México: ofrecen recompensa por datos de estudiantes y padres critican investigación

 Gobierno ofrece millonaria recompensa por datos de estudiantes y padres desconfían de la investigación

El gobierno de México ofreció una recompensa millonaria para quien ofrezca información que permita dar con el paradero de 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace semanas luego de ser detenidos por policías y entregados a miembros de un grupo de narcotráfico.

En un anuncio pagado, publicado el lunes en algunos diarios mexicanos, el gobierno informó que entregará hasta 1.5 millones de pesos (cerca de 111 mil dólares) por cada uno de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, es decir, un total de 64.5 millones de pesos (unos 4.7 millones de dólares).

También ofrece 1.5 millón de pesos por información que lleve a la detención de los responsables de la desaparición.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, una municipalidad del sur de México, luego de ser atacados por policías locales de esa y otra localidad vecina.

Hasta ahora han sido detenidas cerca de 50 personas, en su mayoría policías municipales, aunque no se sabe qué sucedió con los alumnos.

Las autoridades también han localizado fosas clandestinas con restos humanos, aunque la Procuraduría General de la República sostiene que hasta ahora ninguno corresponde a los jóvenes, en un caso que se ha vuelto en uno de los mayores desafíos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El anuncio de la recompensa se publicó el mismo día en que está previsto un encuentro entre familiares de los estudiantes y autoridades federales que investigan la desaparición, según informó Tlachinollan, un centro de derechos humanos que acompaña el caso.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo la noche del domingo a la prensa que se han hecho casi 500 recorridos por tierra, agua y aire, en conjunto con los familiares.

Lo que se sabe hasta ahora es que policías de los municipios vecinos de Iguala y Cocula, ambos en el estado sureño de Guerrero, detuvieron a los jóvenes y los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico surgido a raíz de divisiones internas en el cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Agentes federales han asumido la seguridad pública en esas dos municipalidades.

Rubido anunció el domingo que las labores de seguridad en otras 13 municipalidades, 12 de Guerrero y una en el vecino Estado de México, quedaron bajo control de la Policía Federal luego de encontrar presuntos vínculos con el crimen organizado de los agentes locales.

Jornada

 

Paterfamilias, insatisfechos con indagatoria sobre Ayotzinapa

Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala manifestaron que no están satisfechos con el desarrollo de las investigaciones del caso, pues hasta ahora no hay reportes ni pistas sobre el paradero de sus hijos.

Los familiares de los jóvenes ausentes tuvieron ayer una reunión privada con autoridades federales, donde asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Por los afectados estuvieron presentes abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Al término de la reunión, en improvisada conferencia de prensa en las inmediaciones del aeropuerto Juan N. Álvarez, de Acapulco, parientes de los 43 desaparecidos informaron que los funcionarios federales les explicaron las líneas de investigación (criminalización que sufren los estudiantes y la delincuencia organizada que operaba a favor del ayuntamiento de Iguala) y las labores de búsqueda que se realizan.

La mesa de trabajo se inició alrededor de las 14 horas en el hangar privado de la Procuraduría General de la República (PGR) de la terminal aérea y concluyó pasadas las 16:30 horas en medio de un discreto dispositivo de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto y en el Bulevar de las Naciones.

Como representante de los paterfamilias acudió Felipe de la Cruz Sandoval, acompañado por los abogados Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra; este último apuntó: ‘‘No hay confianza (…) sin embargo es el Estado mexicano y tenemos que apostarle y hacer la exigencia para que la búsqueda y la investigación sean efectivas y que los responsables sean sancionados’’.

Indicó que las líneas de investigación que siguen las autoridades son la criminalización que sufren los estudiantes y la delincuencia organizada que operaba en favor del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca.

Señaló que en la reunión se propuso que se tome en cuenta información que aporten padres y madres de familia y la asistencia técnica que puedan brindar expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reveló: ‘‘(los funcionarios federales) nos dijeron que hubo un mal procedimiento para la exhumación (por parte) de la Fiscalía General y de todos los órganos estatales involucrados; hicieron una intervención inadecuada en el proceso de identificación y eso nos arroja resultados más tardados’’.

Comentó que especialistas argentinos tuvieron acceso a los restos humanos de las fosas clandestinas encontradas en Iguala, tomaron muestras de los padres y madres de familia y se enviarán a Estados Unidos para su análisis.

Pedro David García López, presidente de la sociedad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, dijo: ‘‘No importa que haya 100 líneas de investigación, sino la que vaya a dar con nuestros compañeros’’. Por su parte, el abogado De la Cruz Sandoval puntualizó: ‘‘No confiamos en la policía estatal; hoy tratamos de confiar en el gobierno federal, pero los resultados que nos arrojan no nos satisfacen. Los padres de familia tienen la seguridad de que los muchachos están vivos; no nos dejamos llevar por los medios de información que anuncian que ya los quemaron o que están muertos’’, concluyó.

Jornada

 

Peña Nieto: “Para el gobierno de la República es fundamental llegar a fondo en la investigación”

La determinación de que las fuerzas federales asumieran el control de la seguridad pública en 13 ayuntamientos del estado de Guerrero obedeció a que de las investigaciones realizadas en torno a los sucesos registrados recientemente en Iguala se desprendieron ‘‘evidencias de que había infiltración del crimen organizado’’ en esas corporaciones, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario aseguró que ‘‘como hoy lo hacemos en Guerrero, lo hemos acreditado y seguiremos trabajando para que, junto con los gobiernos locales, pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo en las encargadas de dar seguridad a las familias mexicanas’’.

Tras lamentar que los esfuerzos que realizan los diversos niveles de gobierno y la sociedad para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia se hayan visto ‘‘empañados por esos sucesos’’ en Guerrero, subrayó que garantizar la seguridad pública es tarea prioritaria. Por ello, ‘‘para el gobierno de la República es fundamental llegar a fondo en la investigación que ya estamos realizando. Pero también, apenas recién instruí, y ya ha ocurrido ayer (domingo), que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en aquellos municipios’’ guerrerenses.

De gira por Veracruz, el Presidente de la República retomó el tema a propósito del anuncio que hará este martes el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, sobre la entrada en funcionamiento de la Fuerza Civil, nuevo cuerpo de seguridad pública para la entidad.

Peña Nieto habló en el marco de la entrega de diversos apoyos asociados a Prospera, el cual, insistió, va más allá de un programa social y se inserta en un mecanismo integral que incorpora diversas dependencias del gobierno, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Señaló que contrariamente a lo que se cuestionaba en las campañas federales de que Oportunidades iba a desaparecer, ‘‘Prospera es una evolución de lo que anteriormente era Oportunidades’’.

En el evento Sin Hambre Veracruz Prospera, efectuado en Poza Rica, el presidente Enrique Peña Nieto tomó la protesta a brigadistas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y a vocales de Prospera. Ahí mencionó que este programa es una evolución de lo que anteriormente era Oportunidades, y tiene nuevos componentes como educación, inserción financiera, salud y políticas públicas de inclusión socialFoto Presidencia

Explicó que los nuevos alcances de la política social derivan, en buena medida, de las reformas que se han aprobado y que han comenzado a llevarse a la práctica, aunque algunas otras aún tomarán tiempo. ‘‘Sin duda hemos logrado sentar una nueva plataforma que posibilitará que las y los mexicanos tengan mayores oportunidades de empleo’’, expresó.

Acompañado por los secretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles, y de Educación Pública, Emilio Chuayffet, señaló que la lógica de Prospera es no solamente la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios, dada su condición de retraso o rezago social, sino incorporarlos a la vida productiva en el país. Anteriormente, agregó Peña Nieto, Oportunidades otorgaba los beneficios económicos, pero ‘‘si bien esto mitigó los efectos de la pobreza, es claro que no resolvió el problema’’.

El gobernador de de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, destacó que Prospera es un esquema eficaz para el combate a la pobreza y las condiciones de marginación, pues representa ‘‘un cambio de fondo en la manera de entender y conducir la política social’’. En Veracruz, dijo, hay coincidencia en que ‘‘la desigualdad no debe combatirse con políticas asistencialistas, sino con un cambio de actitud que promueva la corresponsabilidad’’ de los beneficiarios.

Finalmente, al hacer una numeralia de la instrumentación del programa, la titular de la Sedesol señaló que en la revisión de los programas sociales se detectó que al menos 35 mil familias habían sido injustificadamente excluidas de Oportunidades, mismas que actualmente han sido reinsertadas en Progresa.

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