Argentina: comienza juicio por asesinato de joven campesino
Por Manuel Perez Berro. Hoy comienza el juicio oral y público por el crimen de Cristian Ferreyra, campesino del Mocase-VC asesinado por resistir el desalojo de sus tierras.
“Hay una violación a los derechos de las comunidades campesinas indígenas”, denunció Deolinda Carrizo, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), quien, consultada por el programa radial La Revancha, aseveró que el juicio por el asesinato del militante de ese espacio Cristian Ferreyra mientras resistía un desalojo será “emblemático”.
-Es la primera vez que se lleva a juicio a un empresario rural.
-Sí, es emblemático e histórico para el campesinado de Santiago del Estero, nunca se había dado. Normalmente la Justicia aquí funciona para que el empresariado siga con la impunidad que arrastra desde décadas contra los que trabajan la tierra. Hay muchas familias campesinas indígenas que de repente en algún momento fueron desalojadas y la Justicia nunca respondió por la situación, ni siquiera se reconocen algunos artículos del Código Civil Provincial. Todo se fue arrastrando, como la topadora al monte. Por eso es muy emblemático y sobre todo en la zona norte de Santiago del Estero que acumula mucha represión, mucha detención arbitraria de compañeros por defender la tierra. Esto significa un motivo de movilización fuerte para nosotros.
-Cristian Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 por el sicario Javier Juárez, cuando resistía el desalojo de sus tierras, algo que ustedes sufren hace mucho tiempo.
-La Comunidad de la COPAL son más de cien parajes que se organizaban desde el 2005 contra la empresa Conexa de madera dura, que pretendía unas 170 mil hectáreas de estos parajes. Se había hecho una resistencia y se frenó ese intento de desalojo. Ellos querían ubicar a las familias al costado del camino, pero ellos se resistieron y no se hizo ningún negocio con la empresa. Después se fueron achicando los conflictos territoriales, así que en 2008 vino un empresario de apellido Luque que pretendía encerrar a las familias del Paraje San Antonio, Campo de Mayo, Malvinas y otros parajes, pero tampoco pudo negociar con las familias. Es ese momento en el que Luque le vende las tierras a Ciccioli, que ya avanzó con permisos de la Dirección de Bosques de la Provincia y desmontó más de 2 mil hectáreas. A ellos se les pararon las topadoras, se les hicieron denuncias. Siempre se hicieron las denuncias como corresponde a la comisaría local, el juzgado provincial y siempre se frenaron por la organización de las comunidades. Lamentablemente, ese 16 de noviembre asesinan a Cristian, quien unos días antes había frenado a estos sicarios que estaban alambrando un territorio. En este juicio histórico el empresario va como culpable de homicidio en segundo grado, amenaza de muerte, agresiones leves y graves, y va a ser juzgado junto con los cinco integrantes del grupo armado.
-Vos marcás que el caso es emblemático porque este asesinato no es aislado, sino que son varios casos, ¿cómo se unen esas agresiones con el avance del agronegocio en la provincia?
-De las 20 mil familias que vivimos en las comunidades campesinas indígenas, la gran mayoría no poseemos títulos sobre la tierra, somos poseedores con ánimo de dueño y eso es porque hace cuatro o cinco generaciones que vivimos sobre la misma tierra. Producimos cabras, vacas, nuestros animales de corral y trabajamos nuestras pequeñas parcelas para la producción en épocas donde toca la lluvia. Siempre vivimos así hasta que esta modificación de la soja transgénica adaptó la semilla a un clima y a un suelo muy particular de esta zona y por eso se empezó a correr este interés por la tierra. En muchas tierras en donde vivimos por generaciones, a partir de la década de 1990 se empezaron a vivir con más intensidad las agresiones y los intentos de desalojo. Lamentablemente las comunidades que no estaban organizadas antes de 1990 fueron expulsadas. El movimiento está en diez departamentos, pero no cubrimos todo el largo y el ancho de los mismos. Hay muchas comunidades que están al borde del desalojo y tenemos que intervenir en lo jurídico, que es donde siempre se pierde. Después las familias se organizan, recuperan su territorio y siguen la lucha contra esta intención de seguir acaparando la tierra de algunos empresarios que no significa producción para la provincia o el país, son granos que se exportan. Principalmente producen soja y ahora el feedlot, que son parcelas al lado de los silos secos donde hay criaderos de vacas en los que tiran los desechos de la soja y hacen una sobre explotación y contaminación del agua con los agrotóxicos.
-Entonces para que podamos graficar lo que planteas, se debe decir que se está corriendo la frontera agraria y ustedes molestan para el negocio de la soja.
-No sólo por la molestia sino también por una falta de respeto a los derechos, una violación a los derechos de las comunidades campesinas indígenas. Además, el desconocimiento a un sistema de producción milenario que garantizó a los mercados locales el abastecimiento de la carne, los lácteos, el pollo. De forma popular nosotros siempre mantuvimos nuestros mercados.
-Nombraste algo clave que es la violación de sus derechos, ¿cómo están actuando los gobiernos provincial y nacional en este sentido?
-Después de la intervención provincial en Santiago del Estero se instaló una mesa de diálogo donde se llevaron desde las organizaciones campesinas las distintas problemáticas y se hizo una intervención para ir apaciguando. La gran meta o cuestión de fondo no se resuelve, que es el reconocimiento y la entrega de tierras a los que las poseen, ir delimitando e ir entregando, y sobre todo en lo que dicen ser tierras fiscales pero que son de los campesinos, y en tierra privada. Aquí se avanzó con el Gobierno nacional y un poco con el provincial con el relevamiento de las comunidades campesinas en el marco de la Ley 26.160. Ese relevamiento se hizo pero aun así el Ministerio de la Producción y la Dirección de Bosques no reconocen ese relevamiento y van otorgando permisos de desmonte a empresarios que dicen ser los dueños de esos territorios. Entonces en las reuniones se comprometen pero, en el territorio, el compromiso que se asume muchas veces se viola.
-Ahora todas las miradas están puestas para que se empiece a revertir esa situación que se centra en el juicio que empieza hoy. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Mocase?
-Originalmente nos dijeron que el juicio se iba a realizar en Santiago capital, después que se iba a hacer durante tres días en Monte Quemado y en Santiago capital, y a último momento nos dijeron que iba a ser todo en Monte Quemado. Estamos viendo que íbamos a estar estorbando porque iba a ser bastante fuerte estar en Santiago Capital y ver que un juicio contra un empresario es de verdad y que hay organización apoyando no sólo desde provincia sino a nivel nacional. Habrá muchos veedores, muchas personalidades como Nora Cortiñas, que estará presente como veedora externa, y después las Facultades de Agronomía y Filosofía de distintas provincias, otras organizaciones políticas que pidieron observar del juicio, que va a tomar una trascendencia social. Por lo tanto, alejaron el juicio a un sitio bastante inaccesible por lo que es el camino. Sin ninguna duda nos va a servir para saber que con la organización estos casos no van a quedar impunes. Creemos que a nivel nacional el retumbe que está teniendo ayuda a visibilizar la necesidad, no sólo de cambio de una estructura agraria, sino de respetar que existen otros sistemas de producción de alimentos y que es necesario fortalecer al que hoy está atacado por el agronegocio transnacional.
Además vamos a mantener un diario del juicio que se conformará por un equipo amplio y diverso de comunicadores a nivel nacional, que se intentará construir con imágenes, videos, reportajes. Así que si no nos conseguimos comunicar con esta vía, ahí vamos con todos estos materiales para todos.
