Caso Petro: Ratifican versión del complot de basuras ante la CIDH

Manuel Sánchez, quien recibió beneficios penales a cambio de sus delaciones del cartel de la contratación, envió al organismo interamericano declaración bajo juramento.

Manuel Sánchez parece estar dispuesto a ir hasta el final con la versión que, el mismo día en que se confirmó la sanción del alcalde Gustavo Petro, le entregó a Canal Capital: que desde el Concejo, en alianza con empresarios y otros particulares, surgió un complot no sólo para torpedear el programa Basura Cero de la Alcaldía, sino también para hacer inviable la administración Petro. Sánchez acaba de hacer una “declaración extraproceso” ante notario en la cual reitera sus palabras. Una copia de esa declaración fue entregada ya en la Fiscalía, mientras la otra va en camino hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado lunes 13 de enero, la Procuraduría anunció que se mantenía la destitución e inhabilidad de Petro por 15 años para cargos públicos. Al día siguiente, deja ver el documento de nueve páginas conocido por El Espectador, Sánchez se presentó en la Notaría 28 de Bogotá para expresar bajo juramento que él había sido amigo de Samuel Moreno desde mucho antes de que llegara a la Alcaldía de Bogotá, que había financiado su campaña y que de esa manera había conocido en detalle el funcionamiento del cartel de la contratación; cartel que —agregó— se sintió seriamente afectado cuando un Petro senador empezó a denunciar cómo había corroído a Bogotá.

En su testimonio, Sánchez le cuenta a la CIDH que el Concejo había elegido al personero Ricardo Cañón y al contralor Diego Ardila para “entorpecer, boicotear, bloquear y armar un complot” contra el alcalde. De acuerdo con este abogado, Ardila y Cañón fueron elegidos a cambio de nombrar en sus nóminas a gente para “bloquear las tareas de diferentes funcionarios de la Alcaldía”. Y a Cañón, aseveró Sánchez, lo promovía el concejal Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. “Ese cuento del complot es chimbo. Es desconocer que el Concejo tiene la obligación de escoger esos órganos de control. Además mi candidata a la Personería era la exfiscal Ángela María Buitrago”, le dijo Sanguino a este diario.

Pero Sánchez fue más allá. Aseguró que en su propia oficina se llevaron a cabo reuniones “donde participaban concejales, senadores, representantes, empresarios y contratistas, hablábamos de diversas estrategias para no permitir que avanzara la administración del doctor Gustavo Petro”. Más adelante vendría el anuncio del programa Basura Cero que, según Sánchez, provocó “varias reuniones” en las que él afirma haber participado y en las que habría escuchado a los operadores de aseo poniéndose “de acuerdo para sabotear el programa Basura Cero con estrategias”, como la no entrega de los camiones recolectores o su envío a talleres. Todo para causar “un caos total”.

A esos últimos encuentros, aseveró Sánchez, asistía junto con su amigo “por 20 años”, el concejal Orlando Parada, a quien el próximo 24 de enero la Fiscalía le va a imputar cargos por haberse apropiado, presuntamente, de dineros del Distrito a través del carrusel de la contratación. Su declaración ante la CIDH, además, tiene otro elemento nuevo: Sánchez aseguró que Jimmy Forero, “a quien había conocido aspirando a la Cámara de Representantes por Cundinamarca”, se presentó en su oficina en enero de 2013 “para contarme que él tenía unos amigos en la Procuraduría que podían ayudar a acelerar la decisión por parte del despacho del señor procurador”.

Ricardo Cañón, personero de Bogotá, le dijo al respecto a este diario: “Obviamente sobra decir que las declaraciones del señor Manuel Sánchez son falsas. La acusación que se hace en mi contra forma parte de un esquema perverso. Se trata de deslegitimar no a Ricardo Cañón, sino la labor que adelanta una entidad como la Personería, de quitarle la fuerza al ejercicio del control. En un cargo como el mío toca ser prudente, pero es inevitable ver que a algunos nos toca vivir una realidad sucia, perversa, llena de mentiras”. Cañón admitió haber conocido personalmente, a través de su hermano, a Sánchez hace muchos años. Aunque aclaró que lleva mucho tiempo sin verlo.

Esta declaración extraproceso se suma a las pruebas que el alcalde Gustavo Petro y sus defensores le han enviado a la CIDH, organismo al que Petro le solicitó medidas cautelares argumentando que es víctima de una supuesta persecución política, ideológica y religiosa por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Éste, por su parte, insiste en que el mandatario de Bogotá fue sancionado sólo por sus decisiones, que la Procuraduría calificó de faltas gravísimas, al cambiar el esquema de recolección de basuras. Pero en medio de las tutelas que han inundado los tribunales y juzgados nacionales pidiendo que se reverse la decisión del Ministerio Público, no es claro aún el destino que le depara a Petro.

Personas consultadas por este diario, que prefirieron no hacer público su nombre para no “casar pelea” con Sánchez, cuestionaron: “¿Por qué se está vendiendo como el adalid de la verdad? ¿Por qué todo lo que dice empata con lo que dice Emilio Tapia?”. Sánchez estuvo este lunes en la Fiscalía entregando más detalles del presunto complot. Tapia, excontratista que lideró el cartel de la contratación en el período Moreno, ya ha hecho lo propio luego de que revelara en este diario la hipótesis del supuesto plan de los operadores privados de aseo contra Petro, el cual éstos han negado rotundamente. A la larga, será la justicia la que le cuente al país si las versiones de Tapia y Sánchez, como ellos reiteran, tenían fundamentos. O si, como dice Sanguino, no son más que un “cuento chimbo”.

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