El presidente Cartes no recibió un cheque en blanco – Periódico ABC Color, Paraguay

Ambas cámaras del Congreso aprobaron por amplia mayoría el proyecto de ley sobre la alianza público-privada (APP), que busca alentar la inversión del sector privado en obras y servicios públicos. Al igual que el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, se trata de una importante iniciativa del presidente Horacio Cartes, quien la impulsó con mucho brío, por lo que ahora puede estar legítimamente satisfecho. No debería creer, sin embargo, que ha recibido una suerte de cheque en blanco para que los organismos que dependen del Estado no sean muy cuidadosos a la hora de seleccionar los proyectos y definir los términos de los contratos. La discrecionalidad que tendrá el Poder Ejecutivo debe ejercerse dentro de los límites de la sana razón, y en todo momento deberán cumplirse las normas que apuntan a transparentar las decisiones que se vayan tomando. Sin duda, la opinión pública seguirá con atención las actuaciones del Poder Ejecutivo en la ejecución de la ley.

En las últimas décadas, la confianza en quienes ejercen un alto cargo público ha sido demasiadas veces groseramente defraudada al dar lugar a negociados de todo tipo. Esta ley sobre la APP puede atraer no solo a inversores honestos y serios, sino también a los buitres, a estafadores consuetudinarios que ofrezcan tentadoras ofertas. Basta recordar al “embajador itinerante” Gustavo Gramont Berres, que a fines de los 80 estafó a inversores europeos, que luego demandaron al Estado paraguayo, y a quienes hace poco saquearon la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) gracias a la evidente complicidad de sus directivos. Es probable que ahora mismo haya delincuentes de guante blanco afilando los colmillos, tratando de contactarse con altos funcionarios o con allegados del propio Horacio Cartes para urdir una trama en el marco de una supuesta inversión. Él debe saber que será el principal responsable político de cualquier desaguisado que surja con motivo de la ley que propugnó con éxito. Conviene, pues, que por las dudas vaya advirtiendo a quienes corresponda que será intolerante con su manejo inescrupuloso y que el primero que se preste a ello terminará en la calle o en la cárcel.

Es de presumir que, como antiguo hombre de empresa, el Jefe de Estado conoce las diversas modalidades que se emplean en las componendas entre los corruptos del sector público y los facinerosos del privado para distraer el dinero de todos. Lo mismo cabe decir de sus más estrechos colaboradores, que también vienen del mundo empresarial y saben que allí no solo habitan personas decentes. Horacio Cartes dijo que expondrá su cabeza en una plaza pública si vendiere un solo ladrillo del Estado. En realidad, es innecesario que eso acontezca –la ley no prevé la venta de activos de las empresas estatales– para que sea metafóricamente decapitado, ya que será suficiente con que se cometa una sola fechoría para que él sea puesto en la picota y para que toda la ley resulte desacreditada.

Las manifestaciones de quienes se oponen a la APP han estado lejos de ser multitudinarias, quizás porque la enorme mayoría del pueblo comprende que el Estado carece hoy de recursos para destinar a las obras y los servicios que el país necesita, tanto para generar empleos de inmediato como para crear el marco adecuado para futuras inversiones. La sociedad está expectante y desea que el modelo propuesto por el Poder Ejecutivo dé los resultados prometidos, mediante una gestión honesta y eficiente. No tiene una confianza ciega, sino razonable; así que habrá de seguir de cerca el funcionamiento de la alianza aprobada y exigirá que en todo momento haya en ella la transparencia que ya comenzó a lograrse con relación a los nombres y los salarios de los funcionarios públicos. Se acabó el secretismo y, en adelante, el manejo del dinero público será sometido cada vez más al atento escrutinio de la ciudadanía.

La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción que el Presidente de la República prometió combatir. La ley sancionada le ofrece un campo muy propicio para demostrar que no encubrirá a nadie. Más allá de los mecanismos que ella fije para transparentar los procedimientos, importa que él esté atento para impedir que se cuelen los avivados de siempre y que la gente de su administración abuse de la discrecionalidad que le ha otorgado el Congreso Nacional por una mayoría de votos.
Es de esperar que las obras y los servicios públicos se emprendan en condiciones convenientes para el país. Empero, como el control es mejor que la confianza, los responsables políticos y administrativos deben ser conscientes de que tendrán ante sí una ciudadanía vigilante, cada vez más despierta e indignada por las trapisondas de los políticos y las autoridades, dispuesta a ejercer los derechos constitucionales que le permitan impedir que la engañen nuevamente.

Se ha visto que los paraguayos quieren que se invierta y que la vía escogida les parece adecuada. Aunque sea muy alto, el crecimiento del producto interno bruto es insuficiente para crear los puestos de trabajo que se requieren. Bien ejecutada, la “Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como APP, puede tener un gran impacto en el mercado laboral, y servirá para que el Paraguay abandone el marasmo en que se halla. Ese angustioso estancamiento, resultado de políticas rutinarias erradas y encima infectadas por la corrupción, ha imposibilitado que los paraguayos cuenten con hospitales, escuelas, puentes o rutas suficientes y de buena calidad. La alianza público-privada es una estrategia innovadora que merece una oportunidad. Es de esperar que el presidente Cartes y sus colaboradores sepan implementarla con probidad y eficiencia.