Corte de EEUU rechaza apelación argentina contra “fondos buitres” y la presidenta denuncia extorsión

Duro revés para la Argentina en pelea contra los fondos buitre: la Corte de EEUU rechazó tomar el caso

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el Gobierno argentino contra los fondos buitre y esto hace que el caso vuelva a la instancia judicial anterior. Ahora la disputa queda en manos del juez Thomas Griesa que en su momento ordenó pagar a los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores la cifra de u$s 1.300 millones.

Además, ahora se espera la decisión del Gobierno sobre cuales serán los pasos a seguir. El palacio de hacienda tendrá que elegir si paga los u$s 1.300 millones que le reclaman los buitres o si el país entra en default técnico. En las últimas semanas Griesa no descartó que se abra una negociación entre las partes para ver cómo se hace efectivo el pago.

El país podría caer en un default técnico, dado que los litigantes podrían obtener órdenes de embargos sobre los fondos que el país transfiere a Nueva York para honrar su deuda regularizada.

Esto podría suceder el 30 de junio, cuando Argentina debe girar a Estados Unidos u$s 228 millones por un vencimiento de sus bonos Discount emitidos bajo legislación de Nueva York.

Los abogados que representan al país del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) ya tienen todos los escritos preparados para el próximo paso judicial que haya que dar, y sólo se necesitaba saber cual era la decisión de la Corte para saber cómo moverse.

Según se indicó en el blog de la Corte Suprema, la jueza Sonia Sotomayor no tomó parte de la decisión.Otras de las posibilidades que había para la Argentina y que no se tomó era que el tribunal consultará al Gobierno de Barack Obama. Los gobiernos de Brasil y México en llegaron a presentar documentos ante la Suprema Corte alertando que un rechazo a la apelación argentina constituía “un riesgo serio e inminente” de un default técnico argentino.

En los canjes de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró una adhesión del 93% de los inversores para reestructurar una deuda en mora inicial de u$s 102.000 millones, con una quita del 65%, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.

Luego de conocida la noticia las acciones y bonos comenzaron a operar con fuertes bajas tanto en el mercado local como en el internacional. Los inversores se desprenden de los activos y prefieren quedarse líquidos o adquirir dólares por medio de la bolsa porteña.

Más tarde, se espera que la presidente Cristina de Kirchner de un mensaje por cadena nacional a las 21. Según se informó oficialmente, la mandataria se dirigirá a todo el país para sentar la posición oficial ante el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por otra parte, la Corte también dictaminó que los acreedores de deuda argentina pueden solicitar información sobre los activos de ese país que no estén en Estados Unidos, en un caso sobre citaciones a bancos que es parte del litigio de una década sobre obligaciones de Argentina con tenedores de bonos.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=745429

 

“Es un fallo contra el país y los bonistas”

“Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones: no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente.” La frase, en lenguaje directo, en tono firme y sereno, la lanzó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje por cadena nacional que dio anoche. “Dirigido a los millones de argentinos que estarán escuchando, pero también al 92 por ciento de nuestros acreedores que adhirieron al canje”, expresó. El mensaje fue la respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando la apelación argentina contra la decisión del juez de Nueva York, que reconoce el derecho de los fondos buitre de reclamar el pago en efectivo del total del valor nominal de los bonos que compraron después del default. La Presidenta anunció que ya instruyó que se instrumente el pago, en este mes, de los próximos vencimientos de deuda por bonos del canje, correspondientes al Discount y el Par, por un total de 930 millones de dólares. Estos pagos podrían hacerse por una plaza distinta a Nueva York, si existiera riesgo de embargo por parte del juez Thomas Griesa.

La Corte Suprema de Estados Unidos informó ayer, a media mañana, en Washington, su rechazó a la petición argentina para que tome en sus manos, en apelación, la causa en la que el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, dispuso la obligación de pagarle a NML Capital Ltd y otros fondos de inversión (Aurelius y Blue Angel, entre ellos) una suma de 1300 millones de dólares al contado, como reconocimiento al valor consolidado del precio nominal de los títulos en tenencia de aquéllos, más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos, diciembre de 2001. Griesa había pedido el embargo de cualquier pago que Argentina pudiera intentar hacer, en la plaza de Nueva York, a favor de los demás acreedores de bonos en default, pero que hubieran aceptado el canje por nuevos títulos en 2005, decisión que quedó “en suspenso” por las apelaciones. Ahora, tras el fallo de la Corte rechazando la solicitud argentina, la causa y su ejecución volverían a manos de Griesa (ver aparte).

“Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global”, definió CFK al iniciar su exposición, de 28 minutos. Recordó el apoyo a la posición argentina expresada por Francia, México, Brasil y parlamentarios británicos, que entendieron que se trataba de una causa de carácter global. Sin embargo, más adelante en su discurso aseguró que el fallo en contra de Argentina no la sorprendió. “No es un problema económico, ni siquiera financiero o jurídico” lo que se está definiendo, explicó. El fallo “es la convalidación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación mundial en base a la especulación, a los negocios con títulos y derivados, para poner de rodillas a los países y a su población: basta que haya gobiernos dispuestos a ceder a las presiones de este poder financiero” para que éste imponga las condiciones en su provecho. Este camino, advirtió, “va a tener consecuencias graves, tragedias inimaginables”.

Por qué buitres

La presidenta argentina recordó que tanto en el país como en muchos otros, inclusive Estados Unidos, existen leyes de quiebra o bancarrrota que facultan a una empresa, en cese de pagos o default, a reestructurar su deuda con el acuerdo de los titulares del 66 por ciento de las acreencias. “Para las deudas soberanas de los países no existe algo así”, recordó, lo cual es aprovechado por algunos fondos especulativos para obtener amplios beneficios comprando “deuda defolteada, de un país que ya dejó de pagar, a precio de bonos basura, porque tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ese país se recupere” y exigirle, en un tribunal, una suma varias veces superior a la invertida en su compra. En el caso del fondo buitre NML Capital Ltd, que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, recordó que compró los bonos argentinos después del default de 2001, pagando 48,7 millones de dólares por ellos, y ahora la Justicia neoyorquina le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por los mismos. “Una ganancia de 1600 por ciento en dólares en pocos años; yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, subrayó.

La Presidenta dimensionó las consecuencias financieras que tendría el cumplimiento efectivo de la pretensión de los fondos buitre recordando que, a valores de hoy, el pago que el juez de Nueva York le ordena a Argentina hacer a favor de NML Capital y demás fondos buitre que intervinieron en el litigio, asciende a unos 1500 millones de dólares. Pero esos fondos, explicó, representan la décima parte del total de bonos que no entraron al canje. Si ese poco más del 7 por ciento de la deuda no canjeada se presentara en los tribunales reclamando igual derecho que el obtenido por estos fondos buitre, Argentina enfrentaría una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares: “Eso es más de la mitad de las reservas internacionales; es absurdo e imposible pretender que un país destine a un solo pago de deuda más de la mitad de sus reservas”, señaló CFK, indicando de inmediato que, “además, si el 92 por ciento que entró en el canje encuentra otro juez que considere, por una cuestión de equidad e igualdad, que es exigible por esos bonistas el pago al contado del valor total de los bonos al momento del default o de su emisión, entonces tendríamos que tanto el acuerdo de canje, como el país, caerían como un castillo de naipes”.

Los orígenes

La Presidenta dedicó un párrafo central de su exposición a historiar el origen y acumulación de la deuda externa, sobre todo su evolución desde el golpe cívico-militar de 1976. “A partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina”, que quedó expuesto en términos de pobreza y de miseria, desocupación y marginalidad, destrucción del aparato productivo y desintegración nacional. “Creció en dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los ’80 primero y después, en los ’90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible.”

Cristina Fernández se refirió de inmediato, en modo irónico, a “dos formidables operaciones, que algunos definen como el mayor fraude financiero de la historia: el Blindaje y el Megacanje”, las dos renegociaciones de deuda ejecutadas bajo el gobierno de Fernando de la Rúa (años 2000 y 2001). El primero, recordó, “fue una suerte de pasamanos entre el Fondo Monetario y algunos acreedores, por el cual el primero le prestaba al país supuestamente 40 mil millones de dólares de los que no ingresaba nada”. En cuanto al Megacanje, Cristina Fernández refrescó que fue “una idea propuesta por David Mulford, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos”, que había sido convocado por el entonces (año 2001) ministro de Economía Domingo Cavallo. Consistió en el canje de 46 bonos entonces vigentes por otros 5 de nueva emisión, ampliando los beneficios en tasas pero extendiendo los plazos de pago, que abarcaba a una gruesa porción del stock de deuda de aquel momento. Por esta operación, recordó ayer la Presidenta, el país pagó 150 millones de dólares en comisiones, de los cuales se beneficiaron siete bancos y el propio Mulford (cobró unos 20 millones, precisó ayer la jefa de Estado). Algunos de esos bancos eran, a la vez, titular de AFJP que poseían títulos de la deuda anterior y los canjearon por los nuevos. “Los bancos cobraron comisión por colocar deuda que ellos mismos ya tenían en sus propias AFJP”, señaló la Presidenta en su repaso.

“Esta operación le provocó al país un perjuicio de 55 mil millones de dólares; pero esta causa prescribió en la Justicia. ¿Qué significa esto? Que por inactividad de los jueces, de algunos fiscales y camaristas, fueron venciendo los plazos y la causa se cayó. Así logró Mulford su sobreseimiento. Es la forma en que actúan algunos jueces, que contrasta con la celeridad con que intervienen cuando las acciones son contra el Estado”, expresó.

Pocos meses después del Megacanje, en diciembre de 2001, sin posibilidad de cumplimiento, en un país que se achicaba al ritmo de las políticas de ajuste, “se disparó el default de deuda soberana más grande de la historia”, apuntó la Presidenta, “con una deuda que llegaba al 160 por ciento del PBI, una desocupación del 25 por ciento y una pobreza del 50 por ciento”. Fue a partir del 25 de mayo de 2003, al asumir Néstor Kirchner la presidencia, recordó, que se inicia el proceso de renegociación que culmina en el primer canje, y luego continuó la actual mandataria con el segundo canje (2010), los arreglos en el Ciadi y el más reciente acuerdo con el Club de París.

“Nuestra voluntad de pago está más que demostrada. Un gobierno está obligado a tener, además, voluntad de negociación, pero también a saber distinguir una negociación de una extorsión. Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestros compromisos con los bonistas del canje. Antes de fin de mes tenemos vencimientos por unos 900 millones de dólares (749 millones del Discount más 183 millones del bono Par, este último con plazo hasta septiembre) y ya di instrucciones para que se instrumente su cancelación. La vocación de Argentina es pagar sus deudas. Vamos a cumplir con nuestros acreedores, pero no vamos a aceptar extorsiones”, dijo al cerrar su mensaje, cerca de las 22, algo más de 11 horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema en Washington que sorprendió a los mercados.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-248787-2014-06-17.html

 

El pecado original, por Alfredo Zaiat

La decisión de cinco jueces republicanos y cuatro demócratas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos afectando la voluntad soberana en materia financiera de un país genera perplejidad. No se inquietan quienes piensan que la Argentina tiene que adoptar una posición subordinada a las potencias y a organismos internacionales y que proponen además una economía integrada en forma pasiva al mercado mundial como proveedor de materias primas. Provoca confusión, en cambio, en quienes se preguntan cómo un país puede ser juzgado por tribunales de otro país. ¿Por qué la Argentina es juzgada y condenada en Estados Unidos en una causa iniciada por fondos buitre que representan una minoría del total de los acreedores que aceptaron el canje de deuda en default? El pecado original para que esto suceda fue en la década los ’80, consolidándose en la siguiente y sin poder saldar esa herencia en los años del kirchnerismo. Ese pecado fue la cesión de la soberanía jurídica a favor de tribunales de países centrales en materia de emisión de deuda. Quienes entonces mordieron la manzana con entusiasmo son los mismos que con sus herederos hoy dan consejos sobre cómo se debe negociar con los buitres.

El arrebato de la soberanía jurídica fue la protección que consiguieron fondos de inversión extranjeros cuando empezaron a desplegarse las finanzas globalizadas. El recorrido nace con el ciclo de endeudamiento en América latina, alimentado con el reciclado de los petrodólares por parte de grandes bancos internacionales a mediados de los ’70. ¿Cómo fue el proceso hasta la pérdida de la soberanía jurídica? En los ’80, esa deuda era coordinada en comités de acreedores de bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) y, ante el peligro de un default generalizado (1982), esas entidades comenzaron a organizar emisiones de bonos que eran comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión (Plan Baker y Plan Brady). Exigieron a los países apurados por refinanciar la deuda que debían ofrecer cobertura judicial extranjera a esos nuevos acreedores, como garantía ante un eventual incumplimiento. Los países deudores aceptaron esas condiciones. De ese modo ya no tenían compromisos con un grupo de bancos internacionales, sino que las obligaciones a pagar pasaron a ser con miles de inversores que compraron bonos de deuda.

El vínculo desigual fue determinado por el mundo de las finanzas: si un país, periférico e imprevisible política y económicamente, quería colocar deuda, ya sea para financiar sus desequilibrios o la fuga de capitales de su propia clase empresaria, debía resignar su soberanía jurídica. Ese costo inmenso, simbólico y político, y que también puede ser económico, fue naturalizado por distintos gobiernos, hasta en los canjes de deuda de 2005 y 2010. La administración kirchnerista tenía un margen muy estrecho si aspiraba a avanzar en el canje en los primeros años de recuperación económica luego de la crisis 2001-2002. Esa limitación muestra que la estructura financiera internacional es un potente instrumento de sumisión de países, como hoy lo padecen las economías europeas periféricas. Y cuando un país la desafía, como lo hace la Argentina, recibe una respuesta contundente de esa comunidad de negocios con muy buena aceptación en los tribunales de Nueva York, como se comprobó.

Que un juez de primera instancia, tres de la Cámara de Apelación y nueve supremos coloquen en el banquillo a un país por una medida económica dispuesta en forma soberana, como fue el default de su deuda y posterior reestructuración, es el resultado de ese marco normativo que establece la preeminencia de los intereses de las finanzas globales sobre decisiones de una nación soberana. Esto es aceptado por el discurso económico convencional como estrategia de seducción del capital extranjero. Es una herencia neoliberal no saldada que hoy exhibe toda su capacidad perturbadora. Lo mismo sucede con los Tratados Bilaterales de Inversión firmados con 59 países que significaron también una cesión de soberanía jurídica a favor del Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, en litigios con multinacionales.

El pecado original está escrito en el documento de emisión de bonos de la deuda. Una de las condiciones dice que si los títulos no se rigen por la ley argentina se aplicará la de Nueva York, para los nominados en dólares, la de Londres, para los papeles en euros, y la de Tokio, para los emitidos en yenes. Esos títulos emitidos bajo legislación de Nueva York fueron suscriptos por inversores extranjeros, lo que no significa que argentinos no hayan comprado esos papeles, ya sea porque prefirieron otra cobertura jurídica a la nacional o porque lo hicieron con capital no declarado al fisco. Esas emisiones también tuvieron el objetivo de poder negociar esos bonos en la plaza de Wall Street, logrando así una mayor desconexión jurídica, financiera y de fiscalización de mercados periféricos, como el de Buenos Aires. Esos títulos poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado nacional establecidos en el Prospectus Supplement (Suplemento de Prospecto) de la emisión de los bonos. En los documentos de emisión de deuda se menciona que esas condiciones “resultan de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países”.

Existen ciertos límites a esa pérdida de soberanía e inmunidad soberana. La renuncia no incluye bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976; los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad; los bienes del dominio público situados en el territorio de la República Argentina que están comprendidos en las disposiciones de los artículos 2337 y 2340 del Código Civil (por ejemplo, ríos, puentes, islas); los bienes situados dentro o fuera del territorio que están destinados al suministro de un servicio público esencial; los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación; bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares y misiones gubernamentales; y bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa.

La posición argentina en los tribunales de Nueva York como en los litigios en el Ciadi fue la de desafiar el pecado original de cesión de la soberanía jurídica. Esa política ha tenido la virtud de la resistencia y la debilidad de la carencia de iniciativas para de-sarticular esa normativa. En estos años donde hubo diferentes instancias judiciales no ha estado en controversia, pese al argumento buitre y de sus lobbistas locales, la voluntad de pago de la Argentina, sino hasta qué nivel jueces de Estados Unidos estaban dispuestos a avanzar sobre la soberanía de otro país. Ayer se supo: hasta la prepotencia de atropellarla.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-248786-2014-06-17.html