Legisladores oficialistas piden renuncia de gobernadores designados por Bachelet
Los conflictos judiciales y políticos de cuatro gobernadores, revelados ayer por La Tercera, generaron que desde el propio oficialismo pidieran las renuncias de los gobernadores involucrados.
Los senadores de la Nueva Mayoría Carlos Montes (PS) y Pedro Araya (Ind.) concuerdan en que las designadas autoridades dejen su cargo a disposición de Bachelet.
Araya sostuvo que el gobernador de Antofagasta, Hernán Venegas, cuestionado por recibir pensión Valech sin calificar para el beneficio, “debe dar un paso al lado para que dejemos de titular los diarios con las designaciones”. Montes, en tanto, afirmó que “si es efectivo todo lo que se está diciendo, se tienen que tomar decisiones fuertes”.
Ambos senadores coincidieron en que son los gobernadores cuestionados quienes deben dimitir. Uno de los casos más complejos es el de la gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio.
La nueva autoridad figura con un puntaje en la Ficha de Protección Social que la deja dentro del 1% más pobre del país, pese a haber desempeñado cargos en el Registro Civil con un sueldo de más de un millón de pesos.
“Si existe algún ciudadano en Chiloé que considere que la información que salió en la prensa amerita una investigación, está en su derecho de solicitar que los organismos competentes actúen. Yo estoy muy tranquila”, dijo a radio Chiloé Placencio, que recibió el respaldo del PPD de la zona. No obstante, el diputado de la tienda Joaquín Tuma afirmó que -de comprobarse los antecedentes “debe dar un paso al lado”.
Pese al revuelo por los cuestionamientos, en las filas de la Nueva Mayoría no existe unanimidad sobre el futuro de los gobernadores. Parlamentarios como el senador PS Fulvio Rossi y el diputado PPD Pepe Auth, por ejemplo, son partidarios de dejar estos casos en manos de la justicia.
Los otros dos jefes que han sido objeto de denuncias son Salvador Delgadillo (PC), de Santiago, querellado por el CDE mientras se desempeñó como alcalde de Tiltil, por malversación de fondos públicos. Cristián Fernández, nombrado en Ñuble, presentaría problemas administrativos de su alcaldía en San Fabián de Alico.
Al ser consultado por La Tercera, el Ministerio del Interior no se refirió al tema.
Cuestionamientos a gobernadores abre nueva caja de pandora a Bachelet
Un nuevo frente de críticas se abre para el gobierno de Michelle Bachelet, ya que a los cuestionamientos surgidos con los nombramientos de los subsecretarios que tuvieron que renunciar antes de asumir sus cargos, se suman ahora aquellos hacia los gobernadores designados por la mandataria y que enfrentan problemas políticos y judiciales.
La gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz (PPD), figura con un puntaje de indigente en su Ficha de Protección Social, lo cual la deja dentro del 1% más pobre de la población del país y así lo demuestra un certificado del Ministerio de Desarrollo Social y que da a conocer La Tercera.
De acuerdo a la información, Placencio tiene a marzo de este año 2.119 puntos, mientras que la persona más pobre del país actualmente posee 2.072 puntos.
Las categorías usadas por el Estado señalan que una persona que tenga hasta 4.123 puntos es catalogada de “indigente”, como lo son los ciudadanos en situación de calle, analfabetos o con una discapacidad grave.
Quienes a través de la ficha están considerados como vulnerables son beneficiados en forma automática con ayuda del Estado, como el ingreso ético familiar o distintos bonos, además de contar con la posibilidad de postular a otros beneficios estatales.
A la nueva gobernadora de Chiloé se le aplicó la encuesta para ser ingresada en la ficha en mayo de 2007, fecha en que desempeñaba funciones en el Registro Civil de Santiago y recibía una renta sobre el millón de pesos, de acuerdo a lo que señala el portal de Gobierno Transparente, y posteriormente trabajar en la Subsecretaría de Previsión Social.
Según el diario, este caso provocó críticas privadas de varios parlamentarios, quienes no quisieron opinar en público a la espera de nuevos antecedentes.
Otra de las autoridades cuestionadas es el gobernador de Santiago, Salvador Delgadillo (PC), quien enfrenta una querella de 2013, presentada por el Consejo de Defensa del Estado, por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Til Til. En este mismo caso también se querelló el concejal RN, Sergio Covarrubias.
Otro flanco de cuestionamientos afecta al gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, quien está en el ojo del huracán por una pensión Valech, por cuanto ha sido puesta en duda su calidad de ex preso político.
Cuando Vargas era concejal, varias agrupaciones de víctimas de derechos humanos pusieron en duda su calidad de ex prisionero político, críticas que también fueron tomadas por parlamentarios de la zona.
La propia diputada por la zona, Paulina Núñez (RN), había puesto en cuestionamiento su condición de ex preso político al señalar que “hace un tiempo surgió una duda de que nunca sufrió alguna violación a sus derechos”.
Otro que se sumó a las críticas fue el senador Pedro Araya, quien sostuvo que lo más grave fue que “él en su minuto señaló que quizás había cometido un error y que iba a renunciar a la pensión. Pero no renunció a la pensión”.
También está cuestionado el gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, a quien se reprocha su gestión cuando era alcalde de San Fabián de Alico, cargo del que fue suspendido por el Tribunal Electoral Regional, aunque posteriormente la medida fue revocada.
Entre las acusaciones que se le imputan, figuran problemas de gastos en la unidad de control del municipio, irregularidades en contratos y anomalías en la entrega de bienes municipales.
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/15/cuestionamientos-a-gobernadores-abre-nueva-caja-de-pandora-a-bachelet/
