Indígenas costarricenses reclaman apoyo del gobierno para detener brutales ataques

El último ataque contra un indígena Térraba ocurrió el pasado 1º de setiembre cuando cinco personas no indígenas, que talaban ilegalmente árboles en la naciente que provee el agua, golpearon con un objeto contundente a un guardián de la comunidad causándole heridas de consideración.

Yery Rivera se trasladó a San José para buscar ayuda porque en Buenos Aires de Osa, el lugar más racista el país, ni los tribunales de justicia ni la policía les dan protección.

Yery Rivera, de 30 años, recibió varios golpes en el cuerpo, la cara, la cabeza y el brazo izquierdo cuando intentaba, junto con otros miembros de su comunidad, evitar que personas no indígenas continuaran talando ilegalmente en territorio Térraba.

Rivera tiene una fractura en el brazo derecho, golpes en distintas partes del cuerpo, un hematoma en la cabeza, una herida con sutura de 5 cm sobre su ceja izquierda, un golpe brutal en el ojo izquierdo que le causó una fuerte hemorragia interna y la pérdida de parte de su párpado inferior, lo que le va a generar complicaciones por el resto de su vida, según el diagnóstico del oftalmólogo que lo atendió en el Hospital de Pérez Zeledón.

“Nuestra casa se convierte en nuestra cárcel” dijo Rivera, “la inseguridad es tanta que ya no podemos andar solos por el peligro de ser atacados por no indígenas que no respetan nuestro territorio y están continuamente invadiendo y apropiándose de nuestros recursos y nuestras tierras” lamentó el guardián de la comunidad.

El día 2 de setiembre fue interpuesta la denuncia penal contra el supuesto agresor Julio Cesar Martínez, por el delito de lesiones graves, causa que se conoce bajo el expediente 134-001581-0219-PE presentada en la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón).

Rivera y la Fiscalía de Pérez Zeledón solicitaron la prisión preventiva para el supuesto agresor como una de las medidas cautelares, debido a la violencia de los hechos del 1º de setiembre y los antecedentes de amenazas y comportamientos violentos cometidos de forma reiterada por Martínez contra varias personas de la comunidad.

Pero el juzgado de Buenos Aires denegó la medida y en su lugar impuso al agresor medidas menores como mantenerse fuera del territorio indígena Térraba, no molestar, ni acercarse al ofendido, ni a testigos; no interferir en la investigación de los hechos y presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial correspondiente.

El guardián de la comunidad asegura que el ataque que sufrió “no fue una agresión sino una tentativa de homicidio porque el nicaragüense que me agredió, según los testigos, dejó de golpearme cuando me dio por muerto, les dijo, vámonos porque ya maté a ese hijueputa”, aseveró Rivera a Informa-Tico.

Rivera lamentó que en este tipo de acciones de la justicia radica parte del problema, porque siempre minimizan o ignoran las denuncias de los indígenas y sus comunidades. “Martínez regresa a nuestro territorio cuando quiere y sigue amenazando y burlándose”, dijo.

En enero de este mismo año, en el territorio bribri de Salitre, el indígena Minor Ortiz fue atacado por 20 personas no indígenas que le dieron una paliza salvaje, le impactaron con un balazo y por como si no hubiera sido ya un abuzo, lo marcaron en el pecho con hierro caliente mientras se burlaban de él. Ortiz estuvo muy delicado pero sobrevivió al ataque después de meses de cuidados.

En aquella ocasión el líder del territorio bribri de Salitre, Sergio Rojas, quien también ha sido agredido en varias ocasiones, coincidió con lo que ahora afirma Rivera al señalar la responsabilidad del Gobierno por haber sido incapaz de promover la aprobación de la Ley de los Pueblos Indígenas, que espera en la Asamblea Legislativa hace 22 años.

Los líderes de los pueblos ancestrales también responsabilizan al Poder Judicial por una deficiente administración de justicia en todos los casos y denuncias presentadas ante los tribunales, lo que sumado a la inacción de la policía cuando se le pide protección “han generado en la población no indígena la sensación de que las leyes del país no se aplican y no protegen a los pueblos indígenas”.

“Esto nos ha generado una sensación de desprotección, de estar solos y de estar encerrados en nuestra propia casa, porque el Estado, la justicia y la policía no nos protegen, no hacen lo que deberían estar haciendo”, señaló Rivera.

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