Consejo indigenista brasileño denuncia pérdida de derechos de los pueblos originarios

La tierra indígena tupinambá de Olivença, en Bahía, está con su procedimiento administrativo terminado desde 2009. El Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sin embargo, se niega a firmar el decreto declaratorio. En Mato Grosso do Sul, la tierra Kadiwéu, demarcada hace 100 años y homologada hace casi 40, continúa invadida. Informe del Cimi (Consejo Indigenista Misionero) registra que, de 2003 a 2012, ocurrieron en el Estado 317 asesinatos de indígenas, de un total de 563 ocurridos en todo el país en ese período. El confinamiento en las márgenes de caminos o en minúsculas reservas llevó al suicidio, entre 2000 y 2012, a 611 indígenas, jóvenes con edades entre 14 y 25 años, de acuerdo con datos del Dsei (Distrito de Salud Indígena).

Estos casos son sólo una pequeña muestra de la persecución sufrida por los pueblos indígenas en Brasil, que puede ser fuertemente agravada con la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) n° 215/2000. Ésta transfiere del Ejecutivo al Legislativo la prerrogativa de demarcar tierras indígenas. Erwin Kräutler, obispo de la prelacía del Xingú, en Pará, y presidente del Cimi, y Enemesio Lazzaris, obispo de la Diócesis de Balsas, en Maranhão, y presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), denuncian que son muchos los proyectos y acciones que intentan favorecer el uso de esas tierras por el agronegocio. “Así fue en abril, cuando los indígenas ocuparon la Cámara de Diputados, y así ha sido en la reocupación de tierras tradicionales, con procedimientos demarcatorios paralizados por el Ejecutivo”.

El 16 de abril de este año, un grupo de indígenas ocupó el plenario 1 del anexo 2 de la Cámara de Diputados, en Brasilia, para protestar contra la instalación de la PEC 215. El balance de la acción fue positivo ya que el nombramiento de los parlamentarios para integrar una comisión especialmente creada y de interés de los diputados vinculados al agronegocio para analizar la PEC 215 fue pospuesta. También se creó un Grupo de Trabajo para debatir la cuestión de las tierras indígenas en el ámbito de la Comisión de Legislación Participativa (CLP). Sin embargo, la alegría duró poco, pues el último día 10 de este mes, el presidente de la Cámara, diputado Henrique Alves, del PMDB, mediante un acto administrativo, constituyó la referida Comisión, responsable de dar un parecer, probablemente positivo, sobre la PEC 215.

Kräutler y Lazzaris afirman que a los ruralistas, sea en la tribuna del Congreso Nacional o en los periódicos, no hay nada que los lleve más al descontrol que la causa indígena. Descontrol expresado en una escalada de recursos contra los derechos de esos pueblos y de comunidades tradicionales garantizados por la Constitución Federal. Por ejemplo la PEC 215. Esa Propuesta, según nota técnica del Ministerio Público Federal (MPF), afrenta “cláusulas pétreas de la Constitución de la República” y viola el núcleo esencial de derechos fundamentales. Hiere la división de los Poderes y anula el derecho originario a la tierra, siendo la demarcación un acto administrativo, según los juristas Carlos Frederico Mareas y Dalmo de Abrió Dallari. Recientemente, la senadora Katia Abrió (PSD/TO), representante de los ruralistas en la Cámara Federal, protocoló en la Casa Civil un pedido para que la Funai (Fundación Nacional del Indio) paralice el proceso de identificación étnica del pueblo Kanela de Tocantins.

“Nada parece detener a los ruralistas, que ostentan una bancada de 214 diputados y 14 senadores, con campañas electorales financiadas por el capital extranjero de la Monsanto, Cargill y Syngenta, además de la industria de armas y frigoríficos, conforme datos de Transparencia Brasil. ¿Qué esperar de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales a no ser la resistencia, como David contra Goliat, en defensa de sus derechos?”, remarcan los presidentes del Cimi y de la CPT”. Ante estos hechos, la Apib (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) realizará, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, una movilización nacional contra la ofensiva a la Constitución y a los derechos indígenas.

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