Colombia: masacre de Tumaco y comunidades indígenas – Por Guillermo Narváez Ramírez

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran ítem: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores.

Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”.

En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, la fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación”,

Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y El Divorcio, municipio de Tumaco.

En este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.

Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata fue el accionar de la fuerza bruta.

Aún sin digerir la noticia de la masacre perpetrada, según diversos testimonios, por la Policía en Tumaco –Nariño– el pasado 5 de octubre; 48 horas después se informó del asesinato del líder, exgobernador y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma, del pueblo Embera Dóbida del resguardo Comunidad Dabeiba Queracito, del municipio del Medio Baudó, Chocó.

En la noche del 6 de octubre Manyoma fue raptado de su casa y en la madrugada del 7 de octubre fue asesinado por grupos paramilitares presentes en la zona.

El pueblo Embera Dóbida ocupa buena parte del territorio chocoano. De acuerdo con el censo del Dane de 2005, suman más de 37.000 personas, lo que lo hace un blanco evidente para los grupos paramilitares que pretenden tener el control total del departamento.

La Mesa Indígena del Chocó expresó que con el asesinato de Manyoma “no solo se acaba con la vida de un ser humano, arranca de nuestro territorio la sabiduría de un líder, conocimientos ancestrales que no se volverán a recuperar”. Con cada muerte, los pueblos indígenas mueren un poco más. Hasta el momento, el asesinato del líder indígena ha pasado sin mayores pronunciamientos, sin embargo, la comunidad exige al Gobierno que cumpla con la responsabilidad adquirida en el auto 004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, donde se protege y salvaguarda los derechos fundamentales de las comunidades.

El 8 de octubre de 2017 fue asesinada la comunera y periodista Efigenia Vásquez mientras el Esmad desalojaba a su comunidad en Puracé, Cauca; también el indígena Jhon Yace, hijo de Alberto Yace dirigente del pueblo.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se ha manifestado en contra de estos actos que atentan contra la vida de las comunidades indígenas del país. Hace llamados urgentes a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que se hagan responsables de las debidas investigaciones y así proceder jurídicamente.

Las comunidades indígenas y campesinas en Colombia, cada día más arrinconadas, parecen perder la batalla contra el capitalismo y el Estado, que poco a poco, y en silencio, llevan a cabo el más grande genocidio de la historia nacional, valiéndose de un diseño complejo de fuerzas armadas, de la ocupación y control de los territorios, todo ello a la sombra de la manipulación mediática que oculta o tergiversa estas realidades.

Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradicar o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello.

(*) Escritor.

Diario del Sur