Washington da la hora – Periódico El Tiempo, Honduras
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
De la reunión de los presidentes del triángulo norte centroamericano (Guatemala-El Salvador-Honduras) con el presidente Obama, de Estados Unidos de América (EUA), queda ratificada la posición de Washington respecto al problema del éxodo de los “niños mojados” de que no son bienvenidos y serán deportados, con todo y chivas.
Las variaciones sobre el tema son, de acuerdo con la experiencia de las relaciones bilaterales, de poca monta, pues se reducen a la interpretación restringida acerca de la “responsabilidad compartida” por parte de EUA y la ambicionada por el trío presidencial, de gran amplitud, que no cuadra con el análisis de la metrópoli sobre la situación.
Independientemente de las declaraciones del grupo de presidentes centroamericanos, después de reunirse con Obama, en las que se advierte un desencanto, o, para decirlo amablemente, un optimismo cauteloso sobre el resultado de la plática, la definición política está plasmada en la declaración oficial de la Casa Blanca.
De acuerdo con esa declaración oficial, la responsabilidad compartida se reduce casi en su totalidad al bloqueo yugular de la migración irregular de los países del triángulo del norte al EUA, con énfasis en la diáspora infantil, en tanto “asunto humanitario”, a quienes, una vez capturados, la “primera prioridad es asegurar que a estos niños se los aloje, alimente y que reciban cualquier tratamiento médico necesario”.
Es, diríamos, la prioridad para una sana deportación, o repatriación, según se mire. Tal determinación, que aumenta la claridad de la política migratoria estadounidense, no podría cambiar sustancialmente con la reforma propuesta por la administración, sistemáticamente combatida y atrancada en el congreso. La cuestión es, en suma, el cierre de la frontera para el flujo migratorio del sur.
El tema de la migración sur-norte se presta a muchas consideraciones, siempre dentro de la constante de las migraciones como fenómeno de la expansión humana. En nuestro caso, el de la región centroamericana, va más allá de la causalidad de criminalidad y violencia, pues la incidencia principal es de naturaleza económica y social.
En la declaración oficial de referencia, el desarrollo económico y social queda adherido al tema de la seguridad, aunque se reconoce que nuestros países “enfrentan desafíos muy complejos” relacionados con los “niveles altos de crímenes violentos, pobreza y falta de oportunidades”.
De cara a esa apreciación, EUA proporciona este año 161,5 millones de dólares para la iniciativa de seguridad regional de Centroamérica (CARSI), 130 millones de dólares para “una variedad de programassociales (salubridad, educación, cambio climático, crecimiento económico, cooperación militar y ayuda para la democracia). Dicho sea de paso, casi todo ello por la vía de la privatización.
Además, está la promesa de 300 millones de dólares más, solicitados de emergencia por la administración Obama al congreso de EUA, para “trabajar con Centroamérica, México, Colombia, bancos de desarrollo multilaterales y otros socios internacionales para desarrollar un plan sostenible y bien coordinado para resolver los desafíos que Centroamérica enfrenta”. Prometer no empobrece, dicen.
Por supuesto, “este esfuerzo requerirá el liderazgo de los Gobiernos de Centroamérica, en estrecha colaboración con la sociedad civil y el sector privado, para fomentar mejoras de bases amplias y duraderas en las condiciones sociales y económicas de la región”. Habrá que ver la aplicación de esa hipotética cooperación sobre el terreno, pero eso es harina de otro costal.
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