Colombia: el asesinato de campesinos en Tumaco pone en crisis la implementación de los acuerdos de paz

Contexto Nodal
El 5 de octubre campesinos que protestaban por la erradicación forzada de los cultivos ilícitos de coca en Tumaco, departamento de Nariño (sureste colombiano), fueron atacados por fuerzas de seguridad. El gobierno sostiene que murieron seis campesinos pero los pobladores aseguran que son al menos nueve. En tanto, el domingo 8, una comisión humanitaria de la ONU y la OEA que se dirigía a la zona también fue atacada por las fuerzas policiales.

Tumaco y la crisis en la implementación de los acuerdos – Por Tiberio Gutiérrez

El asesinato de seis campesinos cocaleros a manos de la policía antinarcóticos el 5 de octubre, en el Municipio de Tumaco, departamento de Narño, además de 26 heridos y varios desaparecidos, está confirmando que el manejo de los conflictos en el posacuerdo será más complicado que la implementación de los acuerdos de La Habana.

En los acuerdos de La Habana está escrito que la erradicación de los cultivos ilícitos será de forma concertada con los campesinos para una erradicación voluntaria a cambio del compromiso del Gobierno de concertar planes de desarrollo rentables para las comunidades campesinos que les permitan tener una subsistencia decente, con vías de comunicación, escuelas, centros de salud, subsidios de cosechas, centros de comercialización de sus productos y aplicación de la tecnología moderna para la producción.

Sin embargo, en Tumaco resultó lo contrario. Un municipio con 24 mil hectáreas sembradas de coca, con 200 mil habitantes, cruzado por la ausencia estatal, la informalidad, el contrabando, la minería ilegal, control social de los grupos armados ilegales, inclusive con la disidencia de las Farc; donde la juventud no tiene otra alternativa para la subsistencia que la coca y el mototaxismo, única forma de empleo en la región, que ha padecido la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y de los grupos armados de los narcotraficantes, y ahora de la disidencia de las Farc.

El problema es muy complejo, por eso el enfoque tiene que ser multilateral. No ayuda a la solución una mirada unilateral, donde los únicos responsables son la policía antinarcóticos o los campesinos cocaleros que no tienen otra alternativa para vivir. Aquí hace falta una acción institucional multidisciplinaria, con un plan estratégico de desarrollo de la región, donde se establezcan las prioridades de sustitución de cultivos ilícitos por planes de desarrollo para las comunidades, que tengan la base tecnológica, financiera e institucional que le permitan a la comunidad ganar confianza en el Gobierno nacional, regional y local, para que pueda ser partícipe activa en los planes de desarrollo alternativos a la siembra de cultivos ilícitos, como podrían ser el cacao, el coco, la palma africana, ganadería y demás planes agropecuarios.

El nudo del problema que no se ha enfrentado con decisión es la financiación de la cadena por los multimillonarios capitales del narcotráfico que controlan la producción, la compra, las rutas de transporte y el lavado y legalización de los activos en el sistema financiero, que permiten manipular la producción y venta de la coca en los mercados internacionales.

Mientras no se controle este factor del mercado de la coca en Tumaco, en Catatumbo, y en todos los principales centros de producción de cocaína en el país, la erradicación violenta es como salir a buscar el ahogado rio arriba. Y en este punto entra a jugar su papel determinante la corrupción de funcionarios de la Policía, de los cuerpos de inteligencia, de la Fiscalía, de los jueces, de los políticos, alcaldes, concejales y demás funcionarios y organismos de control. ¿Cómo sale esa cantidad de coca de 24.000 hectáreas a los mercados internacionales? ¿Dónde están los organismos de control?

Por eso el toro hay que cogerlo por los cachos en Tumaco, en Catatumbo, y en general en todas las zonas cocaleras si queremos tener algún día un país libre de cultivos de uso ilícito. Porque es una frase de cajón, pero hay que repetirla hasta el cansancio: si no se acaba la cadena del narcotráfico, especialmente el eslabón de los capitales multimillonarios que financian esta actividad productiva ilegal, es imposible acabar con la financiación de los grupos armados ilegales, y en general, con la violencia del pos-acuerdo.

La lección dolorosa que dejan los hechos sangrientos en Tumaco ocurridos el 5 de octubre, es que si el Gobierno no le pone atención a la esencia del problema, o sea, la neutralización del capital de los narcotraficantes, va ser muy difícil poder evitar que la corriente de ultraderecha se salga con la suya de “hacer trizas” los acuerdos de paz.

Antes que seguir las instrucciones de Washington lo que tiene que hacer el gobierno es elaborar una política antinarcóticos independiente, que consulte con los intereses de las comunidades campesinas y no cayendo en la política fracasada de la fumigación y de la confrontación violenta que ha demostrado hasta la saciedad su fracaso total.

Me atrevería a pensar que el punto cuarto de los Acuerdos de La Habana sobre la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que tiene mucha relación con el punto primero sobre la reforma rural integral, es la esencia de la negociación política del conflicto armado, claro que sin menospreciar la participación política mediante las reformas electorales para la apertura democrática y la reivindicación de las víctimas mediante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Los hechos luctuosos de Tumaco están demostrando que la implementación de los acuerdos de paz está en crisis. El Estado y sus instituciones están demostrando una displicencia negativa y contraproducente frente a sus compromisos con las Farc y las comunidades; el Gobierno abandonó el liderazgo frente al Congreso, frente a la desbandada de los partidos de la “Unidad Nacional” que ahora están pensando en la próxima campaña electoral; con la corrupción en la justicia, en el congreso, en el ejecutivo, que está destapando la podredumbre del régimen.

Los plazos del Acuerdo no se están cumpliendo: la guerrilla hizo dejación de las armas a una comisión de la ONU, construyó su partido político que acaba de inscribir en el Consejo Nacional Electoral, y sin embargo, más de mil presos políticos están en las cárceles; las zonas de capacitación y reinserción están a la deriva; el Gobierno persiste en la reincorporación individual y no colectiva; la implementación carece de financiación en los planes de Gobierno.

La sustitución de cultivos ilícitos está condicionada por el Gobierno de Trump; el Ejército y la Policía están en un plan de choque contra las comunidades; el embajador de EE.UU. acusa a las Farc de incumplimiento para justificar la extradición; el nuevo comisionado rehúye el encuentro con la comisión de seguimiento y verificación (CSIVI) inventándose supuestos infiltrados narcotraficantes en las listas de los presos de las Farc; el fiscal frena la investigación de altos mandos militares, habla de testaferros y lavado de activos para justificar medidas punitivas, y le pone palos a la rueda de la Justicia Especial para Paz; la política contrainsurgente continúa vigente en plena campaña electoral; sigue creciendo la lista de asesinatos de líderes sociales, de exguerrilleros y familiares; el paramilitarismo continúa creciendo en nuevas áreas del país.

Las corrientes de ultraderecha que quieren “hacer trizas” los acuerdos de paz, o revisar la esencia de los mismos, tienen mucho poder en las finanzas, en la tierra, en la industria, en el comercio, en los medios de comunicación y están a la ofensiva.

Cuestionan la prohibición constitucional del paramilitarismo y presionan para bloquear la ley estatutario de la Justicia Especial para la Paz (JE) y, como si fuera poco, la ultraderecha sigue atizando la guerra, metiéndole miedo a la gente con el cuento mentiroso de que el presidente Santos le entregó el país a las Farc, al comunismo y al Castrochavismo.

Por eso hacemos un llamado a la opinión democrática, al movimiento popular, a los partidarios de la solución política negociada, a los diálogos y a la movilización para reclamarle el Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, el desmonte del paramilitarismo, garantías para los exguerrilleros, las fuerzas democráticas y para la movilización popular.

Incluir en la reforma política las coaliciones y las listas abiertas que permitan la participación de las fuerzas de izquierda, y la agilización de la amnistía, la aprobación de la ley reglamentaria de Justicia Especial para la Paz, y concluir la conciliación del Acto legislativo de prohibición del paramilitarismo.

Defender la verdad histórica y abrir el debate sobre el papel del anticomunismo en las políticas públicas, en las causas de la guerra como pretexto para la persecución política. Hay que celebrar en las acalles el primer aniversario del acuerdo de paz el 24 de noviembre, y participar en el paro nacional popular del 12 de octubre, saludar el cese del fuego con el ELN y los diálogos territoriales.

Llamar a los candidatos presidenciales alternativos a encontrar elementos programáticos comunes como: solución política negociada; implementación de los acuerdos; desmonte del paramilitarismo; pacto para sacar las armas de la política; lucha contra la corrupción; cambio de modelo económico; lucha por la defensa del agua, del medio ambiente y del territorio; defensa del salario, garantías laborales y organización sindical; reestructuración del sistema de participaciones; cumplimiento de los acuerdos con el movimiento cívico; garantía para la movilización popular; desmonte del ESMAD; derogatoria de la ley de “seguridad ciudadana” y del código de policía violatorias de las libertades; proponer a los precandidatos alternativos una candidatura única para la primera vuelta presidencial.

Como podemos ver, la masacre de Tumaco es la manifestación de un problema estructural, eminentemente político, que no se va a resolver sino con la conquista de un Gobierno democrático y popular.

Las 2 Orillas


Gobierno ordena relevo de un centenar de policías en Tumaco

Pasados cinco días de la masacre de seis campesinos que hacían parte de labores de erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Tumaco (Nariño) –hecho agravado por el hostigamiento de la Policía contra una misión humanitaria y de periodistas que indagaba lo ocurrido– este martes el Gobierno Nacional ordenó que 102 uniformados que prestan sus servicios en la población sean relevados, es decir, que sean trasladados a otras poblaciones.

Según explicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se trata de una orden expresa del presidente Juan Manuel Santos ideada para mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía en la Policía. A esta medida se sumarán una serie de decisiones –desde lo social, lo policial y lo militar– para que las comunidades se acerquen a las autoridades, se combata el crimen organizado (tanto narcotráfico como minería ilegal) y se recupere el control territorial institucional.

“Con el presidente Santos, hemos instruido al señor general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, para que se adelante un relevo de las unidades policiales en el municipio de Tumaco. Vamos a empezar con 102 unidades policiales: dos oficiales, 20 uniformados del nivel ejecutivo y 80 patrulleros que serán rotados a otros destinos del país”, manifestó Villegas.

El ministro anticipó nuevas rotaciones en la Policía de Tumaco e indicó que, además de un mejor trabajo con las comunidades, la apuesta es porque en Tumaco “no solo se vean nuevos rostros, sino nuevas actitudes en los uniformes policiales para aumentar la confianza”.

Villegas –quien dijo que Tumaco ha sido una ciudad martirizada por la violencia y el crimen organizado– manifestó que, en el plano militar, se intensificarán los esfuerzos para enfrentar al crimen residual de las Farc, “que es activo y peligroso”, así como el crimen organizado, que ha extendido su actividad hasta la frontera con Ecuador y la ribera del Pacífico.

Las acciones se enfocan también contra la guerrilla del Eln, agregó Villegas, quien aseguró que, pese a que se respetará el cese bilateral al fuego vigente hasta enero de 2018, ello no impide que la Fuerza Pública “persiga el delito donde se esté cometiendo y por quien lo esté cometiendo”.

A nivel social, el ministro señaló que el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, está coordinando acciones para establecer nuevos puentes de diálogo con las comunidades: “Los pobladores necesitan cercanía y mayor atención, por ejemplo, en temas como resolución de conflictos; trabajo con infancia y adolescencia; prevención del consumo de drogas; medio ambiente y protección de comunidades vulnerables”, precisó Villegas.

Por último, el funcionario ratificó la “plena disposición de la Policía y de las instituciones armadas” para contribuir en el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía en relación al asesinato de seis campesinos y el hostigamiento a tiros contra miembros de una misión humanitaria que indagaba por los hechos. Tales acciones han sido atribuidas, de forma preliminar, a miembros de la Policía.

El Espectador


Habitantes y líderes temen otra tragedia en Tumaco

“La verdad es una sola: la Policía disparó indiscriminadamente contra los campesinos cocaleros y su responsabilidad en la masacre es total”.

Así lo expresaron habitantes y dirigentes de Alto Mira y Frontera en Tumaco a raíz de las noticias conocidas en las últimas horas sobre las concluyentes evidencias de la participación de la Fuerza Pública en la muerte, según el propio Gobierno, de 6 campesinos y otros 20 heridos.

Los líderes, que por motivos de seguridad pidieron no revelar sus nombres, expresaron que esta versión ha sido plenamente confirmada luego de que la inspección general de la Policía suspendiera a 4 uniformados comprometidos con la masacre y que además la institución reconociera que lanzó dos granadas de aturdimiento contra la comisión oficial que verificaba la zona de la tragedia la tarde del domingo.

“Y ni qué decir de los testimonios de los sobrevivientes que coinciden en que fueron atacados por los uniformados. Incluso el propio vicepresidente Oscar Naranjo señaló que no se descarta que la escena del crimen haya sido manipulada para encubrir a los policías”, precisaron.

Otro enfrentamiento

Mientras que el domingo, en concurridos pero conmovedores funerales, los campesinos les daban el últimos a dos de las víctimas de la masacre que vivían en los sectores de La Guayacana y la Playa, en Tumaco; en la mañana de este lunes la Gobernación de Nariño confirmó que se presentaron nuevos enfrentamientos entre el Esmad y los campesinos en los sectores El Piñal y Puerto Rico, próximas a Alto Mira.

La denuncia fue hecha por la Oficina de Derechos Humanos en el marco de una reunión en Pasto, entre autoridades departamentales, campesinos y exguerrilleros de las Farc, para analizar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

“No es justo que después de los hechos del domingo, cuando una comisión humanitaria fue atacada por miembros de la policía, otra vez se registren nuevos enfrentamientos”, indicaron voceros de esa dependencia.

Por su parte los campesinos indicaron que temen que se presente otra tragedia similar a la de la semana pasada, puesto que afirman que si bien la Policía continúa con los operativos de erradicación forzosa, ellos se rehúsan a salir de la zona pues temen quedarse sin el sustento de ellos y sus familias.

Temen alteraciones

El vicepresidente Oscar Naranjo, quien continúa en Tumaco, no descartó que en el sitio donde murieron las seis personas haya sido manipulada la escena del crimen.Manifestó que el lugar estuvo 12 horas sin que se hiciera la cadena de custodia y en ese tiempo se pudo haber alterado algunos elementos.

“Buena parte de los testimonios señalan a la Policía, pero eso lo dirá la investigación”, manifestó el funcionario en declaraciones a RCN radio.

Ofreció disculpas

El comandante de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, confirmó que ya fueron entregados a las autoridades los cuatro uniformados señalados de cometer los hechos violentos del pasado 6 de octubre en Tumaco.

Asimismo el oficial ofreció excusas a la comunidad por lo que sería una actuación desmedida de sus hombres en área rural del Puerto.

“Ofrecemos disculpas a las familias afectadas con esto que ha venido sucediendo. El tema es consecuencia de lo que en épocas anteriores hemos tenido que vivir. El trabajo de erradicación tiene sus complejidades”, señaló el oficial.

Insistió en que alias Guacho, ‘Cachi’ y ‘David’, integrantes de las disidencias de las Farc, son los responsables de la masacre y añadió que fue arreciada la ofensiva para dar con su captura y combatir el crimen organizado que, según él, está detrás de las protesta de los cocaleros.

Procuraduría investiga

La Procuraduría General de la Nación por su parte asumió este lunes las investigaciones que tiene control interno de la Policía y las Fuerzas Militares por la muerte de los campesinos.

La entidad designó al Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos para que asuma la investigación integral incluyendo las decisiones tomadas en las últimas horas en materia de suspensiones disciplinarias a miembros de la Policía.

El Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos también investigará las denuncias sobre las presuntas agresiones contra la comisión de verificación que se desplazó el domingo al lugar de los hechos.

Desgarrador testimonio

En el hospital Universitario Departamental de Nariño en Pasto, el campesino José de La Cruz, quien resultó herido durante la masacre, relató los momentos dramáticos vividos la mañana del jueves.

“Estaban tirando a rematar. Yo pasé por el medio de cuatro amigos míos muertos”, dijo y aseguró que fueron miembros de la Policía los que dispararon contra la multitud que protestaba contra la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.

“Ellos nos comenzaron a disparar sin ningún motivo, sin ninguna razón.Los policías nos dispararon a nosotros, los campesinos, a los mediadores, a los que estábamos bregando a mediar para que viéramos a ver como organizábamos la erradicación. Nosotros queríamos que nos dieran siquiera 8 días para ir a Tumaco para llegar a un acuerdo”, agregó.

Diario El Sur


Tras masacre de Tumaco 14 personas siguen internadas en hospitales

La Fiscal (E) General de la Nación, María Paulina Riveros, entregó el primer informe sobre las investigaciones que permitirán establecer responsabilidades tras la masacre ocurrida en la vereda El Tandil, el jueves pasado.

Así mismo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que serán cambiadas todas las unidades de la Policía Antinarcóticos que adelantaban labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos en Tumaco, en total, dos oficiales, 20 suboficiales y 80 patrulleros.

A continuación, publicamos el pronunciamiento de la Fiscal (E) Riveros:

Hemos terminado el primer trabajo en equipo de evaluación y análisis de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, que se inició desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos acaecidos el 5 de octubre último en la vereda El Tandil, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño); investigación tendiente a esclarecer las circunstancias en las que estos hechos sucedieron y determinar la responsabilidad penal de quienes hubieran podido incurrir en delitos. Hemos avanzado a muy buen ritmo en la recolección de evidencia.

El equipo de la Fiscalía General de la Nación a quien se ha confiado la investigación penal está compuesto por más de 70 personas, entre quienes se encuentran el delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León; el director nacional del CTI, general en retiro Luis Alberto Pérez Albarán; la directora especializada contra la Criminalidad Organizada, Claudia Carrasquilla Minamí; el director de la Seccional Nariño, Nelson Andrés López, y el fiscal que conduce la investigación y dirige los actos procesales para el recaudo y análisis de pruebas, según las directrices de la vicefiscal general de la Nación.

Dentro del equipo tenemos fiscales especializados en criminalidad organizada y en derechos humanos e investigadores expertos en balística, informática forense, perfilación criminal y topógrafos, entre otras especialidades —todos ellos adscritos al cuerpo técnico de investigación de la fiscalía general de la nación—. También hacen parte del equipo 5 médicos legistas de Tumaco y Pasto (Nariño), así como Cali (Valle del Cauca) y sus equipos de patología y ciencias forenses.

– Podemos confirmar que a la fecha hay 6 personas fallecidas, quienes ya están plenamente identificadas y un número de 20 personas heridas — todas localizadas— 11 de las cuales continua hospitalizadas, y de quienes estamos recibiendo su testimonio sobre los hechos. Por último tenemos conocimiento de que probablemente habría tres personas hospitalizadas en el vecino país de Ecuador.

– En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder y en cadena de custodia las armas de fuego y la munición asignada a la Policía Nacional y al Ejército, así como los proyectiles y vainillas encontrados en los cuerpos de las personas fallecidas y aquellos recuperados en el lugar de los hechos, los que —previos los cotejos científicos correspondientes— nos permitirán definir el tipo de armas que fueron utilizadas.

– El día de hoy el equipo de la Fiscalía General de la Nación continúa con la obtención de elementos materiales probatorios en la escena del crimen y con el recaudo de evidencia testimonial documental, para la adopción oportuna de las decisiones correspondientes en materia judicial. Invitamos a todas las personas que tengan conocimiento de las circunstancias que rodearon este lamentable suceso para que se acerquen a la Fiscalía general de la Nación.

General de la Nación, María Paulina Riveros, entregó el primer informe sobre las investigaciones que permitirán establecer responsabilidades tras la masacre ocurrida en la vereda El Tandil, el jueves pasado.

Así mismo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que serán cambiadas todas las unidades de la Policía Antinarcóticos que adelantaban labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos en Tumaco, en total, dos oficiales, 20 suboficiales y 80 patrulleros.

A continuación, publicamos el pronunciamiento de la Fiscal (E) Riveros:

Hemos terminado el primer trabajo en equipo de evaluación y análisis de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, que se inició desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos acaecidos el 5 de octubre último en la vereda El Tandil, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño); investigación tendiente a esclarecer las circunstancias en las que estos hechos sucedieron y determinar la responsabilidad penal de quienes hubieran podido incurrir en delitos. Hemos avanzado a muy buen ritmo en la recolección de evidencia.

El equipo de la Fiscalía General de la Nación a quien se ha confiado la investigación penal está compuesto por más de 70 personas, entre quienes se encuentran el delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León; el director nacional del CTI, general en retiro Luis Alberto Pérez Albarán; la directora especializada contra la Criminalidad Organizada, Claudia Carrasquilla Minamí; el director de la Seccional Nariño, Nelson Andrés López, y el fiscal que conduce la investigación y dirige los actos procesales para el recaudo y análisis de pruebas, según las directrices de la vicefiscal general de la Nación.

Dentro del equipo tenemos fiscales especializados en criminalidad organizada y en derechos humanos e investigadores expertos en balística, informática forense, perfilación criminal y topógrafos, entre otras especialidades —todos ellos adscritos al cuerpo técnico de investigación de la fiscalía general de la nación—. También hacen parte del equipo 5 médicos legistas de Tumaco y Pasto (Nariño), así como Cali (Valle del Cauca) y sus equipos de patología y ciencias forenses.

– Podemos confirmar que a la fecha hay 6 personas fallecidas, quienes ya están plenamente identificadas y un número de 20 personas heridas — todas localizadas— 11 de las cuales continua hospitalizadas, y de quienes estamos recibiendo su testimonio sobre los hechos. Por último tenemos conocimiento de que probablemente habría tres personas hospitalizadas en el vecino país de Ecuador.

– En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder y en cadena de custodia las armas de fuego y la munición asignada a la Policía Nacional y al Ejército, así como los proyectiles y vainillas encontrados en los cuerpos de las personas fallecidas y aquellos recuperados en el lugar de los hechos, los que —previos los cotejos científicos correspondientes— nos permitirán definir el tipo de armas que fueron utilizadas.

– El día de hoy el equipo de la Fiscalía General de la Nación continúa con la obtención de elementos materiales probatorios en la escena del crimen y con el recaudo de evidencia testimonial documental, para la adopción oportuna de las decisiones correspondientes en materia judicial. Invitamos a todas las personas que tengan conocimiento de las circunstancias que rodearon este lamentable suceso para que se acerquen a la Fiscalía general de la Nación.

– Continuaremos informando a la ciudadanía y al país los avances de la investigación penal.

Diario El Cauca