Pueblos indígenas en tiempo de cambio: nuevas (y no tan nuevas) fronteras
Mucho se viene hablando de los pueblos indígenas por estas horas en Argentina a partir de una presencia mediática inusitada, en estrecha relación con un hecho que viene conmocionando al país: la desaparición forzada del militante Santiago Maldonado, luego del allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional a la comunidad “Pu Lof en Resistencia” de Cushamen, provincia de Chubut. Esta realidad nos convoca a formular algunas aclaraciones como profesionales con una trayectoria de años en el trabajo con pueblos indígenas.
Deseamos poner sobre el tapete qué intereses subyacen tras esta campaña mediática, y los riesgos que conlleva para el conjunto de comunidades del país.
Las fronteras de la “civilización” y los pueblos indígenas
Como hemos señalado en otras oportunidades, la nacionalización del “tema indígena” marcó una línea clara en la definición de la política de fronteras. En efecto, estos pueblos se constituyeron en el primer “enemigo interno” que la modernidad construyó para legitimar su expansión sobre el territorio. Por ello, en el caso argentino, el genocidio hacia los pueblos indígenas se erigió en “fundante de la nación”. En muchos ámbitos del país, se exaltaba y se ritualizaba (y aun se lo sigue haciendo) la “guerra contra el indio”, como inicio de la “civilización”, cuya condición sería la presunta “extinción” del indígena. Es que -para la denominada “generación del ‘80”- al momento de la conformación del Estado-Nación, la diversidad se tornaba “anárquica” y “subversiva” en la medida en que para su diseño clasificatorio, lo heterogéneo carecía de una ubicación explicita dentro de la producción de un orden simbólico, que a la vez era determinante para construir y legitimar un orden económico y político.
Por ello, la fronterización hacia los pueblos indígenas ha sido una constante, para el Estado-Nación argentino desde aquel entonces. Pero la misma se perpetúa y reproduce hasta la actualidad, en especial en situaciones de conflicto como las que se viven por estos días.
Lejos de tal construcción simbólica, los pueblos indígenas han sido parte fundamental, como mano de obra, de diferentes emprendimientos económicos en las áreas donde los sobrevivientes fueron “confinados” luego de las campañas militares de carácter genocida a lo largo del Siglo XX. Dicho confinamiento de los indígenas fue fundamental para la expansión mercantil y capitalista a lo largo del Siglo XX. Dados sus conocimientos de los territorios y la capacidad de usufructo de los mismos, lograron paulatinamente reagruparse e incorporarse a diversas actividades económicas regionales, refuncionalizando sus pautas productivas, al tiempo que se resignificaban sus construcciones simbólicas.
Sin embargo, la negación de su especificidad identitaria como pueblos indígenas fue una constante a lo largo de la historia, salvo en breves períodos como en el peronismo, donde el estatuto del peón y el reconocimiento de la pertenencia de estos pueblos al estado Argentino, marcaron cambios en la dinámica persecutoria y extranjerizante a la que fueron tradicionalmente sometidos.
Más recientemente, la Constitución Nacional de 1994 y un conjunto de leyes, incorporaron con rango constitucional diversos tratados y convenios internacionales, los que marcaron una vuelta de tuerca más en la conquista de sus derechos, entre ellos el reclamo sobre sus territorios ancestrales.
Extranjeros, “terroristas” y “truchos”: las nuevas fronteras con el indígena en tiempos de “cambio”
Corren tiempos de cambio, no cabe duda. En este contexto, reiteradamente se viene escuchando y leyendo en los medios de comunicación hegemónicos una estigmatización y criminalización hacia los indígenas y en particular hacia el pueblo Mapuche. Una y otra vez se puede escuchar la largamente refutada “argumentación” que identifica a este pueblo como un presunto invasor chileno, que habría exterminado a los “verdaderos” pueblos originarios de la Patagonia: los Tehuelches. Semejante falacia etnográfica, antropológica y política ha sido reiteradamente desechada desde un sinfín de investigaciones académicas y desde el conocimiento de vastos sectores sociales. Pero incluso la identificación como extranjeros, quizás es muy “suave” para el tenor del proyecto fronterizador (o más precisamente “barbarizador”) en curso. Por eso, supuestas alianzas con kurdos, con la guerrilla separatista vasca y colombiana (fuerzas que paradójicamente han arribado a acuerdos de paz o finalizado su accionar en sus respectivos países) o el financiamiento de ONG’s inglesas, son los presuntos aliados de los Mapuche. Otra imagen que ha circulado hasta el cansancio en los últimos días, es la del indio “trucho”. Es decir, fraguado, para obtener recursos y prebendas. De más está decir, que esta supuesta corrupción estaría estrechamente ligada a la gestión anterior, al “peronismo”, al “kirchnerismo” y al “populismo”.
La nota publicada por Jorge Lanata, en el diario Clarín el domingo 27 de agosto, titulada “Un grupo de militantes “sensibles”, con toda la cuota de violencia”, no es -como parece- solo el cúmulo de disquisiciones bizarras de un periodista degradado. Por el contrario, constituye la punta de lanza de una poderosa construcción de sentido que pretende encubrir las auténticas causas del conflicto.
Su estructura narrativa configura un recurso cuya eficacia reside en obliterar las verdaderas razones de esta nueva pretendida “avanzada civilizatoria”, que bajo la excusa de poner a resguardo la integridad territorial y la “esencia de nuestra nacionalidad” impulsa un violento disciplinamiento de los pueblos originarios. Cualquier recurso es válido por ficcional que nos parezca: así se genera un revoltijo de datos falsos articulados siguiendo una matriz (tienta decir una matrix) provista por la historiografía militarista -que hay que señalar, fue adelantada por nuestro ex Ministro de Educación E. Bullrich cuando el año pasado reivindicó la denominada “Conquista del Desierto”-. Cuántas veces debemos resaltar que aquello no fue otra cosa que un intento de exterminio de pueblos enteros, es decir, genocidio. Que el “desierto” no era tal sino una elaboración desde una mirada colonizadora y apropiadora de los territorios indígenas. El conflicto actual se genera claramente por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de las responsabilidades del Estado en su obligación de hacer valer los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Reiteramos, además, que la presencia pacífica del pueblo Mapuche en los actuales territorios Argentino y Chileno se remonta a cientos de años anteriores a aquel intento genocida. La narrativa bélica y estigmatizante que se pretende construir o reinstalar apunta a desvirtuar con métodos espurios las demandas territoriales de los pueblos indígenas y el retroceso en los derechos consagrados constitucionalmente.
¿Que oculta la frontera?
¿Qué hay detrás de esta operación de los medios? ¿Que ocultan las falacias y tergiversaciones -presentadas con un lenguaje “cool” y “estilo decontracté” de periodista superado- que tanto se escuchan y ven por estos días?
¿Pero cuál es el trasfondo de esta inédita presencia indígena en los medios de comunicación y en la opinión pública?Se trata del inminente vencimiento de la Ley Nº 26160 (sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013) que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Esta ley resulta imprescindible para evitar desalojos de comunidades, ya que suspende los mismos mientras se efectúen los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales correspondientes. Actualmente se está tratando en el Congreso Nacional una nueva prórroga ya que la misma caduca el 23 de noviembre de 2017.
El Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ha identificado más de 1500 comunidades en el país. De ellas fueron relevadas más de 700 (cerca del 49%). De este grupo, solo 459 cuentan con la resolución que el INAI identifica como relevamientos culminados. Pese a ello, aun no poseen título de propiedad. De ese mismo conjunto de comunidades relevadas, en las otras 300 aún no ha concluido el proceso. Y, finalmente, la mitad de las agrupaciones indígenas (más de 700) aún no han sido relevadas. Es decir, en más de 1.000 comunidades no ha terminado el proceso de relevamiento.
Si no se prorroga la Ley 26.160, más del 65% de las comunidades indígenas del país quedarán en una situación de desprotección jurídica, habilitando su desalojo por empresas, terratenientes u otros sectores, y situaciones de conflicto como las que se están viviendo en la provincia de Chubut y que también se están multiplicando en la provincia de Neuquén. La conflictividad viene creciendo como resultado del evidente entrelazamiento entre los intereses de grandes terratenientes y las autoridades nacionales asumidas a fines del año 2015.
En el programa de Jorge Lanata se aludió despectivamente a la Ley. Nada se dijo acerca de que esta legislación va precisamente en línea con lo que ha refrendado nuestro país ante organismos internacionales en relación a los pueblos indígenas, a través de diversas leyes y en concordancia con el reconocimiento constitucional del año 1994.
En definitiva, vemos cómo la militancia anti-indígena asumida por los sectores concentrados del poder a la que nos hemos referido, lejos de ser una retórica periodística pretendidamente “neutra” u “objetiva”, responde a intereses muy claros. Y además representa la “voz visible” de un proyecto de violencia institucional que busca infundir el odio y el miedo hacia el “otro” en la población.
Acerca del autor/a / Dr. Alejandro Balazote
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján.
Acerca del autor/a / Dra. María Cecilia Scaglia
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional “Arturo Jauretche”.
Acerca del autor/a / Dr. Hugo Trinchero
CONICET/Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional de J. C. Paz.
Acerca del autor/a / Dr. Sebastián Valverde
CONICET/Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján.
Fuente-Universidad Nacional Arturo Jauretche
