Uruguay | David contra Goliath – Por Lilián Galán

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En el Palacio Legislativo tuvo lugar un Foro sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Aunque ambos conceptos parezcan incongruentes, no lo son en el contexto de globalización que estamos viviendo. Entre las empresas transnacionales, los Estados y los Pueblos existe una innegable asimetría.

Como es constatable, los Estados interesados en “atraer inversiones” terminan compitiendo entre sí, otorgando exoneraciones impositivas y otras ventajas a potenciales “inversores”, mientras las empresas transnacionales se protegen con una sólida coraza que incluye acuerdos de libre comercio y de protección de las inversiones, con sus correspondientes mecanismos sancionadores, los cuales se sitúan en una lógica en la que el arbitraje pugna por sustituir por la fuerza a la justicia. Instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) constituyen claros ejemplos de dicha privatización de la justicia.

Existen ejemplos varios sobre las violaciones de los Derechos Humanos y el Medioambiente, que lamentablemente ocurren mucho más allá de lo que nosotros esperaríamos, y ello está en la operativa cotidiana de las transnacionales (caso Chevron-Texaco en Ecuador, Zara en Bangladesh, etcétera).

Pero el quid de la cuestión sobre el que queremos llamar la atención aquí, es que no existe a nivel internacional un instrumento vinculante que las obligue a respetar los Derechos de las poblaciones y el Medioambiente.

Luego de décadas de discusiones y de intentos fallidos dentro de las Naciones Unidas (ONU), en junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de ONU adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos.

Así se conformó el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales en el Derecho Internacional. La concreción de este objetivo permitirá poner fin a las lagunas legales a nivel global que permiten a las empresas eludir la regulación y cometer violaciones de los Derechos Humanos y crímenes ambientales. Ir más allá de los marcos voluntarios propios de la Responsabilidad Social Empresarial supone un paso importante para conseguir un sistema económico global que favorezca los Derechos de las personas y su bienestar.

Este Grupo de Trabajo celebrará su tercera sesión de trabajo anual entre el 23 y el 27 de octubre próximo para comenzar las negociaciones en torno al nuevo instrumento. Creemos que es una instancia crucial y contamos con que nuestro país esté a la altura de su larga tradición en materia de protección a los Derechos Humanos en el plano internacional.

La elaboración del texto del Tratado ha corrido en este tiempo por dos caminos paralelos: uno a nivel del Grupo de Trabajo Intergubernamental integrado por más de 85 países y liderado por Ecuador. Por otro lado, y no menos importante, el trabajo de cientos de organizaciones sociales que están construyendo una herramienta de Derecho Internacional desde abajo hacia arriba, en una experiencia que por sí misma ya es enriquecedora, porque permite que distintas experiencias de lucha se encuentren y busquen soluciones en común. Ambos caminos confluirán finalmente en un texto único.

Uruguay viene de una experiencia exitosa al haber superado la demanda con que Phillip Morris pretendió detener una política pública de protección a la salud. Pero no nos podemos confiar en que esta experiencia se repita: las estadísticas indican que en el 70% de los casos, los fallos a nivel global han sido adversos a los Estados.

Además, al igual que sucede en el resto del mundo, en que las demandas de las transnacionales sobre los Estados se vienen incrementando (eran menos de una decena a nivel global en la década del 90 y ahora son más de 700), Uruguay padece el mismo fenómeno.

En este momento el Estado uruguayo enfrenta varias demandas legales, o “chicanas jurídicas” en su contra, perpetradas por grandes empresas extranjeras, lo que obliga a distraer recursos financieros y humanos en distintas instancias internacionales.
En una lista que quizá no sea exhaustiva, recordemos que:

La empresa estadounidense ITALBA ha denunciado al Estado uruguayo por incumplimiento del Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Estados Unidos (2005), al haberle revocado la licencia para proveer servicios de Banda Ancha en Uruguay.

La empresa Aratirí pretende denunciar a Uruguay en el marco del Tratado de Protección de Inversiones entre nuestro país y Reino Unido porque entiende que el Estado actuó en “forma arbitraria” (actualización del Código Minero), lo que dificultó el avance de la inversión.

También Petrobras, a través de dos empresas que funcionan en nuestro país y con las que mantiene vínculos (Montevideo Gas y Conecta), ha planteado demandas a Uruguay, ante CIADI y estrados judiciales en nuestro territorio.

Por último, hoy Uruguay está enfrentando no una demanda sino una zancadilla formal que va contra la Ley Nº 19.172, que reguló el mercado del Cannabis.

Merced a decisiones arbitrarias y unilaterales de las casas matrices de algunos bancos de plaza, y de las imposiciones que las corresponsalías internacionales le han impuesto al Banco República, Uruguay ve trabada una Ley votada en el Parlamento Nacional.

Con argumentos que son absurdos e hipócritas: la legislación nacional de regulación del Cannabis tiene como uno de sus objetivos recortar el mercado al narcotráfico, brindando seguridad a la población.

Entendemos que es fundamental que más ciudadanos y organizaciones sociales en nuestro país, y nuestro propio gobierno, se interioricen y comprometan con este movimiento internacional que busca ponerle límites a la prepotencia del capital transnacional, generando nuevos instrumentos jurídicos de Derecho Internacional.

Este octubre en Ginebra se juega uno de esos debates que no salen en los informativos pero que tienen una importancia inconmensurable para los Derechos y Soberanía de los Estados y las poblaciones. Defender los Derechos Humanos por sobre los derechos de lucro de las transnacionales.

(*) Diputada del Frente Amplio.

República