México: indígenas de Chihuahua denuncian ser víctimas de amenazas y despojo de tierras

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Con pistoleros, particulares buscan despojar de sus tierras a comunidades indígenas de Chihuahua

Casi 30 familias indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo han sido desplazadas o amenazadas con el despojo de sus tierras por dos particulares identificados como Cornelio y Aurelio Alderete, quienes han movilizado a hombres armados para intimidar a las comunidades de origen tepehuano u ódami.

La Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara aclaró que las comunidades Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, Tepozán y Tuáripa están en posesión de 3 mil 500 hectáreas desde antes del reparto agrario.

Sin embargo, Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega solicitaron a la Sedatu la enajenación de esos terrenos de “propiedad nacional”, pues aseguraron que son ellos quienes tienen la posesión, por lo que “invisibilizaron” y desconocieron a las familias indígenas que viven ahí desde hace varias generaciones.

Los Alderete, denunciaron, han movilizado a sus familias, trabajadores y pistoleros, quienes “actúan bajo el cobijo de las autoridades locales, despojando de territorio y ganado, y desplazando a familias enteras y agrediendo a menores de edad en represalia por denunciar sus crímenes”.

En julio de 2016, Cornelio Alderete movilizó a los hombres armados a su cargo y a su familia para cercar los terrenos de los cuales se considera “dueño”, y con ello despojaron a las familias indígenas de sus territorios, donde cercaron caminos y senderos.

Las comunidades interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), asentadas en la averiguación previa 19-2016-0031544 registrada ante la Fiscalía de la Zona Sur con sede en Parral.

Tras la denuncia, incrementaron las agresiones, amenazas y daños a las familias indígenas, al grado de que niñas y niños han sido agredidos por los sicarios de los Alderete.

Habitantes de Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, El Tepozán y Tuáripa, así como la comunidad mestiza El Sucepe, se inconformaron también ante la Sedatu por la solicitud de enajenación de terrenos nacionales que solicitó Cornelio Alderete; y ante la Profepa, las comunidades repudiaron la construcción de un camino de 8 kilómetros y 6 metros de ancho que atraviesa el territorio indígena.

Esa construcción representó un cambio de uso de suelo y un grave daño contra el medio ambiente, ya que se talaron más de mil 800 pinos, encinos, táscate, madroños y demás vegetación de la región. Los habitantes de aquella región exigieron que no quede impune ese delito ambiental.

Los pobladores han sido amenazados e intimidados “en un constante clima de inseguridad para las familias indígenas que, con valentía, han denunciado los ilícitos mencionados y defienden su territorio y sus posesiones, pues hasta han sido víctimas de robo de ganado por parte de Alderete Arciniega”, sostuvo la Red conformada por varias organizaciones que defienden a los pueblos indígenas de la Tarahumara.

Y advirtieron:

“Todos estos crímenes se han ejecutado bajo el cobijo de las autoridades locales, pues los Alderete Arciniega tienen parentesco político con el presidente seccional, e incluso, amenazas contra los habitantes de las comunidades se han proferido a través de los mismos policías municipales destacamentados en Baborigame.

La Red exigió que las autoridades correspondientes reconozcan sus derechos a los posesionarios indígenas y se castigue a los agresores, a la par que se ejecuten las órdenes de aprehensión por los delitos contra los menores, robo de ganado y otros.

Proceso

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