Colombia: según primera encuesta nacional, el 65% de la población le dice sí al aborto legal

En Colombia es fácil quedar con la boca abierta y lleno de sorpresa cada vez que se abre el periódico. A veces, porque la Corte Constitucional reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos que ponen en riesgo su vida y salud, que fueron producto de una violación o que ponen en riesgo al feto mismo. A veces, porque en los años siguientes cerca de un millón de colombianos pide, a través de un referendo, volver a penalizar cualquier forma de aborto. Otras, porque la primera encuesta realizada para entender cómo ven los colombianos el aborto demuestra que más de la mitad del país respalda el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en ciertas condiciones (ver infografía) .

La encuesta, realizada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, llegó a las 32 capitales del país. En 2.277 hogares colombianos, los encuestadores de la firma Cifras y Conceptos preguntaron por la forma como los colombianos ven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el papel del Estado a la hora de garantizarlos, si sienten que tienen suficiente información sobre ellos y si creen que es importante que los políticos empiecen a ponerlo en su agenda.

Juliana Martínez, que está al frente de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, dice que esta encuesta es única, pues si bien la Encuesta de Demografía y Salud (Ends) que hace el Ministerio de Salud empezó a incluir preguntas sobre el tema en los informes de 2010 y 2015, eran pocas y muy generales. Esta, en cambio, hizo 56 preguntas a una muestra que puede representar la opinión de poco más de 10 millones de colombianos.

La encuesta, señaló Martínez, se hizo porque ninguna de las organizaciones que trabaja el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tenía datos recientes y significativos sobre la opinión de la gente frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). No sabían si se iban a encontrar con el país que aplaudió a la Corte Constitucional en 2006 al despenalizar parcialmente el aborto o con el que promovió dos referendos para tumbar ese derecho.

Por eso es un logro que en el país del Sagrado Corazón el 65 % de la gente crea que las mujeres pueden abortar en determinadas circunstancias, sobre todo si se tiene en cuenta que en la Ends del 2015 el 55 % dijo estar de acuerdo. Si a eso se le suma que en la encuesta el 81 % dijo que es la mujer quien decide si quiere tener hijos, “uno puede ver cómo cada vez es más cierto que las percepciones sobre el tema se están transformando. Esto es muy importante para una sociedad que tradicionalmente ha creído que las mujeres son madres y ya”, explica Martínez.

Pero en Colombia no todo puede ser buenas noticias. Por más que pueda celebrarse que el 62 % de los colombianos encuestados está seguros de que la decisión de abortar es exclusiva de la mujer -es decir, que se reconoce la autonomía sobre sus cuerpos-, o que el 87 % crea que mujeres y hombres deben tener los mismos derechos para decidir sobre sus cuerpos, al desgranar los números, la realidad se complica.

Y es que todavía son evidentes las diferencias entre cómo se percibe el aborto en los estratos altos de las ciudades y los más bajos, tanto en lo rural como lo urbano. Mientras que el 70 % de las personas con el nivel socioeconómico más alto dijo que una mujer que aborta no debe ir a la cárcel, el número apenas llegó al 56 % en los niveles socioeconómicos más bajos.

El problema es que un entorno que no ve con buenos ojos a una mujer que detiene un embarazo de forma legal, puede llevar a las mujeres a someterse a abortos clandestinos e inseguros que, de acuerdo con las Naciones Unidas, son la causa del 11 % de las muertes maternas en América Latina y el Caribe. De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud, en el país se realizan 400.400 abortos clandestinos cada año, de los cuales 93.000 terminan complicándose lo suficiente para que las mujeres terminen en un hospital.

Un muro que sigue en pie

La pregunta que resuena en el fondo de estas brechas es por qué. ¿Por qué quienes tienen un menor nivel educativo -muy ligado al nivel socioeconómico- se resisten más frente al tema del aborto? Marta Lucía Rubio, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), coincide con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en que la información insuficiente que reciben las mujeres de los lugares más apartados o que son vulnerables económicamente, explica buena parte del problema.

Suponga que usted es una mujer embarazada y que pertenece al estrato 1 o 2. Suponga que quiere abortar, pero sabe que la mitad de la gente que conoce la condenaría si se entera que abortó. Según datos de la Encuesta de Demografía y Salud del 2015, si usted pertenece a la porción más pobre del país, solo existe un 35 % de probabilidad de que esté enterada que el aborto es legal en Colombia en tres circunstancias.

Supongamos que usted decide entrar a internet y por suerte se topa con uno de los vídeos de Derechos sin barreras que hizo en 2016 el Ministerio de Salud y se da cuenta de que efectivamente su caso puede clasificar en alguna de las causales que establece la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Usted acaba de superar la primera de muchas barreras que, según la Mesa que dirige Juliana Martínez, obstaculizan que las mujeres no accedan a este derecho en Colombia.

Martínez explica que tras haber acompañado a más de 1.060 mujeres en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dieron cuenta de que estas barreras pueden meterse en tres grandes grupos: un desconocimiento de las normas vigentes por parte de las mujeres; una interpretación restrictiva de la sentencia (que excluye la salud mental y social) por parte de los médicos y un último grupo que tiene que ver con fallas en el sector salud, como no contar con rutas de atención, con profesionales capacitados o porque algunos hacen un mal uso de la objeción de conciencia.

Por eso, aunque ya sepa que tiene derecho a una IVE, la carrera de obstáculos sigue: supongamos que usted se dirige al puesto de salud más cercano. Allí puede encontrarse con médicos y enfermeras que siguen comportándose como veedores morales del cuerpo de las mujeres. Marta Lucía Rubio, del Unfpa, cuenta que “cuando el equipo de salud no comprende que lo que está ofertando es un derecho, considera que la atención es algo casi discrecional a su postura al respecto. Por eso no dan información correcta, penalizan a la mujer, le dan recomendaciones para que cambie de opinión o de alguna manera la confunden”.

Pero supongamos que se topa con un médico que sí le da la información que necesita. Tras escalar este muro, sobre todo si usted está en un área rural y apartada, puede que se encuentre con que en el momento en su centro de salud no hay médicos que sepan hacer el procedimiento. Marta Rubio lo pone muy claro: “Si vivo en un municipio alejado del Cauca, pero me toca ir hasta Cali, se están reduciendo mis posibilidades de acceder a ese derecho. Lo ideal es que en todos los territorios hayan equipos formados”.

Por último, y después de interrumpir voluntariamente su embarazo, quienes se quedan en el aire son las instituciones y organizaciones sociales que están diseñando planes para que cada vez menos mujeres tengan que enfrentarse a esa seguidilla de muros que usted acaba de superar. ¿Por qué? Porque las plataformas donde se introduce la información sobre abortos en Colombia están tan desactualizadas que no hay datos certeros sobre el tema en el país.

De hecho, Ana María Peñuela, asesora del Ministerio de Salud en materia de infantes y adolescentes, reconoce las falencias en este sentido: la cosa es tan complicada que el MinSalud no tiene claro cuántos de los 5.200 abortos de los que tuvo noticia en 2016 fueron por interrupción voluntaria o espontáneos.

Por eso, dice Peñuela, están actualizando el formato de procedimientos individuales que llenan los médicos cuando atienden a un paciente, para que incluyan las tres causales establecidas por la Corte como un motivo de consulta. Además, el ministerio se está moviendo para que en el Código Internacional de Clasificación de Enfermedades -que es como el manual del cual no se pueden salir los médicos para hacer un diagnóstico- se incluyan las tres causales establecidas por la Corte. Tras estos cambios, que se espera estén listos en diciembre de este año, sería más fácil hacerle seguimiento a los casos.

De acuerdo con Juliana Martínez es urgente que el país siga ahondando en recoger información estadística. No solo para saber qué tanto ha avanzado en garantizarles a las mujeres un aborto seguro en los casos ya despenalizados, sino para saber dónde hacer el énfasis en inversión y políticas públicas. Porque el aborto, aunque tema tabú y controversial, es un derecho.

El Espectador