Colombia: Movilización universitaria – Por Adolfo León Atehortúa Cruz

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Adolfo León Atehortúa Cruz (*)

El 4 de octubre último, miles de jóvenes universitarios en compañía de profesores, funcionarios y trabajadores de las instituciones de educación superior públicas se movilizaron en diferentes ciudades del país para exigir al Gobierno Nacional un presupuesto adecuado para la educación. Múltiples escenas recordaron las multitudinarias marchas de 2011.

En Bogotá, estudiantes de las universidades Pedagógica Nacional, la Distrital Francisco José de Caldas, la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, y también de los Andes, Javeriana y Tadeo Lozano, junto a delegaciones de la UPTC y la Universidad de Cundinamarca, presentaron una carta al Ministerio de Educación Nacional en la cual condensaron los siguientes puntos:

1. Conservar el espíritu del legislativo y con ello la destinación original de los antiguos recursos CREE (hoy impuesto a la renta y complementarios), garantizando su asignación total y directa a las IES públicas.

2. Implementar lo mandado por la Ley 1819 de 2016, reforma tributaria, destinando a las instituciones de educación superior públicas el 40 % de medio punto de IVA Social y los excedentes cooperativos.

3. Así mismo, negar todo aval al Programa Ser Pilo Paga como política de Estado, por ineficiente y oneroso para el país, por desviar recursos públicos a instituciones privadas y bolsillos particulares, y por arrebatar recursos necesarios para el funcionamiento de las IES estatales. Ser pilo no paga si lo público se acaba, fue una de las consignas más coreadas.

4. Exigir en el Presupuesto General de la Nación 2018 los recursos necesarios para la educación, ciencia y tecnología, cultura y deporte, oponiéndose a todo recorte.

5. No conceder aval a proyectos de ley que, como la Financiación Contingente al Ingreso, o aquel que regula el cobro de derechos de grado y complementarios sin especificar la sustitución de dichos recursos para las IES públicas, terminan lesionando en forma directa y concreta a dichas instituciones y ampliando la política privatizadora que prefiere la financiación de la demanda, desfinanciando y eliminando la oferta educativa que corresponde al Estado.

Finalmente, los estudiantes exigieron a la ministra de Educación la defensa del sector estatal de su ramo y disputar en los escenarios gubernamentales y legislativos los recursos necesarios para su adecuada financiación. Las universidades del Estado, dijeron los marchantes, necesitan recursos para la formalización laboral docente; la ampliación y reclasificación de plantas de funcionarios y trabajadores oficiales; la reparación y construcción de infraestructura física; la actualización de recursos educativos, tecnológicos, de laboratorio, deporte y bibliográficos; la financiación de la investigación y la internacionalización; la ampliación de cobertura y el desarrollo de la calidad, entre muchos otros.

Columnistas de diversos medios e incluso personajes como Tola y Maruja expresaron su apoyo. Una inmensa mayoría de televidentes (más del 97 %) contestó positivamente a la pregunta formulada por Yamid Amat, de acuerdo con la cual el Congreso debe incluir en el presupuesto para 2018 un aumento para las universidades públicas.

Julián de Zubiría, defendiendo la calidad de la formación en las universidades estatales, destacó que estas agregan más valor a los estudiantes que reciben. En lectura crítica, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la Pedagógica y la Nacional logran que sus estudiantes consoliden en mayor medida sus procesos lectores: “Son universidades en las que se observa mayor avance frente al nivel que tenían sus estudiantes en el momento de ser admitidos”. En el caso de razonamiento cuantitativo se destacan, además, la Universidad Industrial de Santander y la del Valle.

A ello podríamos agregar, para citar tan solo recientes mediciones realizadas por Colciencias que, con respecto a los grupos de investigación, el avance logrado por las universidades estatales es ahora más destacado por la plataforma Scienti. La Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, es la primera entre las universidades con enfoque especializado, superando por más de seis veces a las que le siguen en grupos categorizados y reconocidos.

En revistas científicas clasificadas, de acuerdo con los resultados de la Convocatoria 768 de 2016 de Colciencias, la Universidad Nacional no tiene comparación con ninguna otra, mientras universidades como la de Antioquia, Caldas, del Valle, Pedagógica Nacional, UPTC y Militar Nueva Granada superan con creces a la enorme mayoría de las universidades privadas, incluidas aquellas que hoy tienen mayor cantidad de estudiantes “pilos” en sus aulas.

El Congreso de la República debe garantizar la financiación de las universidades estatales en el presupuesto 2018 y examinar la eficiencia de programas que, como el Ser Pilo Paga, forman poco más de 30.000 estudiantes con la misma cantidad de recursos con que las universidades públicas forman más de 500.000 por año.

Del antiguo CREE, en 2017, el Programa Ser Pilo Paga recibe $434.000 millones más y las universidades públicas tan solo $129.000. Algunas instituciones, por concepto del mismo programa, han recibido hasta $74.000 millones, otras públicas, como la UPN, tan solo $8 millones. En el presupuesto proyectado para el 2018 y con las nuevas fuentes de reforma tributaria, se asignan $900.000 millones al Icetex, financiación a la demanda, y $580.000 más para el Programa Pilo. Para las universidades públicas no aparece nada, ni un solo peso. He allí un ejemplo concreto de la desfinanciación acrecentada.

La movilización, los análisis de columnistas especializados en educación y los indicadores citados invitan a la reflexión. El Congreso de la República tiene la palabra.

(*) Rector, Universidad Pedagógica Nacional

El Espectador