Guatemala: diversos sectores objetan la constitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones

La Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, fue calificada ayer como una normativa que atenta contra la autonomía municipal y la propiedad privada. Sus detractores repitieron ese argumento durante una vista pública que tuvo lugar en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sergio Beltetón, de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAI), argumentó que es necesario declarar la ley inconstitucional porque otorga a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) capacidades superiores a su labor como dependencia técnica.

Roberto Alonzo, representante de la Municipalidad de Guatemala, sostuvo que la ley atenta contra los planes de ordenamiento territorial, pues las empresas no necesitarían más autorización que la otorgada por la SIT para colocar antenas, postes o cableado, lo que deja lugar a la discrecionalidad.

Por su parte, la Cámara de Industria calificó la normativa como “discriminatoria y desigual”, pues afecta la libre competencia. Fernando López, presidente de la CIG, informó que solo tres empresas cumplen con las características solicitadas en el Artículo 4, que requiere la instalación de por lo menos 6 mil kilómetros de fibra óptica para optar a una autorización de la SIT, según la ley.

El MP solicitó a la CC que emita una sentencia “exhortativa” para que se realicen consultas a las comunidades indígenas sobre aspectos donde se afecte la propiedad, posesión o administración de las tierras comunales de los pueblos mayas.

Eddy Padilla, titular de la SIT, rechazó los argumentos de los trece ponentes de las inconstitucionalidades y solicitó que sean declaradas sin lugar, porque esa normativa “daría cobertura y acceso a Internet a toda la población guatemalteca y eso sería de beneficio para las futuras generaciones”.

El tribunal constitucional recibió ayer todos los argumentos y afirmó que en un plazo que tomaría de 20 días a dos meses, dictará una sentencia definitiva.

El Periódico