La situación de los pueblos originarios en América Latina – Por Eliana Márquez

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Ciertos hechos ocurridos durante los últimos tiempos en países como Argentina o Chile, han puesto de manifiesto las diversas situaciones por las que atraviesan los pueblos originarios en América Latina. En gran medida, se trata de situaciones de desigualdad social que provienen de épocas remotas.

Según la Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de la ONU, el siglo XXI se inicia con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su innegable protagonismo en las agendas nacionales e internacionales.

Uno de los derechos indiscutibles de los habitantes originarios es el de la tierra. Sin embargo, en algunos países, como por ejemplo Argentina, empresas y empresarios extranjeros compran territorios que pertenecen a las comunidades mapuches, guaraníes o quom.

Estos hechos han sido revelados, a raíz de sucesos como la desaparición de Santiago Maldonado en la zona de Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut, en la patagonia argentina. El joven oriundo de la provincia de Buenos Aires, había llegado allí para apoyar la resistencia del pueblo mapuche a la adquisición de ese territorio por parte de empresarios extranjeros.

Otro de los territorios en disputa en la patagonia argentina es la zona conocida como Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Allí es el pueblo tehuelche, más concretamente los Günün a künä quienes reclaman su derecho de propiedad de la tierra en Añelo por su presencia que data de más de 5.000 años. Ellos aseguran contar con todas las investigaciones que lo comprueban.

Cabe señalar que ese territorio es un área sumamente importante para el desarrollo energético, ya que concentra una de las reservas de gas y petróleo más importantes del planeta. Si la provincia gobernada por Omar Gutiérrez, les reconoce dicha legitimidad, las empresas multinacionales interesadas en explotar los recursos energéticos deberían pagarles derechos de superficie desde ese momento.

Por otra parte el pueblo guaraní, ubicado principalmente al norte y noreste del territorio argentino sufre desde hace mucho tiempo la persecución y la apropiación de su territorio a manos de empresarios extranjeros, como también nacionales. A principios de este año, un dirigente guaraní de Salta fue apresado durante 12 días acusado de amenazar a un empresario del agronegocio. Fue en el marco de una denuncia que realizó la comunidad guaraní Happo P+au por el accionar violento del empresario para apropiarse del territorio. Ellos también reclaman que se cumplan los derechos indígenas sobre la tierra.

Los primeros habitantes

“Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní. El empresario en cuestión había instalado, a fines de 2016, un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas, al mismo tiempo los acusó de robarles madera, de estar financiados por narcotraficantes y de ser “falsos indígenas” provenientes de Bolivia, de acuerdo a información vertida por el diario Página 12.

Ante dicho estado de situación, la fiscal Lorena Martínez llamó a mediación, apelando además a la vigencia la Ley Nacional 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país. Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.

La ley que protege a las comunidades

Dicha ley que se promulgó el 23 de noviembre de 2006 y por incumplimiento de los objetivos que establece se prorrogó en 2009 y en 2013, finalmente el 23 de noviembre de este año perdía vigencia.

A fines del mes de septiembre de este año, en sesión especial, la Cámara de Senadores aprobó con 62 votos a favor y ninguno en contra la prórroga por cuatro años de la Ley 26.160 y la giró a Diputados para su sanción definitiva. El oficialismo había pedido extenderla por dieciocho meses y finalmente por dos años, pero en el recinto no encontró apoyo y se resolvió acompañar a la mayoría.

Aunque la ley tiene ciertas limitaciones, si no se prorrogaba su vigencia dejaba a las comunidades indígenas sin protección jurídica ante un desalojo territorial. El plazo tiene por objetivo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalice el relevamiento catastral que después de once años de vigencia de la normativa todavía no finalizó.

“Este logro es de todas las comunidades a lo largo y ancho del país. Todos pusieron un granito de arena. No aflojemos, y con la unidad de los pueblos, ahora avancemos para que se apruebe en la Cámara de Diputados”, dijo al cierre de la jornada Benito Espíndola, abogado diaguita.

Octorina Zamora, histórica dirigente wichi de Embarcación, provincia de Salta también pidió la unidad de los pueblos originarios de todo el país. “Hemos demostrado que la unidad tiene logros. Hoy el logro es nuestro, de los pueblos”, destacó para la Agencia de Noticias RedAcción.

Cabe señalar que durante el tratamiento de la prórroga de la Ley en el Congreso de la Nación, hubo una masiva movilización de pueblos indígenas que reclamaron y acompañaron en todo momento su tratamiento. También se hicieron presentes referentes de las organizaciones de derechos humanos, así como personalidades destacadas como por ejemplo la de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Recientemente en Chile, la presidenta Michelle Bachelet creó el Ministerio de Pueblos Indígenas, que significa, sin lugar a dudas, un gran avance en materia de protección de derechos de los pueblos originarios.

El 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día de la Diversidad Cultural Americana.

Quienes habitamos actualmente Latinoamérica no deberíamos olvidar a los primeros pobladores de estas tierras. En los tiempos en los que ellos ya estaban aquí no existían los países, los límites políticos ni geográficos. Por lo tanto, es incorrecto señalar que son “argentinos”, “chilenos” o “bolivianos”, porque su origen es previo a la división del territorio en estados independientes. Su cultura es ancestral, y sólo por ese hecho sus derechos deberían ser respetados y considerados sin necesidad de legislación alguna. Es más, los derechos humanos no tendrían que ser diferentes para unos y otros, ni ser cuestionados y avasallados como lo son en estos casos.

(*) Comunicadora social.

La Opinión Digital