Senadores y Partidos políticos respaldan decisión de la Corte de ordenar la salida de la CIDH

Senadores respaldan decisión contra CIDH

Senadores manifestaron ayer su respaldo a la sentencia TC 0256-14 que fue evacuada por el Tribunal Constitucional (TC) contra el instrumento de adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Prim Pujals, representante de la provincia Samaná, dijo que la CIDH lo que históricamente ha hecho es irrespetar la soberanía, la Constitución y la división de poderes del Estado dominicano a través de sentencias “prejuiciadas”.

“Lo apoyo, lo respaldo, porque el país debe mantenerse como está para que ningún organismo, no importa la jerarquía que tenga, quiera desconocer nuestros valores nacionales”, puntualizó. Francis Vargas, presidente de la comisión de Justicia del Senado, expresó que las decisiones del TC son vinculantes, por lo que ningún poder del país puede desacatarlas.

Luis René Canaán, senador por la provincia Hermanas Mirabal, indicó que la posición de la CIDH es injusta contra los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno para buscarle una salida a los migrantes que se encuentran dentro de país.

Que RD permanezca fuera

Los legisladores manifestaron que prefieren que el Gobierno no corrija el proceso de adhesión de la CIDH enviando la firma del acuerdo para que sea ratificada en el Congreso Nacional.

“En vista de que la CIDH tiene una posición de hostigamiento contra el país, por el momento la República Dominicana debe quedarse al margen de la competencia de esa corte”, comentó el senador Arístides Victoria Yed.

El Día

 

PRD y PRSC respaldan fallo del Constitucional

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, ratificó ayer su apoyo a la sentencia 256-14 dictada por el Tribunal Constitucional, por entender que es acorde a lo que establece la Constitución sobre tratados y convenciones internacionales.

Mediante una nota, Vargas afirmó que la soberanía del país es “sagrada e innegociable”, y lamentó las posiciones de algunas personas que cuestionan la referida sentencia.

“Eso es parte del derecho de libertad de expresión del que disfrutamos los dominicanos y dominicanas, gracias a nuestro sistema democrático y afortunadamente para ellos y para nosotros, la sentencia del TC garantiza la soberanía de nuestra patria para todos, sin importar preferencias políticas ni de opiniones”.

PRSC saluda sentencia Mientras el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y vocero de los diputados reformistas, Ramón Rogelio Genao, anunció ayer su respaldo total a la sentencia del TC, que invalida la adhesión del Estado Dominicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por no contar con la ratificación del Poder Congresional tal como lo establece nuestra Constitución.

Genao indicó que en las actas del Congreso no existe ninguna aprobación de tratado o convenio alguno que dé jurisdicción a la CIDH sobre la República Dominicana, por lo que el PRSC respalda en un 100% la decisión del Tribunal Constitucional.

“El Congreso Nacional, primer poder del Estado, no ha ratificado la membresía o afiliación del país a la CIDH por lo tanto no es soberana y ningún poder o funcionario alguno puede imponer al pueblo y al Estado lo que la Constitución no manda, gústele o no, ninguna sentencia del CIDH le es imponible a los dominicanos”, afirmó.

Jurista apoya fallo También el abogado constitucionalista Juan Manuel Rosario apoyó el fallo, e indicó que la decisión del TC es un acto aplaudible, desde el punto de vista jurídico y desde la perspectiva de la preservación de la soberanía de Republica Dominicana.

El especialista, quien fue uno de juristas que redactó la acción de inconstitucionalidad, dijo que están equivocados aquellos que invocan que ya el Estado dominicano por aquiescencia había aceptado la competencia de la Corte. Sostiene que olvidan esas personas que no se puede hablar de aquiescencia ni de aceptación automática de la competencia de la Corte, porque tal competencia nunca existió.

Dijo que no se puede alegar que el Estado dominicano está obligado a cumplir con las sentencias de la Corte, porque el Estado nunca había aceptado tal competencia.Apuntó que en esta ocasión no se está hablando de renunciar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la propia Corte.

Listin