Sismo en México: organizaciones sociales exigen transparencia en el manejo de fondos para la reconstrucción y los damnificados

El Gobierno no debe manejar el dinero del rescate, reclaman; no le creen, no le tienen confianza

Organizaciones, ciudadanos, activistas y cineastas como Alfonso Cuarón, pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto garantizar que la ayuda no sea desviada y llegue a los ciudadanos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

La nueva iniciativa que crece en redes demanda “que el dinero donado por los mexicanos y partidos políticos sea para los mexicanos”. Entre el sector corporativo, instituciones y gobiernos extranjeros, estrellas y deportistas, así como los mexicanos que viven en el exterior se han realizado donaciones millonarias.

En esta lista están las de BBVA, por 10 millones de dólares; de Coca-Cola, por 3 millones; de Lady Gaga, por 2 millones; de China, Corea del Sur, Facebook, Google, Apple, por un millón de dólares cada uno; de Disney, por 500 mil dólares; de Maná, por 200 mil; de Checo Pérez, por 164 mil; del Papa Francisco, por 150 mil, y de Salma Hayek, 100 mil dólares.

Empresarios han pedido que el Gobierno transparente el uso de los recursos para el rescate, pero no lo ha hecho. También se ha solicitado que sea una comisión la que opere el dinero, tampoco se ha tenido respuesta. El Gobierno del Presidente Peña ha sido señalado por actos de corrupción. Su partido, el PRI, dio cobijo a mandatarios como Javier Duarte de Ochoa, César Duarte o Roberto Borge, acusados de desvíos de millones de pesos. El ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, es vinculado a los sobornos de Obedrech.

Desde las redes sociales, ciudadanos, activistas y hasta cineastas como Alfonso Cuarón, pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto garantizar que la ayuda no sea desviada y llegue a los ciudadanos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Tras el sismo de magnitud 7, que hasta el momento ha dejado 361 muertos, las autoridades mexicanas se vieron rebasadas por la solidaridad de los mexicanos, específicamente los jóvenes, quienes tomaron las calles para ayudar en el rescate de personas y recopilar ayuda para los afectados por el movimiento telúrico.
Ciudadanos reclaman en redes sociales que el Gobierno no tiene la confianza de los mexicanos como para manejar recursos. Reclaman la falta de transparencia con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la relación personal entre el grupo político del Presidente Enrique Peña Nieto con constructoras como OHL y Grupo Higa; este último fue el que “vendió” la “casa blanca” a la esposa del mandatario mexicano.

Empresarios han pedido que el Gobierno transparente el uso de los recursos para el rescate, pero no lo ha hecho. También se ha solicitado que sea una comisión la que opere el dinero, tampoco se ha tenido respuesta.

El Gobierno del Presidente Peña ha sido señalado por actos de corrupción. Su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), dio cobijo a mandatarios como Javier Duarte de Ochoa, César Duarte o Roberto Borge, acusados de desvíos de millones de pesos. El ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, es vinculado a los sobornos de Obedrech.

La Procuraduría General de la República (PGR) está en manos de un priista, Raúl Cervantes, ex abogado del PRI, que es calificado como el principal obstáculo para que César Duarte, por ejemplo, no sea extraditado de Estados Unidos a México para que responda por los fraudes cometidos contra los chihuahuenses.

La exigencia de los ciudadanos comenzó con la iniciativa ciudadana #PartidosDenSuDinero, la cual se generalizó y puede convertir en realidad una demanda que ha venido creciendo: dejar de dar dinero público a los partidos para que consigan financiamiento propio.

Ahora, una nueva iniciativa crece en redes: “Que el dinero donado por los mexicanos y partidos políticos sea para los mexicanos”.

Diarios internacionales como The Guardian destacaron la desconfianza de los mexicanos hacia las autoridades, las cuales han perdido credibilidad después del sismo con “falsas historias de rescate , el desvío de ayuda donada y la entrega irregular de ayuda oficial”.

“Los mexicanos han redoblado la desconfianza que sienten por sus políticos y su versión de eventos desastrosos”, expuso el medio inglés.

Organizaciones de la sociedad civil informaron que solicitarán a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) transparentar la ayuda del exterior que ha llegado al país, luego de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dio a conocer que contactarán a esa instancia y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para pedir que informen sobre los donativos que fueron entregados para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción.

Refirió que, entre el sector corporativo, instituciones y Gobiernos extranjeros, estrellas y deportistas, así como los mexicanos que viven en el exterior se han realizado donaciones millonarias que deben llegar a su destino.

Entre las donaciones están las de BBVA, por 10 millones de dólares; de Coca-Cola, por 3 millones; de Lady Gaga, por 2 millones; de China, Corea del Sur, Facebook, Google, Apple, por un millón de dólares cada uno; de Disney, por 500 mil dólares; de Maná, por 200 mil; de Checo Pérez, por 164 mil; del Papa Francisco, por 150 mil, y de Salma Hayek, 100 mil dólares.

Sin Embargo


“ReconstrucciónMX”, web para transparentar recursos de Fonden, no se ha actualizado desde 2013

A cuatro años de su lanzamiento, el micrositio ReconstrucciónMx, en el que la oficina de Enrique Peña Nieto pretendió transparentar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), nunca fue actualizado y sigue con datos del 2013.

En el portal de internet, la Presidencia de la República indica que “los datos presentados en ésta (sic) página se actualizan constantemente con base en la información del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden”.

Sin embargo, la información más recientes está fechada en septiembre de 2013, periodo durante el cual los huracanes “Ingrid” y “Manuel” azotaron diversos estados del país.

El 1 de octubre de 2013, la Presidencia de la República indicó que, a través de mapas interactivos que permiten identificar los municipios con declaratoria de emergencia y los apoyos otorgados, el micrositio ReconstrucciónMx lograría la “transparencia en los recursos para atender los desastres naturales”.

Hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el gobierno federal utilizaría parte de los recursos del Fonden para financiar la reconstrucción de viviendas de familias de Guerrero, el Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuyas casas resultaron inhabitables después de los terremotos de los pasados 7 y 19 de septiembre.

Para acceder a datos actualizados del Fonden, el ciudadano debe navegar entre las páginas y de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Secretaría de Gobernación (Segob), el portal de transparencia focalizada de esta institución o el informe de gobierno de Peña Nieto, aunque ninguna de estas bases de datos presente un nivel de desglose suficientemente detallado para permitir un monitoreo ciudadano.

No se puede saber, por ejemplo, a qué municipios ni a qué obras se destinaron los recursos, a pesar de que, en los últimos siete años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas y desvíos de dinero en la administración del Fonden.

Proceso


Académicos exigen sacar a la IP y al Gobierno de la supervisión, planeación urbana y permisos

Las viviendas y edificaciones derrumbadas en México por el sismo del pasado 19 de septiembre “pusieron en evidencia que las localidades más afectadas no cuentan con la más mínima planeación urbana ni con las normas mínimas, licencias de construcción actualizadas ni falta de gestión para evitar la auto construcción”, determinaron urbanistas y arquitectos mexicanos.

Solicitaron instalar un comité técnico independiente del gobierno y la iniciativa privada, apoyado de la academia y organizaciones, para la reconstrucción tras los sismos, así como replantear una planeación urbana con derechos humanos a nivel nacional que incluya un instituto para la vigilancia y el cumplimiento de las normas.

Ante el desarrollo desordenado y sin supervisión, urbanistas y arquitectos llamaron a instalar un comité técnico independiente del gobierno e iniciativa privada apoyado de la academia y organizaciones para la reconstrucción tras los sismos, así como replantear una planeación urbana con derechos humanos a nivel nacional que incluya un instituto para la vigilancia y el cumplimiento de las normas.

El académico en urbanismo Armando Ramírez Palomo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expuso que después de realizar un censo completo de los afectados luego de las demoliciones, es necesario imponer un comité técnico sin la participación del gobierno ni de la iniciativa privada.

La academia debe sumar esfuerzos para vigilar y mejorar los prototipos que consideren la transparencia y rendición de cuentas, dijo.

Posteriormente, debe surgir una nueva planeación territorial y políticas públicas urbanas con base en las “necesidades diferenciadas” de las comunidades y delegaciones, pidieron los especialistas.

El director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos, Adolfo Enrique Saldívar, planteó que los políticos tienen desconocimiento en planeación urbana y hacen ocurrencias, por lo que propuso un frente nacional de reconstrucción para “replantear un rumbo de planeación urbana considerando el derecho a la ciudad”.

En entrevista, expuso que en Cuautla, Morelos, ya existe un Instltuto Municipal de Planeación Urbana desde enero de este año conformado por academia, sociedad y ayuntamiento.

Durante la conferencia de prensa acusó que en vez de diseñar “ciudades operativas” que permitan el desarrollo, han surgido “centros de corrupción que consienten a mobiliarias, lo que lleva a la mala utilización del suelo”.

Las viviendas y edificaciones derrumbadas, al menos en Morelos, “pone en evidencia que las localidades más afectadas no cuentan con la más mínima planeación urbana ni con las normas mínimas, licencias de construcción actualizadas ni falta de gestión para evitar la auto construcción [sin capacitación]”, determinó el arquitecto Saldívar.

El urbanista de la Universidad Autónoma de México, René Coulomb Bocs, coincidió en que “tenemos que rediseñar el actual sistema de planeación territorial de la ciudad”.

En colonias como la Roma y la Condesa, aseguró Coulomb, teníamos 15 años de “especulación mobiliaria brutal, excluyente y gentrificada”. Pero el sismo devalúa entre 30 y 40 por ciento los valores inmobiliarios.

Se tiene una política urbana “montada” sobre un concepto de ciudad densa y compacta “del brazo” de una especulación inmobiliaria, en vez de basarse en una ciudad con derechos al espacio público y seguridad, agregó el urbanista.

La directora del Colegio de Urbanistas de México, Dolores Franco, y el académico de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Salvador Urrieta, enfatizaron que el proceso de reconstrucción va más allá de “sustituir piedras”, ya que debe considerarse un enfoque integrado que tome en cuenta las necesidades particulares de las colonias, así como los problemas ya existentes, entre ellos, las inundaciones y socavones.

La ingeniera Adriana Lobo, del World Resource Institute, aseguró que el problema no son las viviendas verticales, ya que también se cayeron de un piso, sino las hechas con materiales como adobe o las autoconstruidas sin capacitación.

Por ello Lobo urgió a la vigilancia del cumplimiento de la reglamentación, sobre todo en las viviendas de la población con menores recursos y considerando un nuevo marco de planeación urbana.

Sin Embargo


ONGs intentan atarle las manos al Gobierno, pero el reparto de tarjetas con dinero ya empezó

La desconfianza en los Gobiernos federal y locales para el manejo de los recursos destinados a enfrentar los daños del sismo, donados o públicos, provocó un ola de exigencia para que se transparente su uso. Organizaciones extranjeras y nacionales, académicos, activistas, periodistas y empresarios llamaron en las últimas horas a evitar que el dinero sea manejado de manera discrecional por parte de los gobiernos.

La exigencia para el correcto uso del dinero destinado para mitigar los daños de los temblores que han afectado el patrimonio de millones de ciudadanos y las vías de comunicación proviene desde organismos internacionales como Save the Children, Artículo 19 y Oxfam, entre otros, hasta la Coparmex, el IMCO y Fundar, por mencionar algunos. A grosso modo coinciden en que se transparente en una plataforma la totalidad de ese dinero y que personas de probada honestidad participen en el seguimiento y asignación.

La corrupción es una de las marcas que carga el Gobierno de Enrique Peña Nieto, casi desde el inicio de su inicio. Las acusaciones pesan sobre el Presidente, gobernadores y ex gobernadores y miembros del Gabinete federal, y muchas de ellas están directamente relacionadas con obra y entrega de apoyos.

Organizaciones civiles, de todo tipo y de todos los tamaños, académicos y activistas lanzaron en las últimas horas iniciativas para someter el uso de recursos púbicos, así como las donaciones, a la observación de la sociedad y no permitir que el Gobierno federal o los locales dispongan de manera discrecional de ese dinero que es de todos los mexicanos.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto sostiene que se requerirán al menos 38 mil millones de pesos para la reconstrucción en las entidades dañadas y hoy comenzó a repartir los apoyos para los afectados por los sismos que golpearon el centro y sur del país el pasado mes.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, dijo ante medios de comunicación que la entrega inició en los estados de Oaxaca y Chiapas. Ahí, detalló, se repartieron tarjetas para que los damnificados puedan acceder a los fondos.

Estas tarjetas, que estarán destinadas en su mayor parte a “casas que se destruyeron casi en su totalidad”, se conceden a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y también beneficiarán a los otros estados afectados en los sismos del 19 y 23 de septiembre, aunque no se repartirán en la Ciudad de México.

Una tarjeta proporcionará recursos para la compra de materiales y otros insumos para la construcción, y “se podrá hacer líquida, sacar el efectivo”, mientras que la otra únicamente servirá para la compra de materiales, explicó Rubio.

El reparto de tarjetas con dinero es una práctica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para captar votos. En 2012, durante la elección que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia, el PRI fue acusado de utilizar Monex para movilizar dinero por medio de tarjetas de débito. Luego, en 2017, esas tarjetas fueron repartidas por Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, aunque sin efectivo pero con la promesa de que llegaría después de la elección; a esas se les llamó “Tarjetas Rosas”.

Empresarios, instituciones y gobiernos extranjeros, estrellas y deportistas, así como los mexicanos que viven en el exterior han realizado donaciones millonarias para ayudar a enfrentar los daños del movimiento telúrico. Aún no se sabe a cuánto ascienden esos recursos.

Las organizaciones civiles quieren que ese reparto de ayuda sea organizado, sobre todo porque es previo a una elección polémica y decisiva: la de 2018.

TRANSPARENCIA Y CASTIGO, EXIGEN OSC

Las iniciativas para cuidar el manejo de los recursos han salido desdediferentes frentes y se suman a las que llevaron a los partidos a sus propuestas para dar el dinero de sus prerrogativas para apoyar a la ciudadanía ante los temblores.

Hoy, una treintena de organizaciones de la sociedad civil, patronales y académicas anunciaron que vigilarán el origen y los recursos destinados para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Las agrupaciones integradas en la iniciativa #Epicentro dieron a conocer, a través de un comunicado, los tres ejes de trabajo con el que buscan transparentar las labores y uso de dinero donado y de las arcas publicas que será usado para mitigar los daños que los temblores dejaron en algunas entidades el país.

El primer eje es el seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Ahí se identificará la información relativa a los fondos para su integración en una sola plataforma, y dará seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción.

El segundo, es proponer mecanismos para una reconstrucción con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. “Las decisiones en torno a la reconstrucción deben contribuir a la cohesión comunitaria incorporando las prioridades y necesidades de las distintas comunidades y fomentando una participación social informada. #Epicentro propondrá mecanismos que permitan una participación efectiva de la población, particularmente de las mujeres”, dice el comunicado.

Y el tercero es identificar y pedir que se sancionen a los responsables de pérdidas relacionados con actos de corrupción entre particulares y funcionarios, además de que se buscará la reparación del daño.

Las agrupaciones que impulsan #Epicentro son Transparencia Mexicana, Oxfam México, Habitat International Coalition (HIC), Mexicanos Primero, Causa Común, México Evalúa, Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), Impunidad Cero, Equis Justicia para las Mujeres, Observatorio de la Industria de la Construcción, Gobierno Fácil, Manos a la obra (estudiantes mexicanos del MIT), Supercívicos, Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Red ProBono México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Coparmex, mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mejor Ciudad, IMCO, Cohesión Comunitaria e innovación Social (CCIS), The Hunger Project, Wikipolítica CDMX, Save The Children, Tecnológico de Monterrey, NYU GovLab, Fáctico, PODER, Appleseed, Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir.

A su vez, el conglomerado Nosotrxs llamó a evitar “cualquier tentación autoritaria, cualquier captura partidaria, empresarial o de poderes fácticos” de los trabajos de reconstrucción.

Señaló que es necesario “crear un fondo único de reconstrucción nacional con reconocimiento público y con la más absoluta transparencia en tiempo real, que coordine todas las tareas”.

Y propuso que el Presidente de la República emita el decreto de creación de un fideicomiso público con plenas facultades de actuación, “en el que se depositen todas las aportaciones internacionales, las bancarias, las partidarias, las sociales y las privadas que confluyan para respaldar el proceso de reconstrucción, en el que todos debemos contribuir. A ese fondo deben concurrir las dependencias con facultades y capacidades de colaboración, pero no deben dirigirlo”.

Agregó que el comité técnico de ese fideicomiso deberá “convocar a la participación de esos sectores y dotarles de los medios para vigilar y sancionar los planes, los proyectos y las acciones derivadas del fideicomiso. Toda la información debe abrirse a la vigilancia pública y a la colaboración de la sociedad civil. Y debe dirigirse por un cuerpo de profesionales de probada experiencia administrativa, de indiscutible autoridad moral y sin filiaciones partidarias”.

Y señaló que “tras la tragedia, el objetivo no puede ser simplemente levantar lo que se ha caído, sino generar un nuevo aliento y un mirador hacia el futuro democrático. Tampoco prosperará si se fragmenta y, mucho menos, si se captura o se utiliza para fines o intereses diferentes a su propósito. Por eso es fundamental que los actores capaces de participar en su diseño comprendan que cualquier intento de sacar provecho de la tragedia nacional hundiría el conjunto de la política pública que debe implementarse”.

Nosotrxs es integrado por académicos del CIDE, al UNAM y otras instituciones, así como activistas y periodistas.

Hoy también en un foro organizado en la máxima casa de estudios, urbanistas y arquitectos llamaron a instalar un comité técnico independiente del gobierno e iniciativa privada apoyado de la academia y organizaciones para la reconstrucción, así como replantear una planeación urbana con derechos humanos a nivel nacional que incluya un instituto para la vigilancia y el cumplimiento de las normas.

Ayer, la red de #Verificado19s, la plataforma surgida luego del sismo del pasado 19 de septiembre para revisar en tiempo real la ubicación de los centros de acopio y de edificios derrumbados, cuestionó al Gobierno mexicano su incapacidad para establecer una red de logística de recepción, almacenamiento, distribución y entrega de herramientas y víveres tras la situación de emergencia que se vivió en la capital del país.

A través de un comunicado preguntó “¿Bajo qué criterios se va a reconstruir la ciudad: la seguridad y bienestar de la ciudadanía o los intereses de las constructoras?, ¿Se garantizará el derecho de la ciudadanía a participar en la reconstrucción de su ciudad?, ¿Se imputarán responsabilidades legales ante la negligencia en las construcciones afectadas o se mantendrá una complicidad corrupta en la opacidad?”.

Esta red está conformada por Ahora, Artículo 19, Ayuda Óptima, Bicitekas, CartoCrítica, Cítrico Gráfico, Centro Pro de Derechos Humanos, Cencos, Codeando México, Cultura Colectiva, Data Cívica, Datank.ai, Democracia Deliberada, Devf, Fósforo, Horizontal, La Lonja MX, OPI, Oxfam, Revista Paradigmas, R3D, Serapaz, Social TIC, The Data Pub, Tú Constituyente. También cuenta con el apoyo de Google, McKinsey y Vice.

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