Bachelet presentaría propuesta de reforma constitucional para incluir aborto, matrimonio homosexual y reelección
Ex mandataria dará a conocer en las próximas semanas su programa de gobierno, que tendrá tres reformas clave: constitucional, a la educación y tributaria. La Tercera tuvo acceso al texto con propuestas de reforma constitucional, que radica en el Congreso eventuales cambios a la Carta Fundamental.
Los integrantes de la Comisión de Constitución de la candidatura de Michelle Bachelet, grupo de 20 profesionales que coordina Francisco Zúñiga, sesionará mañana por última vez, antes de entregar a la ex mandataria el texto final con una serie de propuestas para modificar la Carta Fundamental.
La reforma a la Constitución, junto a la reforma educacional y la modificación del sistema de impuestos para financiar las propuestas, constituyen los tres ejes prioritarios del programa presidencial de la Nueva Mayoría y de la repostulación de Bachelet a La Moneda.
El equipo de la ex mandataria ha definido un sistema de trabajo cuya fase final -la de determinar cuáles propuestas serán las elegidas- está a cargo exclusivamente de la candidata, quien presentará en las próximas dos semanas su alternativa definitiva de programa.
Cada grupo debe entregar en los días siguientes un texto con el resultado de su trabajo, así como un documento de menos páginas, en las que se establezcan las conclusiones finales de sus propuestas y se definan aquellos temas en los que no se logró consenso.
La Tercera tuvo acceso al documento acotado que será entregado a Bachelet y que servirá como plataforma de la propuesta de cambio constitucional que la ex mandataria dará a conocer en los primeros días de octubre, según se señala en su comando.
Para abordar los eventuales cambios a la Constitución, el texto sugiere que es el Congreso la institución con “potestad constituyente”, desechando de esta manera la posibilidad de una convocatoria a una asamblea constituyente, que viabilice las reformas.
No obstante, el documento estipula que las discrepancias que puedan surgir entre el Parlamento y el presidente durante este proceso, deberán ser sometidas a un referéndum constituyente, de forma “que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.
De la misma forma, se propone que la reforma a la Carta Fundamental que despache el Congreso -que podrá ser de forma parcial o total y con mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara- deberá ser sometida “a la ratificación del pueblo”, mediante referéndum.
Además de la fórmula para modificar la Constitución, el borrador de la comisión que lidera Zúñiga incluye una serie de modificaciones en distintos niveles.
Los cambios propuestos incluyen nuevos derechos ciudadanos, entre ellos, el “derecho a la intimidad y derechos sexuales y reproductivos”, así como el derecho “ a la vida, integridad física y psíquica”.
Tal como también adelantó La Tercera, la propuesta que llegará a las manos de Bachelet también incorpora la posibilidad de reelección presidencial y la eliminación del Cosena.
A continuación se detalla el resto de las medidas que deberán ser zanjadas por la ex mandataria en los próximos días.
DERECHOS FUNDAMENTALES
En el texto se establecen 20 derechos. Entre ellos está el “derecho a la intimidad y derechos sexuales y reproductivos”, en que se indica que “la ley regulará modalidades y plazos para la interrupción voluntaria del embarazo”. La fórmula fue acordada por la mayoría de la comisión, con la prevención del abogado DC Patricio Zapata y Tomás Jordán.
Otro de los puntos es el “derecho a la vida, integridad física y psíquica”. Sin mencionar la palabra eutanasia, se indica que “el paciente adulto, mentalmente competente, tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia, así como a suspender un tratamiento médico o el soporte vital, sin más límites que los que le impone el respeto a los derechos de los demás”.
Además y respecto del “derecho a la igualdad y no discriminación”, se propone que se reconozca “el derecho igualitario al matrimonio y a fundar una familia”. Junto con ello, se establecen nuevas clases de derechos como garantizar la calidad y la gratuidad de la educación, “el derecho a la participación ciudadana”, la defensa de los consumidores “propendiendo a la protección del contratante más débil”, la declaración del agua como “bien de uso público” y el “derecho a una vivienda digna”.
REGIMEN PRESIDENCIAL
El grupo propone una serie de medidas que apunten a “moderar el excesivo presidencialismo que existe en Chile”.
Para la comisión se requiere generar un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Por ello, propone mantener el sistema bicameral, pero dar nuevas atribuciones al Parlamento; un ejemplo es la posibilidad de que sea el Senado el que apruebe por mayoría la designación de los embajadores. También, se propone la modificación del período presidencial, estableciendo cuatro años con una posibilidad de reelección inmediata y la potestad de que el presidente, por una vez en su mandato, pueda disolver el Congreso.
En la transición hacia un régimen semipresidencial, el grupo promueve la “separación entre la jefatura de Estado y jefatura de gobierno”.
Para evitar roces, la reforma a la Constitución debe establecer con claridad los roles entre ambos cargos. Mientras el jefe de Estado mantiene la decisión sobre el “derecho de excepción” o la “prerrogativa del veto parcial suspensivo”, el jefe de gobierno se encarga “de conducir las relaciones internacionales” y de proponer nombres para ministros.
ADMINISTRACION DEL ESTADO
Se propone la eliminación del capítulo que hace referencia a las Fuerzas Armadas y de Orden, como también suprimir el Consejo de Seguridad Nacional.
Además, se propone la autonomía constitucional de la Contraloría General de la República y que pase a ser un órgano sometido a responsabilidad constitucional vía juicio político. También, se sugiere la creación de una defensoría del ciudadano, que reciba las quejas de los usuarios de la administración del Estado.
En cuanto a la administración territorial, bajo la modalidad de un “Estado regional”, se propone la eliminación de las gobernaciones provinciales y sugiere que “los intendentes regionales seguirán siendo un cargo de exclusiva confianza del gobierno”.
En la conformación de los gobiernos regionales, el texto indica que estarán constituidos por una asamblea regional, compuesta de miembros elegidos por los ciudadanos directamente. El gobierno regional contará con mayores atribuciones en materias de impacto regional y podrá crear áreas metropolitanas a cargo de un “alcalde mayor”. En lo municipal, se recomienda fijar un mecanismo de revocatoria de mandato de iniciativa popular para alcaldes y concejales”.
MECANISMO DE REFORMA A LA CONSTITUCION
El grupo confirma la vía institucional -la “potestad constituyente” reside en el Congreso- para reformar la Carta Fundamental. A juicio de la comisión, la propuesta evita el “bloqueo de las minorías, la imposición de un falso consenso constitucional y la nula participación de la ciudadanía”.
Por lo mismo, la propuesta que emane desde el Parlamento debe ser aprobada a través del quórum reforzado, con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
Las diferencias que surjan entre el Congreso y el presidente “deberán ser sometidas a un referéndum constituyente”, donde la ciudadanía dirimirá las diferencias que se produzcan.
La reforma final, despachada por el Parlamento y sancionada por el Congreso, será sometida a referéndum, “antes de su promulgación”.
Otro nuevo elemento es la inclusión de la justicia electoral, “de amplia competencia en contenciosos electorales de todo tipo”, separada del Poder Judicial, para evitar “confusiones de roles ministeriales”, entre otros argumentos.
En esa línea, el grupo establece, además, una reforma al Tribunal Constitucional, para “reordenar sus competencias”, entre ellas, la supresión de “las competencias de control preventivo de constitucionalidad de normas”.
En materia de participación ciudadana, se propone la incorporación del “referéndum abrogatorio”, que permite a la ciudadanía “reaccionar frente a leyes inconvenientes o injustas”.
Respecto del Poder Judicial, el borrador propone la creación de tribunales administrativos, “como orden especializado que garantiza la seguridad jurídica, el imperio de la ley” y de un tribunal de cuentas, “para hacer posible la rendición de cuentas de las autoridades ante los ciudadanos y la opinión pública”.
Por último, dispone que la justicia militar, “conforme a su propia naturaleza y origen histórico”, sólo sea aplicable a militares y “bajo ningún pretexto” a civiles en tiempos de paz.
