Ante las críticas, Humala defiende ley laboral que quita derechos a los jóvenes
El presidente Ollanta Humala defendió el nuevo régimen laboral para los jóvenes entre los 18 y 24 años, al considerar que esta nueva normativa les permitirá ingresar al mercado laboral con menos trabas que antes.
“Primero que este es un mecanismo voluntario, porque en las calles vemos como los chicos hacen colas para trabajar en centros comerciales, con su sobre de manila en la mano, donde llevan sus legajos y tienen que pagar lo que se llama derecho de piso y son sobreexplotados y eso no es posible”, dijo el primer mandatario.
Si bien bajo este nuevo esquema, los trabajadores no tendrán derecho a una serie de beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), ni a gratificaciones, ni seguro de vida y, además, solo tendrán 15 días de vacaciones al año, Humala señaló que de este modo el Gobierno está ayudando a los jóvenes a ingresar al mercado formal.
“Esta es una norma temporal, que dura tres años y que sirve para suplir la falta de experiencia. Estamos creando un mecanismo que es voluntario y no obligatorio”, señaló.
Jóvenes para usar y botar
La frase “sobrecostos laborales” ha sido extendida durante los últimos años como un disfraz verbal para lo que, en realidad, son derechos de los trabajadores. Sin embargo, priorizando los intereses de los empleadores a los de los empleados se han implementado, en más de una ocasión, medidas que recortan estos derechos. ¿Cuál es la excusa? Que mientras menos cuesta un trabajador habrá más incentivo para las inversiones, dejando de lado otros factores que tienen que ver con la competitividad de las empresas, como el desarrollo tecnológico, la capacitación de los trabajadores y la infraestructura necesaria, que son las claves del éxito económico.
En este espiral de recortes un proyecto de ley aprobado el jueves 11 de diciembre en el hemiciclo causa alarma pues, esta vez, los derechos recortados impactan en los jóvenes que recién ingresan a la vida laboral. Miles de peruanos entre 18 y 24 años tendrán un nuevo régimen laboral. Se trata aproximadamente de 263 mil peruanos que de esta manera podrán acceder a la formalidad. ¿Cuál es el problema?
La inserción laboral es un tema no sólo aplaudido, sino necesario, pero no se trata de trabajar en condiciones precarias o sin el reconocimiento de derechos. El día de hoy un 83.5% de jóvenes peruanos viven en la más terrible informalidad laboral. Muchos de ellos, además, encuentran los primeros obstáculos a la hora de ser contratados, en su falta de experiencia, lo cual genera un círculo vicioso. Se trata de un sector vulnerable, sin ninguna o poca experiencia previa y que, con ideas equivocadas como la necesidad de “ganarse el derecho de piso” aceptan trabajar sin garantías.
Este proyecto de ley constituye una iniciativa del gobierno central que otorga incentivos a las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 24 años por un período mínimo de un año que puede extenderse a tres. ¿Qué incentivos se otorgan? Que ninguno de los contratados dentro de este nuevo régimen recibirá Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ni gratificaciones en julio ni diciembre, ni asignación familiar, ni utilidades. Además, sólo contarán con 15 días de vacaciones al año. Lo único a lo que podrán acceder es a un seguro en Essalud. Un beneficio, como vemos, menos que mínimo. Pero, como cereza de la torta, además, se señala que durante el primer año laboral dentro de este nuevo régimen quien asuma el pago del seguro social de los contratados será el Estado.
Por otra parte, nada garantiza que los contratados tendrán garantizada la prórroga de sus contratos, vale decir, que en cuanto termine su período como trabajador dentro de este régimen, bien podrían ser despedidos para contratar a otros jóvenes que les permitan a las empresas ahorrarse los derechos que debieran otorgar a sus trabajadores.
La idea detrás de un proyecto de ley como este es la misma que subyace a las iniciativas que desde el Ejecutivo, con el objetivo de reactivar la economía, recortan derechos. A fin de cuentas, se trata nuevamente de la ideología del “cholo barato” y del abuso legalizado. Siendo el empleo una pieza clave en la dinamización de la economía, pero también del bienestar de los ciudadanos, no se puede permitir que el recorte de derechos sea una práctica cotidiana, ni mucho menos avalada por los representantes políticos.
Darle luz verde a este proyecto sólo evidencia que los trabajadores siguen a la cola de las prioridades gubernamentales. Entre este proyecto y la reciente aprobación de despidos colectivos el gobierno muestra su orientación. Vale decir, que los trabajadores paguen los platos rotos y que los empleadores, sigan tranquilos con un modelo de crecimiento que, eventualmente, sólo los beneficia a ellos. Ya se anuncian movilizaciones de distintos colectivos juveniles para denunciar este falso beneficio. Ojalá que en esta oportunidad el movimiento de respuesta tenga la duración necesaria para derrotar la medida y avanzar a un verdadero programa de promoción del empleo juvenil.
