Análisis del Grupo de Estudios Geopolíticos y Territoriales acerca de la desposesión de tierrasde los campesinos colombianos

El capitalismo se configura a partir de la expropiación y despojo de la mayoría y la acumulación de las riquezas por parte de una minoría. La desposesión de la tierra ha sido central para consolidar el modelo establecido hoy, en tanto la concentración de ésta, como uno de los medios de producción fundamentales, ha permitido consolidar el capital base y mantener la lógica de explotación sobre los desposeídos.
A lo largo de la historia de las sociedades, se han puesto en marcha diversos mecanismos por medio de los cuales el campesinado es sacado de su tierra y los bienes colectivos se han vuelto privados. El saqueo, el pillaje, la exportación obligada de productos, la imposición de formas de producción, el cercado de tierras, el traslado violento de los campesinos, etc, han posibilitado la expropiación de campesinos e indígenas, por parte de terratenientes y colonizadores.
Colombia, como país rico en recursos y en tierras fértiles ha sido objeto constante del saqueo, a lo largo de su historia la acción de la clase criolla en el poder, ha forjado una inmensa capa de campesinos sin tierra. Es así como el acaparamiento de tierras en el país hace parte de la forma como se ha configurado nuestra estructura agraria.
Vista desde hoy, esta problemática ofrece un panorama desolador, pues no solo hablamos de acaparamiento sino también de extranjerización, en donde más de 900 millones de hectáreas entre África y América Latina, han sido apropiadas por transnacionales y Estados imperialistas. El debate plantea un nuevo escenario de análisis que incluye ya no un futuro nefasto, sino un presente devastador, en el que países como Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia, son objeto del accionar de empresas que privatizan tierras fértiles, nacimientos de ríos, cordilleras, en síntesis todo territorio rico en materias primas.
En Colombia durante los últimos meses, varios congresistas han presentado denuncias ante la contraloría y la procuraduría, en las que se evidencia la adjudicación de baldíos ubicados en la altillanura a empresas nacionales y extranjeras. La legislación colombiana reza que dichas tierras solo podían adjudicarse a campesinos pobres, sujetos a un progresivo proceso de reforma rural, sin embargo, han sido privatizadas.
Gobiernos como el Italiano y el chino, poderosas transnacionales como Mónica semillas y Cargill, y grupos económicos nacionales como el Ingenio Riopaila -Castilla y el Ingenio Manuelita, se apropian durante los últimos años miles de hectáreas en terrenos baldíos. La tarea no hubiese sido posible sin la crucial ayuda de las clases altas del país y del asesoramiento del despojo realizado por bufetes de abogados como Brigard & Urrutia.

Es así como la empresa Riopaila Castilla S.A ha adquirido por medio del proyecto denominado Veracruz más de 42.000 hectáreas , Cargill 52.000 hectáreas en los municipios de Primavera y Santa Rosalía en el departamento del Vichada. Luis Carlos Sarmiento Angulo, hace parte de la lista de los propietarios con 13.000 Hs en el departamento del Meta, este magnate dueño de la Sociedad Corficolombiana y quinto banquero más rico del planeta, no dona en bondadosos actos 400 viviendas en Usme, ni 18.000 millones de pesos a la Universidad Nacional, reparte una ínfima ración de lo que ya ha despojado.

A inicios del año el Incoder había prendido las alertas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Notariado y Registro, frente a la negociación de 32.000 hectáreas con RioPaila, ubicadas en lotes baldíos del Vichada y acumuladas sin tener en cuenta la extensión de la UAF. La estrategia de las empresas fue crear Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con miras a hacer casi imposible la identificación de los propietarios, y manejar un discurso desarrollista en el cual aparecen como los redentores de tierras sin uso.
Durante los últimos meses se ha denunciado que diversos ministros, exministros y senadores (como el actual Ministro del Interior Aurelio Iragorri, la Ministra de Educación) están involucrados en el acaparamiento de baldíos. Esto indica, sin miedo a equivocarnos, que tanto las familias como las empresas mencionadas están en deuda con los pobres de este país, con los campesinos sin tierra. Sumado a esto el actual Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, ha anunciado que se elaborará un proyecto de ley donde se “armonice” el trabajo entre campesinos y grandes empresarios, es decir, donde se legalicen el despojo dejando a los campesinos sin propiedad o en el mejor de los casos, como trabajadores dependientes de empresarios del campo, bajo una lógica evidente de explotación salarial. Tal es el caso de Sabana de Torres, donde Indupalma muestra a los campesinos de la región como sus “aliados”, cuando realmente ha desarrollado una estrategia de apropiación de 1.200 Hs de lotes baldíos para el cultivo de palma por medio de falsas tradiciones y compra de mejoras.
Es bastante desconcertante que mientras el gobierno nacional sigue adulando una política de restitución de tierras para los campesinos, existen en el gabinete del gobierno Santos personajes cuyas familias se ven implicas directamente en procesos de apropiación de baldíos. La pregunta es obligada ¿con que legitimidad el gobierno colombiano puede legislar a favor de quienes no tienen tierra, cuando la impunidad del despojo se reproduce por medio de sus mismos portavoces?
Negociar el tema agrario en la Habana, pasa por debatir este proceso de acumulación de tierras en manos nacionales y extranjeras. La imposición de la agroindustria y el negocio de los commoditties, como política nacional, es posible solo, en tanto cada día los campesinos ven reducidas sus condiciones concretas de existencia y la tierra es concentrada en manos de grandes capitales, ¿Es ese el “desarrollo agrario” con el que se va a lograr la paz?