de la persona, el derecho a expresarse libremente y a manifestarse, aun contra los designios de la autoridad política.

La búsqueda del artesano Santiago Maldonado refleja el lado más luminoso de la democracia restablecida en 1983, aunque muchos traten de empañarla: la intervención de la justicia federal, la instrucción fiscal, las movilizaciones públicas, las interpelaciones parlamentarias, la cobertura periodística, la confrontación de opiniones. La determinación de su paradero dependerá de la eficaz acción de jueces y fiscales conforme las facultades otorgadas por el derecho argentino.

Si el caso fuese inverso y si correspondiese aplicar el Admapu en lugar de nuestra legislación, el destino de un Maldonado insurrecto (“winka”) contra el orden mapuche no hubiese tenido igual interés ni similar cobertura. El castigo al “winka” dependería de la decisión de los loncos, conforme a sus prácticas atávicas, sin ley anterior a los hechos ni debido proceso legal. Si sus familiares no lo pudiesen encontrar, carecerían de instancias para reclamar. Ni recurso de habeas corpus, ni tribunales independientes, ni comisarías para presentar denuncias, ni fiscalías para impulsar una investigación. Los jueces tampoco podrían (o no querrían) entrar en tierras sagradas de jurisdicción “extranjera”.

Nadie cree realmente en la viabilidad de un Estado mapuche, gobernado conforme a sus tradiciones centenarias y ocupando un territorio segregado del suelo patrio. Los reclamos de Facundo Jones Huala, líder del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sumado a la desaparición, voluntaria o forzada, de Maldonado han dado pretexto a una conjunción de kirchneristas, marxistas, anarquistas, oportunistas y activistas varios para intentar colocar al gobierno nacional como violador de los derechos humanos y encubridor de un delito.

Aprovechando la presencia del artesano, si efectivamente allí estaba, lo han desvirtuado (privado de virtud) para servir como instrumento utilitario en una sucia lucha política.

Como Maldonado apoyaba las reivindicaciones territoriales de RAM, éstas se han convertido, por carácter transitivo, en un reclamo en apariencia genuino. Gracias a él, el referido Jones Huala ha tenido acceso a los medios de comunicación, y hasta cobertura internacional, para difundir su confuso ideario político, combinación de trotskismo e indigenismo, de nacionalismo y populismo.

La reforma constitucional que introdujo el artículo 75 inciso 17 y el artículo 18 del Código Civil y Comercial tienen por objetivo asegurar a los pueblos originarios las tierras que tradicionalmente ocupan de forma pacífica. Como argentinos, no como extranjeros. Jamás se pretendió otorgar a nadie “carta blanca” para tomar por la fuerza tierras de terceros, que no ocupan, por más que hubiesen pertenecido a sus ancestros, y constituir allí Estados independientes.

La configuración de un Estado mapuche, segregado de la República Argentina, conforme normas ancestrales, sin derecho de propiedad individual y fuera del marco institucional de nuestro país, no tendría viabilidad alguna. Si RAM pretende mejorar el nivel de vida de sus integrantes, jamás lo logrará mediante el retorno a su cultura del siglo XIX, sin aprovechar los servicios públicos del país “burgués” que denuestan, sin contar con sus hospitales, escuelas, red de comunicaciones, acceso a la energía, plataformas de Internet, alimentos variados, combustibles y, también, Gendarmería.

Esa nación mapuche, desconectada del aparato circulatorio de la república, carecería de recursos para solventar la educación de sus niños, la salud colectiva y las más elementales necesidades cotidianas. Sin médicos rurales, sin medicamentos ni buena alimentación, aumentará la mortalidad infantil, las embarazadas carecerán de atención, control del parto y puerperio, estarán expuestos a la desnutrición y anemia de lactantes y niños. No habrá prevención de enfermedades ni planes de vacunación. No tendrán órdenes gratuitas para estudios de diagnóstico, ni tratamientos ni intervenciones. Nadie cuidará la salud de sus adolescentes ni de sus gerontes, quienes tampoco recibirán medicamentos del PAMI, ni anteojos, ni cuidado odontológico u oncológico.

En el ámbito de la república esas prestaciones constituyen derechos habituales hechos realidad porque existe un pacto de convivencia entre argentinos que implica obligaciones, mandatos y restricciones. De ese modo, la labor diaria entreteje una malla de riqueza colectiva en beneficio común. Es cierto que la mayoría no tiene todo lo que necesita o desea: el dinero nunca alcanza, las cuotas oprimen y la vida diaria es dura. Pero son millones de personas que optan por estrecharse las manos y trabajar en paz, sin levantarse en armas contra un orden percibido como injusto ni tomar por la fuerza la propiedad ajena.

No es aceptable que un grupo de personas, invocando estado de indigencia y exclusión, pretenda segregar un territorio de la Nación con violencia. Es claramente un acto de rebelión, penado por la Constitución y las leyes. Y evoca los años setenta, cuando en busca de una sociedad igualitaria se usaban capuchas, copaban regimientos, se raptaban empresarios, se asesinaban gendarmes y también funcionarios, jueces y civiles para imponer el socialismo nacional.

Busquemos a Maldonado con las herramientas del Estado de Derecho. Pero no permitamos que en nombre de esta búsqueda dolorosa se reaviven siniestros fuegos del pasado, incompatibles con el orden constitucional.

La Nación