Aceptabilidad de la derrota: análisis y perspectivas electorales desde estrategias institucionales

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan Pablo Pozo B. y Dayana León

La aceptabilidad de la derrota fue uno de los temas que nos convocó como línea temática en el contexto de la “VIII Edición del Foro de la Democracia Latinoamericana: Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: un panorama latinoamericano”, que se realizó del 11 al 13 de octubre de 2017 en Ciudad de México y que contó con la presencia de expresidentes, académicos, autoridades electorales, líderes y lideresas de la Región.

Durante la sesión, como Consejo Nacional Electoral de Ecuador, analizamos los retos y las perspectivas junto al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones y vocero de la Presidencia de El Salvador; Manuel Alcántara, académico de España y referente en los estudios en Ciencia Política, y Rafael López Pintor, consultor internacional.

En este contexto, hemos querido hacer énfasis en aspectos como las condiciones políticas y culturales que existen en los países para la aceptación o no de los resultados, la mirada a los principios fundamentales del Derecho Internacional, los aspectos políticos y culturales sobre el discurso en torno a la derrota, y las estrategias desde la institucionalidad con un énfasis en el caso ecuatoriano.

Para lo cual, se necesitan estrategias que interrelacionan a la institucionalidad electoral con las demandas ciudadanas y el rol de actores del sistema político electoral; así como los aspectos constitucionales y normativos sobre la arquitectura institucional de los órganos electorales que pueden tener la modalidad de independiente, gubernamental y mixto; y el doble conforme, donde se da la validación o no por órganos jurisdiccionales en el ámbito electoral.

De forma general, el fortalecimiento de los sistemas electorales se realiza bajo los principios fundamentales de la institucionalidad, la credibilidad y la confianza, la cercanía y el diálogo permanente con la ciudadanía. Estos aspectos son esenciales para el cumplimiento de principios fundamentales establecidos en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Coincidiendo con la Fundación Kofi Annan mediante su documento Confianza en elecciones y aceptación de resultados existe evidentemente una conexión, aunque compleja, entre la calidad técnica de una elección y la legitimidad de sus resultados. Advierte que “las elecciones en su mayoría producen resultados que ameritan aceptación aun con la presencia de imperfecciones de diferente grado”; y señala que una corrección pacífica debe buscarse en esas circunstancias, pero que se requiere de que contendientes y sus partidarios tengan confianza o “esperanza razonable” en que “un resultado justo” pueda alcanzarse. Sin embargo, creemos que aún la credibilidad, la confianza y el alcance de la integridad es un reto latente para las instituciones electorales de Latinoamérica.

Existen estudios como el de Carolien Van Ham[1] sobre más de 800 elecciones celebradas en 97 países después de 1975, y se llegó a la conclusión de que las elecciones con mayor integridad fueron donde se derrotaron a gobiernos de turno que, de forma previa a los comicios, registraron en su país un mal desempeño con relación al crecimiento económico y las libertades civiles.

Como un caso específico, desde el Consejo Nacional Electoral de Ecuador estuvimos convencidos, en las Elecciones Generales de 2017, que la transparencia y la participación democrática con seguridad jurídica, son condiciones esenciales para la aceptabilidad de la derrota; sobretodo, cuando se tienen resultados justos. Siguiendo en la línea de Jonathan Hartlyn, Jennifer McCoy y Thomas M. Mustillo,[2] una norma clave es que “las elecciones democráticas deben aplicar procedimientos justos y ser técnicamente sólidos”. Esto conllevó a que se tuviera una mirada integral y con acciones corresponsables.

En la etapa pre-electoral, iniciamos con la aprobación del plan operativo, calendario y cronograma, un año antes de los comicios, lo que facilitó que desde un principio todos los actores involucrados tuvieran conocimiento y participaran de forma activa, ejerciendo el control político y social; la realización de los Consejos Consultivos con organizaciones políticas de las 24 provincias del país; los diálogos en territorio con autoridades, gremios, medios de comunicación y ciudadanía; los procesos de formación cívica; el Plan General de Seguimiento y Auditorías, junto a delegados de partidos y movimientos; y la suscripción de Convenios Interinstitucionales para garantizar la igualdad y acceso al sufragio, así como el fortalecimiento de procesos de participación política.

Durante la etapa electoral, garantizamos contar con un Padrón Fotográfico del 74% en comparación al 37% de las Elecciones Seccionales del 2014 y del 0% en las Elecciones Generales de 2013; la modalidad de Voto en Casa en las 24 provincias del país; la entrega, por primera vez, de un certificado de votación con fotografía, en correspondencia al 74% del padrón fotográfico; la incorporación del borrador de escrutinio para garantizar transparencia y confiabilidad a las organizaciones políticas en cada una de las Juntas Receptoras del Voto; la funcionalidad de los Recintos de Transmisión y Procesamientos de Actas (RTPA) con los 1.850 scanner donados por Corea del Sur, que transmitieron las actas de forma inmediata desde los mismos recintos de votación y cuyas consultas se realizaron desde la página web; la innovación en el mecanismo de selección de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que estuvieron lideradas de forma histórica por estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas; la pluralidad de la presencia de observadores nacionales y de las Misiones de Observación Internacional como OEA, UNASUR, UNIORE y AWEB, así como expertos y Magistradas Electorales de Iberoamérica; y el control político de los partidos y movimientos en más del 90% de las Juntas Receptoras del Voto mediante sus delegados, y su presencia en las audiencias públicas de escrutinio.

Por su parte, en la etapa postelectoral, asumimos como compromiso el análisis de los retos, los nudos críticos, las lecciones aprendidas, las autoevaluaciones institucionales y las recomendaciones de las misiones de observación, para contribuir al mejoramiento continuo de las prácticas electorales y a una efectiva gestión de la calidad, pues es fundamental mencionar que el CNE cuenta con la Certificación Internacional en la Especificación Técnica ISO/TS 17582, dirigida a los organismos electorales.

Con las precisiones anteriores, vale acotar que si hay procesos integrales, esos son los electorales, porque no es un asunto exclusivo del desempeño de las autoridades electorales, sino que involucra a diversos actores y debe ser efectivamente planificado, consensuado y dialogado. La democracia debe vivirse desde la cotidianidad, con el ejercicio diario y el compromiso permanente; y, en su camino de retos, se encuentra con procesos electorales que no son iguales entre sí, porque cada uno tiene sus particularidades, sin embargo son, en resumen, una obra humana de corresponsabilidades y sueños.

Por tanto, desde el órgano electoral se puede analizar la aceptabilidad de la derrota a partir de los siguientes tres ejes: el primero, es sobre el rol de la institucionalidad para impulsar procesos que garanticen la ética en democracia y la necesidad de garantizar que los sistemas democráticos den paso a ganadores y perdedores, sin perder la esencia de la importancia de la participación en contiendas electorales; el segundo, son los retos de los participantes en comicios electorales, donde se requiere contar con mecanismos que propicien la rendición de cuentas en lo electoral, asimismo que entiendan las dinámicas de participación: donde siempre hay ganadores y perdedores, otro de los aspectos esenciales es que ejerzan el efectivo control político y social; y, el tercero, tiene relación con los mecanismos de participación, donde se empodere el electorado en la exigibilidad a las autoridades electas del cumplimiento de sus planes de trabajo y se potencie la importancia de la ciudadanización de la política.

Para finalizar las reflexiones sobre la temática desde la mirada de la institucionalidad electoral, se coincide con lo planteado por la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, Profundizando la Democracia: Una Estrategia para Mejorar la Integridad Electoral en el Mundo (2012): “la competencia electoral es un juego de ‘el ganador se lleva todo’, donde los ganadores obtienen amplios beneficios políticos, y económicos y los perdedores encaran la amenaza de violencia y de ser perseguidos. Para que haya integridad en las elecciones, aquellos deben evitar esta situación de ‘el ganador se lleva todo’ y en su lugar crear un sistema político en el que incluso los perdedores tengan incentivos para participar”.

Referencias:

[1] Carolien van Ham, Clean Elections, Good Governments? Electoral Fraud and Accountability in Third Wave Regimes, trabajo presentado en el Taller sobre Problemas de la Integridad Electoral, Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, Madrid, 7 de julio de 2012.

[2] Jonathan Hartlyn, Jennifer McCoy y Thomas M. Mustillo. “La importancia de la gobernanza electoral y la calidad de las elecciones en la América Latina contemporánea.” América Latina Hoy 51 (2009).

– Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador.

– Dayana León, periodista y master en Ciencias Sociales (FLACSO).

Juan Pablo Pozo