Paraguay y el neoliberalismo tardío de Cartes – Por Carlos Verón de Astrada

Hay un proyecto en curso que pretende introducir por primera vez en el Paraguay una racionalidad capitalista dependiente en lo que se dio en llamar .

Un proyecto que parecía avizorarse con la caída de Stroessner producido en el marco del famoso Consenso de Washington, y que no pudo concretarse por el escollo enorme que significó y sigue significando un modelo político aun vigente, basado en el clientelismo prebendario. Curiosamente desde los presupuestos del modelo neoliberal  al cual se adscribieron con fidelidad los países de la región principalmente Argentina y Chile en los años 80 y 90, en el Paraguay con la caída de Stroessner, en lugar de achicarse el Estado, se agrandó como un reaseguro de sostenibilidad del Partido Colorado en el poder sobre la base de ese clientelismo prebendario.Corrupción estatal y supernumerario fueron  los rasgos de un modelo que se había consolidado con Stroessner y continuó hasta el presente.

Existen a partir de la asunción de Cartes, claros signos de proponerse la ruptura de ese modelo, pretendiendo  dar curso a una racionalidad que pudiera garantizar la entrada del gran capital foráneo principalmente de procedencia brasileña, cuando ya el resto de los países de la región se abocan a proyectos autonomistas post-neoliberales.

Cartes conforma su gabinete principalmente con técnicos, generando un rechazo indisimulado por parte de los mandos medios  del Partido Colorado. El día del traspaso de mando llegó al país como en ninguna ocasión similar, una cantidad importante de empresarios foráneos.

Cartes además contrata asesorías con status académico como la del economista argentino Bernardo Kliksberg y   auditoras privadas, a pesar que ello no autoriza nuestra legislación.

Este modelo sin embargo deja intacto  al sector agroexportador y ganadero, beneficiario histórico del saqueo de una oligarquía latifundista que sigue siendo el poder fáctico de mayor peso en nuestra sociedad.

A los efectos de la implementación de un modelo político económico nuevo en Paraguay de apertura al gran capital foráneo, Cartes  hace lo que corresponde: en tiempo record promueve la sanción de proyectos de leyes que son necesarias para el nuevo escenario. Una ley de defensa, facultándole el uso de las Fuerzas Armadas para el control de un factor perturbador del proyecto, como es el llamado EPP, y de paso ejercer el control social necesario en zonas conflictivas para allanar el terreno a la inversión extranjera. Otros dos proyectos avanzan con velocidad meteórica: la ley de “responsabilidad fiscal”, para reducir el déficit fiscal realmente existente, sin considerar si quiera mínimamente para ese efecto, incrementar la tributación principalmente al sector agro-exportador en un país que se destaca por ser el de menor presión tributaria de la región (apenas del 12,5%) y finalmente, una ley de “fomento de infraestructura” , conocido como de Alianza Público-Privada, proyecto  que ya se había planteado en el gobierno liberal de Federico Franco y que da luz verde para la concesión al gran capital foráneo de obras de infraestructura y el control de servicios públicos, con el agravante incluso respecto a las formulas  neoliberales conocidas en la región, de que los emprendimientos en ciernes de infraestructura, ofrecen al sector privado foráneo la posibilidad de cosechar ingentes ganancias liberándose de los riesgos, que deberá asumir el Estado paraguayo, es decir la sociedad paraguaya. Estaremos hipotecando como quizá nunca nuestra soberanía sometiendo a la ciudadanía al triste papel de garantizar las ganancias del capital privado foráneo, en detrimento de sus necesidades vitales.

A los efectos de avanzar en su proyecto, Cartes debe apurar la aprobación  de estos proyectos para echar a andar su política antes  que sea demasiado tarde, entendiendo que resultaría muy difícil en el presente –aunque no imposible, – sacarlo ni por juicio político, ni por golpe en un corto plazo, dada la notoria aceptación que está teniendo en la comunidad de la región, y sobre todo, después de una muy reciente mala experiencia del Estado paraguayo con el juicio político del año pasado y la consecuente destitución de Lugo. Pero antes de llegar a  ese difícil extremo sin embargo, se puede constatar que el camino para Cartes hasta ahora, no está del todo allanado, cuando vemos que  esos urgentes proyectos de leyes encuentran en el Congreso por parte del espectro político incluyendo a los colorados, interferencias consecuentes del desencuentro no resuelto entre la pretendida ruptura y la rémora clientelista prebendaría. En algún momento del proceso de tratamiento de esos proyectos de leyes, algún senador Colorado habría hablado incluso  de signos  de crisis en su bancada, para después con algunos rezongos aceptar el proyecto venido de Cartes, pero con la disidencia del liberalismo, resquebrajando el acuerdo conocido como pacto azulgrana.

Pero  el proyecto no  está exento de la consideración del consenso para su  legitimación, logrando  esa audaz política “modernizante”  la configuración de un escenario polarizado: un polo con imagen de modernidad encarnado en Cartes, y del otro lado, un polo del  atraso  representado por el Partido Colorado.

No se puede dejar de reconocer que el desmesurado supernumerario, la corrupción y la ineficiencia de un Estado que no ha llegado a ser tal, a pesar de las buenas intenciones que pudo haber tenido Lugo en su gobierno, son el caldo de cultivo del consenso de Cartes en un sector de la ciudadanía, que ve con buenos ojos algunas medidas inmediatas efectistas que dan la imagen de una racionalidad administrativa estatal de preservación de recursos públicos,  por ejemplo cerrando el despacho de la primera dama, anunciando a través de su ministro de Hacienda la intención de cancelar el subsidio  al empresariado del transporte y  la cancelación posible  de los subsidios a las ONGs.

Además de la urgencia que  Cartes debe imprimir a su política, tiene como desafío ineludible, mitigar las contradicciones sociales consecuentes de los despidos en la administración pública que se supone lo hará si logra la  concreción de los proyectos de inversión foránea.

Se puede esperar que la contratación de Kliksberg apunte a ese propósito y la asignación del 53%  en coberturas que se consideran sociales, que se orientan principalmente hacia  infraestructura, que correrá por cuenta del capital privado foráneo amparado por esa Ley de Alianza Público-Privada. Pero esto sería en el corto plazo, nada más que un interregno anestésico en una sociedad de gran carencia para lograr el consenso de legitimación del proyecto. Pero a la luz de la terrible experiencia que conocemos de los países de la región principalmente de la Argentina cuando se adscribió fielmente a los mandatos del Consenso de Washington y su crisis a principios del presente siglo, al igual que los demás países que hoy están saliendo del nefasto modelo neoliberal para intentar trazar políticas autonomistas, lo  que se avizora para un mediano plazo, es el de  un destino idéntico con las consabidas terribles consecuencias. Una película trágica conocida que hoy la vamos a conocer desde la vivencia.

Mientras tanto, las organizaciones sociales padecen de debilidad organizacional lo que  hace vulnerable a la implementación de este proyecto de corte claramente neoliberal  y consecuentemente, antipopular.

Un interrogante que surge en este recorrido de contramano que haría Paraguay si el proyecto se consolida, es el papel que le depara en el marco del bloque Mercosur, atendiendo a la actitud que hay por parte de los gobiernos de la región con relación a Cartes y en particular Brasil, país cuya burguesía probablemente se beneficie con el tardío neoliberalismo paraguayo en ciernes. Esta es una cuestión de gran relevancia si se tiene en cuenta que ningún proyecto de integración puede tener sostenibilidad, si no se superan las asimetrías al interior del bloque. O si no, véase el destino de la periferia europea en  aquello que hasta hace poco era un paradigma de integración, llamado Unión Europea.

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