Denuncian al Estado hondureño ante la CIDH y ONU por criminalizar a dirigente indígena


Entidades hondureñas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acusaron ante la CIDH y la ONU al Estado de Honduras de criminalizar la labor de una dirigente indígena, a quien una jueza le dictó prisión formal la semana pasada, informaron hoy activistas de derechos humanos.

La directora para Centroamérica y México de CEJIL, Marcia Aguiluz, dijo a Acan-Efe que la semana pasada se presentó la denuncia sobre la “criminalización de Bertha Cáceres”, de la etnia lenca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, en Washington.
Cáceres, quien es coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), es acusada de provocar daños a la empresa DESA-SINOHYDRO”, de capital hondureño y chino, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá.
“Nuestra labor ha sido y seguirá siendo denunciar este tipo de situación, es por eso que hemos denunciado el caso de Bertha ante la CIDH y las Naciones Unidas”, subrayó Aguiluz, quien se encuentra en Honduras desde este martes atendiendo una invitación de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Aguiluz participó este jueves, junto a activistas hondureños de derechos humanos, en una rueda de prensa en la que expresó “su preocupación” por las amenazas de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y la violación de esos derechos en el país centroamericano.

Agregó que el caso de Bertha Cáceres es el “ejemplo de una nueva modalidad de persecución, como es utilizar el aparato judicial para impedir que los defensores cumplan con su labor”.

Por ello, Aguiluz indicó además que ha solicitado una audiencia ante la CIDH para explicar el caso de Cáceres, a quien la semana pasada la jueza hondureña Alicia Reyes le dictó “prisión preventiva”.
Destacó que la CIDH le ha pedido “explicaciones” al Estado hondureño sobre el caso de la dirigente indígena y exhortó a la comunidad internacional a que “mantenga su mirada vigilante” ante las violaciones de derechos humanos en la nación centroamericana.

Honduras es uno de los países en los que la CIDH ha “ordenado un mayor número de casos para que se proteja a defensores de derechos humanos”, enfatizó Aguiluz, tras señalar que Cáceres “tiene medidas de protección” desde 2009.

La directora de CEJIL señaló que el Estado hondureño puede ser “condenado y declarado responsable si violenta los derechos humanos” de los defensores.

El coordinador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendarez, por su parte, dijo escuetamente a Acan-Efe que la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras es “cada día más grave” y lamentó lo que está ocurriendo con Cáceres.

“Hay una persecución e intimidación de parte de los aparatos judiciales, militares y policiales” contra los defensores de derechos humanos en Honduras, agregó Almendarez, quien también participó en la rueda de prensa en Tegucigalpa.

La sentencia contra Cáceres obedece “a la protección de las empresas y no a la defensa de los territorios de los pueblos, subrayó Almendarez, tras cuestionar que las medidas de protección “no tienen valor” en Honduras.

http://www.latribuna.hn/2013/09/26/acusan-a-honduras-ante-la-cidh-y-onu-de-criminalizar-a-dirigente-indigena/