Ofensiva económica saneará sistema de precios y de comercialización
La nueva etapa de la ofensiva económica permitirá sanear el sistema de precios, comercialización y economía del país, expresó este lunes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.
“El presidente Nicolás Maduro ha venido diseñando una nueva arquitectura, no sólo para dar una nueva ofensiva sino para equilibrar y sanear la economía, además de eliminar las perturbaciones inducidas en la cadena de producción», indicó desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde informó la fiscalización de 92 establecimientos comerciales en la ciudad capital.
Agregó que los productos y alimentos que pretendan acaparar o contrabandear los sectores desestabilizadores del país «los vamos a tomar y los vamos a poner a disposición del pueblo porque estamos saneando la economía del país en beneficio de los venezolanos».
En este sentido, Arreaza destacó la importancia de la Ley Orgánica de Precios Justos para superar desviaciones económicas.
Indicó que la normativa establece la fijación de precios de acuerdo con la estructura de costos en todas las actividades económicas, con un porcentaje máximo de ganancia de hasta un 30% y apuntó que la instancia responsable de velar por la debida aplicación del instrumento legal será la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, a cargo de Andreína Tarazón.
Además, resaltó la instalación de un Estado Mayor de Abastecimiento, coordinado por su persona, que velará por la oportuna producción y distribución de los rubros principales para el país.
El nuevo Estado Mayor está integrado por los ministros para Agricultura y Tierras, Yván Gil; para la Alimentación, Félix Osorio; para Industrias, Wilmer Barrientos; y para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, así como por la superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, Andreína Tarazón.
Pueblo a la ofensiva económica
El vicepresidente ejecutivo llamó al pueblo venezolano a participar en la segunda fase de la ofensiva económica y a conformar comités para la defensa popular de la economía, «para que el pueblo sea el máximo impulsor en las acciones necesarias para equilibrar los precios».
Por su parte, la ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, exhortó a los venezolanos a sumarse a la ofensiva económica convocada por el Presidente Nicolás Maduro.
«Es importante que los venezolanos nos incorporemos al llamado que hizo el presidente Maduro», expresó Rodríguez, quien agregó que con la participación de todos en la segunda etapa de la ofensiva económica «las mafias privadas no van a poder con el pueblo de Venezuela, esta ofensiva es para derrotar la guerra económica».
Llamó también a apoyar el despliegue de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde). «Todo el pueblo de Venezuela debe conocerla e integrarse a combatir estas mafias privadas» junto a la referida instancia, enfatizó.
Detectan acaparamiento
El intendente de Protección de los Derechos Socio Económicos, Luis Motta Domíguez, informó que el local comercial Granja Avícola Don José, ubicado en Catia, Caracas, vendió ocho toneladas de pollo con sobreprecio.
Indicó que durante la inspección al local comercial se detectó que el pollo era expendido al público a 44 bolívares el kilo, por lo que se procedió a vender el producto al precio justo estipulado por el Estado que es 22 bolívares el kilo.
Apuntó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) realizará este martes una nueva venta supervisada de otras siete toneladas de pollo a precio regulado.
Dijo que de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, el propietario de la Granja Avícola Don José fue sancionado con 10.000 unidades tributarias y se puso a la orden del Ministerio Público (MP) por presunto acaparamiento de alimentos.
Domínguez acotó que este martes también se procederá a inspeccionar a la distribuidora que vendió los pollos al local comercial, ubicada en Valencia, Carabobo, por ser la primera en la cadena de distribución en incurrir presuntamente en especulación.
Durante las inspecciones también se hallaron seis toneladas aproximadamente de productos de primera necesidad y de alimentos vencidos en la sede principal y galpones de la Distribuidora de Alimentos del Campo 1220, C.A., ubicada en Quinta Crespo, Caracas.
En el galpón de la referida empresa fueron encontradas cinco toneladas de pollo y carne de res almacenadas en condiciones de insalubridad y 280 bultos de pañales para niños; mientras que en la sede principal de la distribuidora de alimentos fue hallada casi una tonelada de alimentos vencidos como jamón, pollo, queso, tocineta y fiambre, entre otros productos.
La superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, Andreina Tarazón, y el ministro de Alimentación, Félix Osorio, explicaron que dado los resultados de la inspección realizada se presume que el establecimiento incurrió en acaparamiento, delito que tiene una pena de 8 a 10 años de cárcel, estipulada en la Ley Orgánica de Precios Justos, mientras que la venta de productos vencidos establece sanciones de 200 a 10.000 unidades tributarias.
Tarazón apuntó que la institución que dirige coordina acciones con el Ministerio Público para poner a la orden de la justicia a los dueños de la distribuidora de alimentos y se inicie la investigación correspondiente.
Osorio señaló, por su parte, que los productos hallados en la sede principal de la empresa tenían fecha de caducidad de hace tres años, por lo que consideró «evidente que en el establecimiento hay acaparamiento de productos y alimentos de primera necesidad»
«Es una situación sumamente irregular. ¿Cómo se explica que un alimento de primera necesidad esté vencido desde 2010 y cómo se justifica que se hayan dañado si son productos de alta demanda?», expresó desde el lugar.
Agregó que, además, el local presenta condiciones insalubres. «Los trabajadores conviven con la comida vencida, el riesgo de contaminación es muy claro. Tampoco se separan los trabajos de reparación que se le hacen a las cavas de los alimentos y trabajadores», refirió.
Recordó a los comerciantes del país que las sanciones a quienes incurran en delitos de usura o acaparamiento oscila entre 1.000 y 50.000 unidades tributarias, además de la privativa de libertad hasta por 10 años; y destacó que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes no permitirán que el pueblo se vea afectado por situaciones de acaparamiento o especulación.
«Estamos decididos a dar la batalla, los comerciantes pensaron que las medidas contra el acaparamiento y la especulación en octubre del año pasado eran simple populismo. No es así», dijo.
Además, señaló que los sistemas integrados de control y distribución de alimentos serán supervisados y fortalecidos para profundizar en el control de los productos y alimentos en el país.
Contraloría social
El vicepresidente Arreza informó que fue el pueblo organizado el que reportó el acaparamiento realizado por la Distribuidora de Alimentos del Campo 1220.
«Fue a través del Poder Popular, a través del Órgano Superior para la Defensa de la Economía y el 0-800 SABOTAJE que se logró detectar esto, incluso unos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se comunicaron con la superintendenta y nos dijeron el lugar exacto», detalló.
Asimismo, recordó que, según la Ley Orgánica de Precios Justos, quienes incurran en delitos de restricción de oferta y retención de bienes regulados para provocar escasez «serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho a diez años. Igualmente serán sancionados con multas de 1.000 a 5.000 unidades tributarias».
