Colombia: Justicia deja firme inhabilitación a Piedad Córdoba para participar en política

Este miércoles, la Corte Constitucional le dio la estocada a la exsenadora liberal Piedad Córdoba, quien buscaba tumbar, mediante una demanda de nulidad, la destitución e inhabilidad por 18 años proferida en su contra por el procurador Alejandro Ordóñez.
Piedad creía que su destitución era nula por la poca validez de las pruebas que sustentaron la decisión del procurador Ordóñez. El Ministerio Público había tomado la determinación contra la exsenadora basado en las pruebas obtenidas en el computador del desparecido jefe de las FARC ‘Raúl Reyes’, en las que supuestamente la relacionaban con ese grupo guerrillero.
Piedad insistió en que esas pruebas eran ilegales, tal y como lo confirmó la misma Corte Suprema, que dejó sin vigencia el valor probatorio de la información contenida en los aparatos.
Semana.com conoció que la Corte Constitucional negó la nulidad con votación de seis votos a favor y dos en contra, bajo la tesis según la cual la Procuraduría probó de manera contundente los nexos de la exsenadora con el grupo guerrillero.
De otro lado, la Corte determinó que a la exsenadora no se le violó el debido proceso y que por lo tanto, se mantenía la destitución.
Para uno de los abogados de la exsenadora, Luis Guillermo Pérez, “existe una alta probabilidad de que el caso sea revisado y se emita una sentencia a favor de la excongresista. Esto debido a que en Colombia no se han fijado con exactitud los límites de una sanción administrativa proferida por el procurador”.
El objetivo entonces es llevar el caso a  instancias internacionales que se pronuncien de fondo sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar funcionarios elegidos popularmente.
Sería una jugada de la defensa, tal y como ocurrió con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde pidió medidas de protección.
Ahora, y mientras esto ocurre, Piedad seguirá llevando el peso de una drástica sanción por parte del controvertido procurador general de la Nación.