Colombia: Diputados vota el proyecto de Justicia Especial para la Paz, clave para el posconflicto

Con 32 artículos aprobados en bloque, Cámara inicia votación de la Jep

La Cámara de Representantes inició este miércoles la discusión y aprobación del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde se votaron 32 artículos en bloque, que no tenían ninguna proposición. La plenaria está citada a las 10:00 de la mañana de este jueves y se espera que continúe la votación de los 131 artículos que restan.

Según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, la votación avanza a buen ritmo y clarificó que se creó durante el debate una subcomisión que analizará las proposiciones que se le presentaron al proyecto, para que ese informe se convierta en la hoja de ruta de la discusión.

“Hoy se votaron artículos sobre los principios generales de la JEP, los que definen los órganos de esa justicia y aquellos que no generan controversia. Mañana vamos a presentar el informe con la subcomisión y vamos a votar individualmente los artículos controversiales, como los de participación en política y las competencias de la JEP en el régimen de selección para los crímenes más graves”.

Sostuvo que el Gobierno sigue trabajando para que el 30 de noviembre se logre aprobar el proyecto de Justicia Especial para la Paz.

“Nosotros estamos trabajando con la perspectiva de que este proyecto se apruebe antes de finalizar el Fast Track. Si lo logramos aprobar la próxima semana solo bastaría la conciliación para que pase a su análisis en la Corte Constitucional” dijo Rivera.

El ministro señaló que “la reforma política se abordará el lunes y en la próxima semana se votará la conciliación de las circunscripciones especiales de paz. Si sacamos estos proyectos adelante el Gobierno se sentirá satisfecho y haremos una evaluación de aquellos proyectos que eventualmente no sean tramitados para saber cuál va a ser el un tratamiento a ellos”.

Con respecto a las preocupaciones expresadas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el jefe de la cartera política aseguró que esos tres artículos se votarán de manera individual y no entrarán en el análisis de la subcomisión.

Cabe recordar que Martínez radicó una carta en la plenaria de la Cámara, donde dio a conocer algunos reparos finales frente al proyecto. Entre ellos aseguró que los desmovilizados no pueden cometer nuevos delitos, que no puede haber impunidad para grandes crímenes y que las listas de guerrilleros debieron haber sido cerradas el pasado 15 de agosto.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, aseguró que le dará tiempo a las discusiones importantes mientras que los artículos que solo tienen el ánimo de dilatar serán discutidos rápidamente.

“A lo importante le daré todo el tiempo, para eso no habrá pupitrazo, quienes quieran intervenir tendrán el uso de la palabra porque este texto no puede salir mal. Las proposiciones que no versen sobre temas de fondo podrán votarse en bloques, dependiendo de su contenido; las proposiciones que tengan que ver más sobre la libertad de los colombianos, la verdad, la reparación y la justicia, serán discutidas con calma y sosiego, la bagatela la discutiremos rápidamente”.

El representante del Centro Democrático Edward Rodríguez, criticó la posición de Cambio Radical, pues dijo que ese partido y el Partido Conservador “dicen una cosa ante los medios y hacen otra cosa ante el país, ahí están arrodillados votando toda la JEP, esto no es convenientes para el país. Con esta iniciativa se le va a dar plena impunidad a las FARC, aquí no se van a reconocer los derechos de los menores que han sido violados por los jefes del cartel de las FARC, a futuro el país debe reorientar estos acuerdos”.

Por otro lado, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que ve con buenos ojos como avanza la discusión del proyecto “creo que hay una mayoría importante de miembros de la cámara que están respaldando este proyecto y que le están cumpliendo a las víctimas que son el centro de gravedad de este proceso”.

El retiro de voces de paz de la discusión

Los representantes de Voces de Paz sentaron su voz de protesta frente al fallo de la Corte Constitucional y frente al avance del proyecto levantándose de la discusión, según dijo Jairo Rivera, “había que sentar un precedente sobre lo que implica para el país y sobre lo que implican las más de 300 proposiciones para sabotear el debate. Aquí están discutiendo en función de una JEP para las FARC y todos los criterios son en función de las FARC pero la JEP no es para las FARC, si así fuera solo sería necesaria una ley de amnistía, queremos cerrar la página de la guerra”.

El Alto Comisionado respondió a las acusaciones diciendo que es una actitud lamentable. Sin embargo, espera que “analicen con mesura y sosiego el fallo de la Corte, lo que les permitirá entender que la JEP va a salir fortalecida del Congreso, que el fallo de la corte mantuvo incólume el acuerdo, la elegibilidad política, una justicia especial para cerrar este conflicto y dejó abierta la puerta para que servidores del estado y terceros comparezcan a la justicia priorizando sus investigaciones en la justicia ordinaria”.

El Universal


Habría nuevas condiciones para que exFarc no salgan de la JEP

La plenaria de la Cámara de Representantes se alista para debatir y votar, desde este miércoles, el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, en el cual hay una novedad que reforzaría las obligaciones de los exguerrilleros con el sistema: el nuevo régimen de condicionalidades.

El régimen de condicionalidades es una serie de seis requisitos que tendrían que cumplir los exguerrilleros que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para mantener los beneficios del sistema.

El representante a la Cámara por ‘la U’ y ponente del proyecto de ley que reglamenta la JEP, Hernán Penagos, explicó que el alto tribunal, en su pronunciamiento sobre el acto legislativo que le dio vida a este modelo de justicia, “creó” estas “obligaciones adicionales”.

De acuerdo con la Corte, dentro de ellas están la “dejación de armas”, la “obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil” y de “aportar verdad plena” sobre los hechos del conflicto. Nada nuevo hasta ahí.

Las novedades vienen en la parte de “garantizar la no repetición” de hechos violentos y delitos “después del primero de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados”.

Esto significa que los jueces de la JEP deberán verificar que los exguerrilleros han roto todo tipo de vínculo con el narcotráfico, incluida la tenencia de cultivos ilícitos. De lo contrario podrán expulsarlos del sistema y perderán los beneficios de este modelo de justicia.

Adicionalmente, el nuevo régimen de condicionalidades impone que dentro de la reparación a las víctimas se debe verificar que digan “la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos”.

Esta condición es un refuerzo en lo que tiene que ver con los exguerrilleros a los que se les descubra que ocultaron bienes a través de testaferros, para quienes está claro que perderán los beneficios del sistema y serán procesados por la justicia ordinaria.

La sexta condición es que los excombatientes entreguen “los menores de edad”.

Para observadores, estas nuevas condiciones les quitarían discrecionalidad a los magistrados y jueces de la JEP, quienes en varios aspectos de la aplicación de este modelo de justicia podían basar algunas de sus decisiones en su propio criterio.

Con este régimen de condicionalidades, estos servidores deberán verificar que los exguerrilleros cumplan con estas condiciones para permanecer en la JEP. Si no cumplen todos estos seis requisitos, no podrán estar en esta justicia especial.

Para Penagos, “el incumplimiento de estos requisitos simplemente dará para que la persona salga del sistema, pierda los beneficios y sea la justicia ordinaria la que lo investigue, así se le haya impuesto sanción en la JEP”.

Este miércoles se espera que la plenaria de la Cámara comience el estudio del proyecto de ley, que incorpora este régimen de condicionalidades, el cual debe estar listo la próxima semana cuando termine la vigencia del procedimiento especial con el que el Congreso ha tramitado la implementación del acuerdo.

El Tiempo


Farc denuncian que aún tienen activas las circulares de la Interpol

Rodrigo Granda, integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, le dijo a Caracol Radio que cuando estuvo en Manta, Ecuador, en la reunión con los negociadores del Eln tuvo un problema grave, ya que las órdenes de captura a través de las circulares rojas de la interpol aún están activas.

“Notamos que hay retrasos del Gobierno en las suspensiones de las órdenes de captura que vienen de la Interpol. Hemos tenido varios inconvenientes con la gente nuestra y quienes integraban el secretariado de las Farc y el ejecutivo no da respuesta sobre esto”.

Según Granda, en el tema de la interpol, el Gobierno colombiano está en la obligación de notificar la suspensión de las órdenes de capturas y que por eso se debe hacer ese trámite lo más pronto posible.

Asegura que siguen con otros problemas dentro del territorio nacional. “Además de esto, también hay problemas con los juzgados y otras dependencias, ya que continúan con las órdenes de captura y eso impide el libre movimiento de las personas de nuestro nuevo movimiento político”.

Estos y otros temas son estudiados por las partes en las reuniones que se hacen a diario de la CISIVI, donde se hace seguimiento al proceso de implementación del acuerdo de paz.

Caracol


El primer año de la paz en cifras

Miles de personas han dejado de morir o huir, y cientos se han salvado de mutilaciones. Colombia sufre menos gracias al acuerdo que firmó hace un año para que la guerrilla Farc se desarmara y convirtiera en fuerza política.

Aun con sus detractores, el acuerdo suscrito el 24 de noviembre alivió un enfrentamiento de 53 años que ha dejado 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos en choques entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes.

Pero también destapó amenazas en medio de los incumplimientos que alegan los guerrilleros.

Éstos son algunos datos del primer año del pacto de paz que se negoció desde 2012 en Cuba, y que derivó en la creación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Lo que alivia

Menos armas

Las Farc contaban con 11.816 integrantes entre combatientes, militantes presos y milicianos (colaboradores no siempre armados). Casi 7.000 guerreros dejaron 8.994 fusiles en manos de la ONU. “Se entregaron 1,3 armas por desmovilizado”, resalta Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Y compara el éxito del proceso con las 18.000 armas que dejaron los 30.000 paramilitares desmovilizados en 2006 (0,6 por cabeza).

Menos muertes

Cuando empezaron los diálogos, el enfrentamiento interno dejaba en promedio 3.000 muertos al año entre civiles y combatientes, según la Unidad para las Víctimas (UV). En 2017 esa cifra se ha reducido a 78, según esa entidad oficial. En 2002, por ejemplo, las víctimas directas por el conflicto fueron 19.640.

Menos desplazamientos

De todas las consecuencias del conflicto la más impactante en cifras es la del desplazamiento: 7,4 millones de víctimas en cinco décadas, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur). En 2012 había 233.874 desplazados al año, y hoy son 48.335, una reducción del 79%, según la UV.

Menos intimidación

Las Farc operaban en 242 de los 1.122 municipios, el 21% del territorio colombiano. Este año se concentraron en 26 zonas para desarmarse, es decir que desocuparon militarmente el 90% del espacio que copaban, según el experto de Paz y Reconciliación.

Menos minas

Colombia es el segundo país, detrás de Afganistán, con más afectados por minas antipersonal. En 2012 hubo 770 víctimas, y este año los mutilados o heridos son 58, un 92% menos, según la UV. El 47% del territorio está sembrado con ese tipo de explosivos.

Lo que preocupa

Asesinatos

Al menos 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes de la Farc han sido asesinados desde que se firmó la paz, según Paz y Reconciliación. Las pistas apuntan a venganzas y a grupos armados que intentan reclutar a los desmovilizados. Desde 2016 también se han registrado 200 homicidios de líderes sociales y de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Disidencias

Aunque el grueso de esa organización le dijo adiós a las armas, la ONG International Crisis Group, experta en el conflicto y con sede en Bruselas, calcula que unos 1.000 hombres y mujeres siguen combatiendo, lo que equivale a un 9% de la exguerrilla. Para el gobierno son unos 520 combatientes (4,4%) los que se apartaron del pacto. Disidentes para unos, desertores para otros, estos grupos operan en 41 municipios y las autoridades los vinculan directamente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Desencanto

Aunque no estaban obligados a quedarse, unos 3.600 exguerrilleros han abandonado las 26 zonas de reincorporación socioeconómica, en la mayoría de los casos por “pérdida de confianza” en el proceso o porque decidieron volver con sus familias, según la Misión de Verificación de la ONU. La cifra representa el 45% de los 8.000 exguerrilleros y milicianos que se congregaron para el desarme.

Incumplimiento

El 55% de los compromisos asumidos por el gobierno como parte del acuerdo, que además del desarme guerrillero incluye reformas rurales y políticas, y reparación y justicia para las víctimas, no han salido del papel, según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que da seguimiento a la implementación de los pactos.

El experto de la Fundación Paz y Reconciliación agrega que solo ocho de las 27 leyes necesarias para “hacer realidad la paz” han sido aprobadas.

Amnistías

Como parte del acuerdo se aprobó en diciembre una amnistía que en teoría debía favorecer a todos los guerrilleros que no estuvieran implicados en delitos atroces, pero según las Farc 1.000 de sus miembros siguen en prisión pese a que los considera favorecidos con la medida.

Narcocultivos

Al inicio del proceso de paz, Colombia tenía 47.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, materia prima de la cocaína, pero al cierre de las negociaciones los narcocultivos se habían triplicado hasta alcanzar las 146.000 hectáreas. Desde las nuevas rutas del narcotráfico hasta la valorización del dólar contribuyeron al aumento, según expertos.

El gobierno espera haber acabado con 100.000 hectáreas de forma concertada o a la fuerza para final de año. Las Farc se comprometieron en el pacto a ayudar a combatir el tráfico de droga.

El Colombiano