Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, sobre la explotación del Yasuní: «Recogimos las voces de todos los actores»
El tratamiento que se le ha dado al pedido del Presidente de declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 ha sido como el de una ley de carácter urgente. ¿Por qué la prisa?
Dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establecen los tiempos del tratamiento y los plazos mínimos varían entre 30 y 45 días. En este caso, al existir la solicitud, la Comisión de Biodiversidad ha trabajado a tiempo completo. No existe un tratamiento especial sino el que se le da a cualquier normativa.
Pero hay leyes como la de Aguas o Culturas que llevan meses en las comisiones, en esta ley sí ha existido interés del oficialismo de tramitarla con agilidad…
Del paquete de leyes que heredamos de la administración anterior hay normas fundamentales que merecen un trabajo profundo, incluso en algunas como la de Recursos Hídricos se está aplicando la consulta prelegislativa. En estos meses hemos tenido una producción efectiva desde la Asamblea en relación al anterior período.
Se espera que esta semana conozcan el informe para el segundo debate sobre la autorización de explotación…
En el tratamiento de esta declaratoria ha sucedido algo interesante que nos diferencia de períodos anteriores pues se han abierto diversos espacios de debate y discusión. El primer informe presentado por la Comisión de Biodiversidad contiene los análisis de las comisiones de Desarrollo Económico, Justicia, Derechos Colectivos y Gobiernos Autónomos. También se dio apertura a la ciudadanía con voces de apoyo y en contra que llegaron a 50 organizaciones. La resolución no solamente autorizará la explotación sino que vendrá acompañada de argumentos y condiciones, estamos a la espera.
Existe un sector social que impulsa una consulta popular. ¿Por qué no esperar a que la ciudadanía se pronuncie?
Son procesos diferentes. En este caso el aprobar una consulta popular está en manos de la Corte Constitucional y del Consejo Electoral. Que esa expresión se dé desde esos sectores de la sociedad fortalecen la democracia. Ellos seguirán su proyecto y desde acá haremos nuestro trabajo.
¿Por qué no fortalecer la democracia llamando ustedes a una consulta popular?
El informe de la Comisión de Derechos Colectivos estableció que esta figura no era algo que abocaba dentro del proceso de declaratoria. Lo que sí consta es un punto en el que se establece la obligatoriedad para la consulta previa que es un derecho.
La consulta previa depende del Ejecutivo. ¿Por qué ustedes dijeron no a una consulta prelegislativa?
En este caso no se aplica, pues es una normativa, que si bien tiene la fuerza de una ley, no es considerada como tal pues es una resolución. Pero hemos ido más allá, pues hemos escuchado voces de distintos actores y eso le da un grado de legitimidad. Le recuerdo que acogiendo la preocupación de las organizaciones establecimos que la declaratoria de interés excluya la explotación en la zona intangible. Otro punto es que los titulares serán empresas públicas.
¿Qué garantías hay para que durante la explotación no ocurra una tragedia ambiental, es una zona sensible?
Creemos que todo procedimiento tiene su riesgo. Pero el compromiso establece que la empresa tendrá que utilizar tecnología de punta y el sistema de intervención será horizontal por lo garantizaremos al máximo, no totalmente, las condiciones ambientales de la zona en intervención. Además, la empresa pública será fiscalizada permanentemente.
¿Ahí se aplicará la fiscalización que estos cuatro meses no ha sido visible?
En estos meses hemos implementado la Unidad Técnica de Fiscalización que está canalizando 50 solicitudes de los asambleístas de pedidos de información. Aplicada al Parque Yasuní está la construcción de un observatorio ciudadano y también se analiza una comisión de legisladores para que realicen una veeduría permanente y la Asamblea tendrá que recibir un informe semestral. El tema del Yasuní no estaba dentro de su agenda.
¿Existe una imposición de los temas desde el Ejecutivo?
La respuesta y la resolución legislativa en estos cuatro meses ha sido superior a la de otros períodos pues hay un trabajo permanente de las comisiones donde se plasma nuestra agenda. Estamos trabajando el Código Integral Penal, la Ley de Aguas… En el caso del Yasuní, en uso de nuestra autonomía, hemos tenido la libertad para ampliar la resolución de declaratoria con 16 puntos. No aprobamos las normas tal cual llegan del Ejecutivo.
¿Cuándo empezarán como bloque a proponer proyectos y no esperar que estos lleguen desde el Ejecutivo?
Presentamos el plan legislativo con 45 normativas y se están trabajando. Si bien muchas fueron heredadas del período anterior son leyes que estaban sin tratamiento. El nuevo paquete será la antesala de la Revolución Agraria con las leyes de Recursos Hídricos, Tierras, Comunas, Soberanía Alimentaria. Para el próximo año despacharemos el paquete que heredamos y luego ingresaremos con fuerza a tratar el Código del Trabajo, la Ley de Producción, un Código de Comercio, Código Ambiental…
¿Su discurso de la utopía no es distante al pragmatismo con el que ahora se manejan?
La utopía será dejar de ser un país dependiente y para eso necesitamos cambiar la matriz productiva. Tenemos que dar un paso más para abrir espacio hacia nueva tecnología y conocimiento. No es justo que en 40 años de explotación, el 80% era para las transnacionales. Cambiar esas condiciones forma parte de la utopía. Sacar al país de la pobreza es una promesa ambiciosa.
¿Están conscientes de la responsabilidad histórica y del costo político?
La declaratoria no solucionará la vida de los ecuatorianos, mejorará las condiciones de miles de ciudadanos pero no podemos minimizar el debate como si la declaración fuera la solución a los problemas del país. A la par se está generando nuevas hidroeléctricas, universidades… El riesgo político es no hacer nada y yo no estoy dispuesta a que eso pase.
Hoja de Vida Gabriela Rivadeneira ¿Quién es? Asambleísta de Alainza País y actual presidenta de la Legislatura. Ocupó cargos locales en Imbabura y fue la Reina del Yamor. ¿Que piensa? Defiende la autonomía legislativa y los tiempos de tratamiento en el tema Yasuní.
