Senado aprueba ley de emergencia fiscal y sindicatos definen si van a huelga

Senado le da paso a ley de emergencia fiscal

El proyecto se aprobó con 15 votos a favor de la delegación popular, 11 votos en contra de la delegación novoprogresista y la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El Senado aprobó anoche el proyecto de Sustentabilidad Fiscal con varias enmiendas que vuelven a colocar la medida en manos de la Cámara.

La aprobación de este proyecto se dio a horas de que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) celebren una asamblea en la que esperan aprobar un voto de huelga.

El proyecto se aprobó con 15 votos a favor de la delegación popular, 11 votos en contra de la delegación novoprogresista y la senadora independentista María de Lourdes Santiago. También le votó en contra la senadora popular Maritere González. El senador popular Ramón Ruiz se abstuvo porque su esposa trabaja en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

La aprobación del proyecto se dio luego de casi todo un día de negociaciones con los senadores. Estas negociaciones llevaron a enmendar el proyecto, según explicó el portavoz de la mayoría popular, Aníbal José Torres.

En horas de la tarde de ayer, en el Senado todavía no estaban todos los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Torres, dijo que el proyecto bajaría a votación si las enmiendas lograban conseguir los votos que faltaban para aprobar la medida.

Una de las enmiendas es para que la extensión de las negociaciones hasta el 31 de agosto también aplicara a los sindicatos de corporaciones públicas. El Senado introdujo enmiendas además para garantizar la asignación de fondos federales a agencias y corporaciones y para aclarar que las negociaciones dependerán de las condiciones económicas.

El caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado comenzó la discusión del proyecto en horas de la tarde, a la vez que en La Fortaleza la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, se sentaba a negociar con estos sindicatos.

Pocas horas después, se anunció una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Hacienda para discutir las enmiendas propuestas en el caucus.

¨Tenemos que trabajar esas enmiendas para lograr el voto de los compañeros¨, dijo Torres. ¨Este proyecto lo veremos hoy (ayer) o mañana (hoy). Lo que no puede pasar es que no se apruebe nada¨.

Torres restó méritos a la posibilidad de que esta medida pueda acelerar la convocatoria de un paro general a horas de que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se reúna para aprobar un voto de huelga.

¨No sé de qué manera expresar que vivimos en otro Puerto Rico. No hay dinero. Si quieren paralizar el país, afectarán al pueblo y se afectarán ellos mismos¨, dijo Torres.

Las minorías senatoriales criticaron la forma en que se llevaron a cabo los trabajos y los catalogaron como ¨atropellados¨ e improvisados¨.

¨No me sorprende para nada. Es la falta de comunicación entre los cuerpos y el Ejecutivo. Una falta de coordinación y comunicación que no me sorprende para nada¨, dijo el portavoz de la delegación novoprogresista, Larry Seilhamer.

Por su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo que le votaría en contra al proyecto.

¨Como en todos los asuntos importantes, ha sido atropellado e improvisado. Hoy fue que tuvimos acceso a la versión aprobada por la Cámara. Finalizada la primera parte de la sesión, fue que se convocó la reunión ejecutiva¨, dijo Santiago. ¨Eso quiere decir que vamos a llegar sin oportunidad de realizar consultas o sin que se haya escuchado a las personas afectadas por la medida con las enmiendas aprobadas¨.

Perelló condiciona las enmiendas

El presidente cameral, Jaime Perelló, advirtió que no daría paso a enmiendas al proyecto a menos que sean discutidas con la Cámara. Insistió en que la reunión de ayer en Fortaleza no era para realizar enmiendas a la medida que la Cámara ya aprobó, sino para ¨conversar¨ con los sindicatos.

¨Nosotros no vamos a hacer ningún cambio al proyecto y eso no es lo que se está discutiendo hoy (ayer)¨, dijo Perelló. ¨Si el Senado hace cambio, tiene que ser en proceso de diálogo con la Cámara. Pero en la reunión con Fortaleza, la información que tengo es que el proyecto va en vías a aprobarse para que el Gobernador pueda firmarlo. Las enmiendas fueron dialogadas con el cuerpo hermano. Si el cuerpo hermano concurre, es porque lo trabajamos en conjunto desde el día uno¨.

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Conversaciones estériles

Los representantes de las uniones de las corporaciones públicas no lograron ayer que La Fortaleza incluyera enmiendas al proyecto de Ley de Sustentabilidad Fiscal, lo que pareció abonar el camino para la declaración de una huelga general.

Una huelga en las corporaciones públicas se hizo más latente, luego que ayer no rindió frutos una reunión entre los sindicatos y la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, que buscaba iniciar una negociación de cara a la implementación de una ley que congelaría aumentos salariales y beneficios adquiridos de los empleados públicos.

El liderato sindical de cerca de 30 uniones se retiró de la reunión celebrada en La Fortaleza, luego que el Gobierno no aceptó que se incluyera una enmienda al proyecto de Ley de Sustentabilidad Fiscal para aclarar que todos los derechos laborales suspendidos se restablecerían tan pronto culmine la crisis fiscal.

Por su parte, Vila Biaggi, indicó que la enmienda propuesta por los sindicatos no es necesaria porque “la ley se establece por un período de tres años”.

La secretaria de la Gobernación aclaró además que la reunión de ayer se llevó a cabo para que las uniones iniciaran un proceso de negociación sobre sus respectivos convenios colectivos con cada uno de los directivos de las corporaciones públicas y no para que se presentaran enmiendas al proyecto de Ley de Sustentabilidad Fiscal.

No obstante, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que la negativa del Gobierno para agregar esta enmienda “evidencia que la intención real del proyecto no era atender la crisis fiscal sino quitar los derechos de la clase trabajadora puertorriqueña”.

“Quieren utilizar la crisis fiscal para empobrecer a la clase trabajadora puertorriqueña. No vimos una disposición del Gobierno de sentarse a retirar o enmendar el proyecto”, sentenció el líder de la UTIER.

Figueroa Jaramillo dijo además que la secretaria de la Gobernación no ofreció información sobre el ahorro que generarían las cláusulas del estatuto que eliminan la restricción y limitación de la subcontratación, los traslados y la aplicación de la antigüedad.

“Estamos bien preocupados en el área de la subcontratación porque no podemos olvidar que de ahí es que se financian las campañas políticas. Eliminar las cláusulas que restringen que se abra a la subcontratación sin ninguna justificación (representa) que se van a estar otorgando contratos a diestra para financiar las campañas políticas”, sentenció el líder de la UTIER acompañado de decenas de líderes sindicales.

Sobre este particular, Vila Biaggi dijo que se ofrecieron los ahorros totales pero admitió que no se tenía disponible la información detallada por cada una de las corporaciones públicas.

La secretaria de la Gobernación dijo que “la ley completa contempla unos ahorros o unos ajustes de $1,400 millones y (referente a los ajustes a los beneficios de los empleados de) corporaciones públicas representa ahorros entre $200 y $250 millones”.

Vila Biaggi informó que varias uniones de corporaciones públicas ya están negociando con los directivos desde hace unas semanas, pero prefirió no revelar los nombres de esos sindicatos.

La secretaria de la Gobernación dijo que convocó la reunión porque buscaba facilitar el proceso de diálogo entre las uniones y los directivos de las corporaciones públicas.

De otro lado, el liderato sindical lamentó que el Gobierno “haya querido excluir a los maestros, policías y bomberos del proceso de negociación” porque a su juicio el proyecto de Ley de Sustentabilidad Fiscal también afecta a estos trabajadores.

“Se le preguntó a Ingrid Vilá qué mecanismos se van a utilizar con esos empleados que no tienen una representación reconocida por Ley 45 o Ley 130 y su respuesta fue ‘mutis’. No hay ningún mecanismo para nosotros canalizar los reclamos que tenemos como maestros”, sentenció Emilio Nieves de la organización magisterial UNETE.

Por su parte, Eva Ayala de EDUCAMOS, aseguró que el Departamento de Educación confirmó que unos 4,500 maestros transitorios se quedarán sin trabajo en agosto.

“Estos 4,500 maestros son padres y madres de familia y llevan hasta 10 y 15 años de servicio sin que se le otorgue una plaza”, denunció Ayala.

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