Ayotzinapa: padres acudirán a la ONU y crece rechazo por cierre del caso

La “verdad histórica” de la PGR no sobrevive 24 horas: masivo rechazo en México y el mundo

La “verdad histórica” no sobrevivió 24 horas de su propia historia. Los primeros en rechazar la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fueron los padres de los 43 normalistas que el martes mismo brincaron sobre la versión oficial.

Y ayer, antes siquiera de que hubieran pasado 24 horas de la conferencia en la PGR, las mayores organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) se unieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a más de 70 organizaciones civiles mexicanas en el rechazo a lo que fue interpretado como un nuevo intento del gobierno de México para cerrar el caso Ayotzinapa.

El martes pasado, el Procurador Murillo Karam dio un reporte sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de cuatro meses, donde reiteró la versión que ha defendido desde noviembre pasado: que los jóvenes fueron asesinados e incinerados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el funcionario federal, en un intento vano por convencer que su investigación está completa y, peor aún, cerrada.

Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Murillo expresó que la versión inicial se reforzó tras la detención, el jueves 15 de este mes, de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.

La versión fue refutada unas horas después por los padres de los desaparecidos, quienes señalaron una serie de incongruencias y contradicciones en la versión ofrecida por la PGR y anunciaron que llevarán el caso hasta la Comisión de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ayer, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), expresó en entrevista radiofónica que la información ofrecida por Murillo Karam “no es una verdad histórica, es una versión oficial”.

Manifestó que el hecho de que se haya hablado primero con los medios de comunicación en lugar de con los padres de familia, “da la impresión de concluir mediáticamente el caso”.

“Ha habido negligencia, empezando por la Procuraduría, que se tomó 10 días para tomar el reclamo de los padres”, reclamó.

El miércoles, Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.

“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo Murillo Karam.

“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Desde el 5 de noviembre pasado, SinEmbargo dio a conocer, en un amplio reportaje, que el Ejército estuvo allí la noche de la tragedia, algo que apenas ha sido recogido por algunos medios a partir de la exigencia de los padres.

EL CASO AYOTZINAPA NO SE CIERRA: CNDH

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo ayer que el caso no podrá cerrarse hasta que se lleve ante la justicia a todos los responsables y se aclare el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales, hasta ahora sólo se ha logrado presuntamente identificar los restos de uno.

“El expediente de Ayotzinapa para la Comisión Nacional sigue abierto por lo que hace a su propia actuación, pero también falta ver qué dicen los jueces, qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y faltan los resultados que se mandaron a periciar al extranjero, y entonces es un expediente que no está cerrado, que no debe estar cerrado que no debe hablarse de conclusión y que para la CNDH sigue abierto”, dijo González Pérez luego de presentar el Informe Anual de Actividades 2014 ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.

Expresó que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, lugar en el que desaparecieron los normalistas, es “el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y las omisiones”.

“Hay que desmontar este entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, comentó.

Dijo que continuará con el análisis exhaustivo de los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre en donde desparecieron 43 estudiantes normalistas, a pesar de que la PGR prácticamente dio por concluida su indagatoria.

Agregó que la CNDH mantendrá su acompañamiento a los familiares de los normalistas y sus representantes, para determinar si hubo violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por parte de todas las autoridades implicadas.

“Para la Comisión Nacional es un expediente abierto, en desarrollo, y una vez agotadas todas las actuaciones que tenemos que hacer, haremos el pronunciamiento que corresponda”, afirmó el ombudsman nacional luego de entregar a la Comisión permanente su informe de labores.

CUATRO PUNTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

La organización Amnistía Internacional exhortó en una amplia carta, a que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, y argumentó que las pruebas son pocas y las declaraciones de los detenidos fueron obtenidas con tortura.

La carta es firmada por Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América. Se dirige a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.

“Reiteramos la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos, fortaleciendo todos los mecanismos, hasta tanto no agotar todas las líneas de investigación posibles. En este sentido, es imprescindible que la Procuraduría a su cargo genere, en conjunto con los familiares de las víctimas y las organizaciones que los acompañan, una estrategia integral y un plan de búsqueda, que tenga como sustento la investigación y que esté apoyado por el uso de la tecnología y otros medios útiles para ello”, dice el comunicado dirigido a las autoridades mexicanas.

El alegato de Amnistía Internacional se centra en cuatro puntos de la investigación de hechos:

1. Las dudas sobre el incendio en el basurero de Cocula

“Nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas. Las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales”.

2. Las dudas sobre los hallazgos en el basurero de Cocula

“Al parecer, la única prueba pericial que señala la posible presencia de los estudiantes sujetos a desaparición forzada en el evento ocurrido en el basurero de Cocula es la identificación de restos óseos encontrados en un río cercano. Sin embargo, recordamos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha señalado que, pese a su presencia en la zona y su participación en otros hallazgos, ‘el EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza’.

3. Algunos imputados han alegado tortura durante los arrestos

“Ha sido de nuestro conocimiento que algunos de los imputados han alegado haber sido torturados durante la detención. Como sabe, Amnistía Internacional ha manifestado que la tortura en México es una de las problemáticas de derechos humanos que más preocupa a nuestro movimiento internacional y, por lo tanto, le hacemos un llamado para que se investiguen todas las alegaciones hechas por los detenidos y se determine si han sido víctimas de tortura.

4. Se rechaza a abrir otras líneas e investigar a las fuerzas armadas

“Resulta de suma gravedad que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen. Por otra parte, preocupa el reciente anuncio hecho por la PGR sobre el agotamiento de líneas de investigación y, en particular, la negativa a abrir otras líneas que impliquen atender denuncias sobre la posible participación de las fuerzas armadas en los hechos de desaparición, ya sea por omisión o acción”.

Amnistía Internacional dijo que cree firmemente que “cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas específicas de las víctimas que, en este caso, han solicitado desde un principio que se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la zona, en especial del Batallón 27 en Iguala”.

“El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche en que desaparecieron sus compañeros, ante esto, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis. Consideramos que el contexto de violaciones de derechos humanos en México, y del Estado de Guerrero en particular, en donde se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil , deberían inducir a la PGR a impulsar esta línea de investigación de forma eficiente y transparente y no descartarla”, planteó la organización internacional.

Amnistía, expuso, “lamenta el incidente ocurrido el pasado 12 de enero en el que soldados del Batallón 27 de Iguala se enfrentaron con los padres de los normalistas, en el intento de estos últimos de ingresar a las instalaciones militares. Estas acciones llevadas a cabo por los familiares, son producto de su frustración ante la falta de una investigación exhaustiva que incluya atención a las denuncias de involucramiento de fuerzas militares en los actos del 26 y 27 de septiembre. Preocupan, además, las declaraciones de algunos voceros del gobierno que resaltan la labor de las fuerzas armadas y deslegitiman el interés de los familiares en que se abran nuevas líneas de investigación; acusándolos de ‘querer generar desconocimiento’ o querer involucrar [al] Ejército, como declaró el Secretario de Gobernación”.

Preocupa también, agregó, “las descalificaciones que han venido realizando instituciones gubernamentales contra las y los defensores de las víctimas. El trabajo de las y los defensores de derechos humanos es una tarea absolutamente vital en todo Estado. Su integridad física y su ética profesional deben ser protegidas por las autoridades de cualquier país en el que desarrollen su labor”.

“MÉXICO ESTÁ ATRAPADO EN UNA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS”

En un comunicado, WOLA consideró que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la “desaparición forzada” de los normalistas. Mientras que el Presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso.

Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho”.

“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para certificar la versión del caso del gobierno.

Otro aspecto preocupante del anuncio, según la organización, es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.

Advierte que el caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, pues el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que:

“México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña Nieto”.

“DELEZNABLE” ACTUACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

Por su parte, más de 100 organizaciones civiles mexicanas firmaron una carta en la que reprueba que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años.

“Desde septiembre de 2014 organizaciones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos, hemos sido testigas/os de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a padres y madres de familia, quienes sin pensarlo, asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país”.

La misiva destaca que aunque existen personas detenidas, ninguna está siendo procesada por “desaparición forzada”, a pesar de que las evidencias y testimonios muestran que se trata de este delito. De igual forma, no se ha detenido a todos los autores materiales e intelectuales. Tampoco se han esclarecido los vínculos y complicidades de las autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales.

También establece que la participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad, lo que ha derivado en que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se manifiesten denunciando que “la Procuraduría General de la República ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

Las organizaciones exigen que no se cierre el caso hasta que exista certeza y jurídica del paredero de los normalistas y hasta que todos los autores materiales e intelectuales sean sancionados, se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos, se agoten todas las líneas de investigación y ee creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.

También piden el cese a la represión, el desprestigio y la criminalización contra miembros de la sociedad civil, de los estudiantes, de los padres de familia y de los defensores de los derechos humanos.

Entre los firmantes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” Conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República.

LA COMISIÓN LEGISLATIVA

El 6 de octubre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó crear la Comisión Especial para dar seguimiento a la investigación sobre los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, “para que colabore y se tenga una visión completa de esos hechos”.

Dos días después se creó la comisión con siete diputados federales. De acuerdo con su informe preliminar, durante el primer mes de labores sostuvo una serie de reuniones internas con representantes de distintas instancias de gobierno y representantes de derechos humanos, pero no con los padres de los desaparecidos.

Desde el 13 de noviembre no registra actividad alguna, según la Diputada por el Partido del Trabajo (PT) e integrante de la misma, Lilia Aguilar Gil.

SinEmbargo

Esto no acaba, seremos la sombra de Peña Nieto: padres; Ayotzinapa se va a la ONU

Familiares de los normalistas desaparecidos, su defensa y los normalistas de Ayotzinapa, representados por el secretario de su Comité Estudiantil, rechazaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, declaró la tarde de ayer que había elementos suficientes para concluir que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.

Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del caso -incumpliendo con ello el acuerdo que el gobierno había hecho a los familiares de que ellos serían los primeros en enterarse-, el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que repudiaban la forma en que el Procurador pretende cerrar “de manera descarada” la investigación por los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atacado por policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Del ataque resultaron muertas seis personas, tres de ellas estudiantes, y 43 normalistas fueron desaparecidos forzadamente por los policías.

“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.

“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.

Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.

“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.

“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.

10 RAZONES PARA NO CERRAR EL CASO

El abogado Rosales reiteró que la investigación no es concluyente porque aún tiene puntos fundamentales que no han sido esclarecidos, de los cuales expuso un decálogo.

El primero de ellos, explicó, es que “no hay certeza científica” que haga concluyente la versión de que los estudiantes fueron asesinados.

Tampoco, dijo, puede ser concluyente la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias ”El Cepillo” o “El terco”, señalado por la PGR como quien habría ordenado el asesinato de los 43 estudiantes y la posterior desaparición de sus restos. El defensor subrayó que en su declaración ministerial, el presunto responsable no refiere de manera puntual el momento en que habría estado durante los eventos en el basurero de Cocula.

Un tercer elemento para rechazar la resolución de la investigación, a decir del abogado, es que depende “excesivamente” de los testimonios de los detenidos, a quienes además se señala como presuntos responsables. Rosales cuestionó que se pretenda sustentar la veracidad de los hechos en testimonios de personas a quien la propia autoridad considera como los presuntos criminales, máxime si no hay otros testimonios diferentes a los de los inculpados que respalden sus dichos.

Respecto a los testimonios, el abogado refirió los señalamientos de que algunos de éstos habrían sido obtenidos bajo coacción.

Otro elemento por el que no se puede cerrar el caso, dijo Rosales, es que la PGR no ha investigado el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el normalista asesinado y cuyo rostro y orejas fueron desollados. “Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación”, apuntó.

A ello agregó la falta de detenciones “clave”, como la de Felipe Flores, el Secretario de Seguridad Pública en Iguala al momento de los hechos; de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, y de al menos 11 personas más que supuestamente participaron en los hechos. Rosales consideró importantes estas detenciones, dado que sus testimonios podrían cambiar el rumbo de la investigación.

Otra razón para no cerrar el caso, expuso, es que no se ha iniciado en ningún caso una investigación por desaparición forzada, pese a que es “la figura más idónea” para consignar y sancionar a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en los hechos.

Rosales refirió también una “inconsistencia” en el expediente, pues existen dos versiones que se contradicen y que no han sido confrontadas. Una de ellas es la que la PGR dio a conocer en los primeros días de la investigación del caso, según la cual los normalistas habrían sido enterrados en fosas clandestinas. De acuerdo con el abogado, hay una veintena de testimonios en el expediente que sostienen esa versión. La otra es la del supuesto asesinato e incineración en el basurero de Cocula.

Una razón más para no dar por concluido el caso es que sólo hay “certeza científica” de que los únicos restos identificados corresponden al normalista Alexander Mora Venancio, mas no hay evidencia científica que pruebe que los demás restos encontrados son del resto de los estudiantes, prosiguió el abogado.

Por lo anterior, Rosales calificó como “sumamente grave”que la PGR diga que los presuntos responsables serán consignados por homicidio, cuando no hay evidencias de la muerte de 42 de los estudiantes. Eso podría resultar en consignaciones débiles, advirtió.

El abogado habló de las dos líneas de investigación pendientes: la posible responsabilidad del Ejército y del ex Gobernador Ángel Aguirre. Sobre el primero dijo que uno de los policías detenidos declaró que el Ejército supuestamente sabía de la operación de Guerreros Unidos sin que actuara para combatirlos, por lo que el abogado presumió una posible colusión de los militares.

Por último, refirió la falta de investigación del entorno político en el que ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que supondría una colusión de varios ediles con el grupo criminal, y no solamente los del municipio de Iguala, como ha pretendido reducirlo la PGR.

HABLAN LOS PADRES Y LOS NORMALISTAS

En la conferencia ofrecida para rechazar la versión de la PGR, algunos padres de familia de los normalistas, quienes el pasado lunes cumplieron cuatro meses de desaparecidos, tomaron la palabra.

Epifanio Álvarez fue el primero en hablar. Tal como lo hizo un día antes en el mitin del Zócalo, al término de una multitudinaria marcha, habló sobre el trato que han recibido del gobierno.

“El gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado y no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo”. Recordó las versiones distintas que les ha dado la PGR sobre el supuesto destino de sus hijos. “No podemos aceptar ya nada porque no tenemos pruebas suficientes para aceptar ya nada”, fue su conclusión.

“Vamos a llegar al final de esto, que esto se aclare. Por eso es que nosotros no podemos dejar de luchar como padres, no podemos irnos a nuestra casa con este dolor que cargamos […]. Si yo mi vida pudiera dar para que esto se acabara con gusto la daría, por dios que la daría […]. Para nosotros esto es desgarrante, la verdad, lo que el gobierno ha hecho con nosotros, es algo que nunca lo pensé en mi vida vivirlo, pero ya estamos aquí en la tierra y vamos a atorarle a lo que venga, con valor y decisión”.

La madre de Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador, fue breve pero contundente en su mensaje: “No vamos a aceptar de que nuestros hijos ya los mataron […]. Nosotros hemos llorado no porque aceptemos que ya están muertos, sino que los extrañamos, extrañamos su voz, un abrazo de hijos, eso es lo que nos pasa: estamos desesperados y lloramos por eso”.

Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, lanzó varias críticas. “No puede tener más valor la palabra de un delincuente que cualquiera de nosotros […] Que tenga un poco de vergüenza esa bola de corruptos: el Presidente, Miguel Ángel Osorio Chong, Murillo Karam, que tengan un poco de sangre en la cara, porque a mí, por ejemplo, si me dicen ‘Véte de un lugar’, yo me voy porque tengo dignidad y vergüenza, y esa gente con tal de seguir en el poder no importa lo que la gente le diga, pero ya que tengan un poco de sangre en la cara y que se largue. No puede con este caso”.

Habla la señora Blanca, madre de otro normalista: “Eso que vieron hace un momento en las noticias no es novedad […]. Esa mentira que pusieron ahorita en la tele, otra mentira más que nos ha mostrado […] Yo como le digo a todo este gobierno que ya deje de mentirnos y que ya no esté jugando con nosotros, nosotros estamos muy desesperados porque ya son cuatro meses que no sabemos nada de nuestros hijos, estamos muy desesperados. Las madres nos ponemos a estar llorando pero no lloramos porque están muertos, lloramos porque los extrañamos, porque ya queremos verlo, ya queremos saber alguna noticia de ellos. Pero en este gobierno se ha dedicado a torturarnos y, como yo siempre he dicho, si el gobierno no nos sirve para resolver el problema, que le deje el puesto a otro para que sí lo haga […]. Como madre le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros, se lo pido y se lo exijo, que nos muestre algo de corazón que tenga […]. Estamos sufriendo pero no vamos a descansar hasta encontrarlos”.

El Comité Estudiantil de Ayotzinapa, en voz de David Flores, dijo que el Gobierno federal los ha decepcionado y ha dejado ver cual es la importancia que le dan al caso.

“Creemos que hay interés político y como padres y normalistas no aceptemos la supuesta realidad, nosotros estamos convencidos de esta sitúación”, por lo que a lucha sigue.

“Las autoridades ya no tienen interés, ni ganas de buscar a nuestros 43 compañeros y nos mantendremos en lucha, expresó e invitó a las organizaciones a sumarse al movimiento”.

ESTÁN MUERTOS Y FUERON CALCINADOS: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) insistió en que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado están muertos, y fueron calcinados en el basurero de Cocula.

Durante uan conferencia de prensa que se realizó un día después de que miles salieron a las calles para reclamar la presentación con vida de los estudiantes.

“Sin lugar a dudas [las pruebas nos llevan] a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados, y arrojados al Río San Juan, en ese orden”, dijo Murillo Karam.

“Es la verdad histórica, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, recalcó.

Pero lo presentado es en realidad un resumen del caso que agrega declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” o “El Terco”, que fueron publicadas por distintos medios incluso antes que la misma conferencia.

La PGR dio datos más puntuales para sustentar su tesis de que los normalistas fueron quemados en el basurero, y no en cualquier otro lugar como, por ejemplo, hornos crematorios del Ejército mexicano, como investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han sugerido.

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, afirmó.

A pregunta expresa, el Procurador General de la República señaló que el móvil para asesinar a los 43 es que los normalistas fueron detenidos en el marco de un evento público de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como se había dicho originalmente.

Solo que gracias a las declaraciones de “El Cepillo” se agregó al móvil original la información de que los autores materiales consideraban que dentro del grupo de estudiantes había tres infiltrados por la banda delictiva “Los Rojos”, que por eso habían asesinado y calcinado al resto de los estudiantes, y habían esparcido sus cenizas al río para borrar cualquier evidencia.

“El móvil es el mismo móvil con los dos elementos, no se les olvide que es la misma banda, el Presidente Municipal no era ajeno a la banda. Utilizan el argumento de que eran infiltrados, así usan la palabra muchísimo infiltrados”.

El Procurador aseguró que “la verdad histórica” de que los estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados se concluyó gracias a la información recabada en 39 confesiones de policías y criminales, 386 declaraciones y 156 inspecciones ministeriales.

“Está clarísimo, realmente que no se quiera creer, pero tenemos muchas investigaciones en la procuraduría y yo le diría que esta tiene elementos bastante sólidos”, afirmó Murillo Karam.

Antes de la conferencia el Presidente Enrique Peña Nieto dijo, en un evento que encabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos, que “es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo si precedente de búsqueda y de investigación”.

“También estoy convencido de que este instante, que este momento de la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, puntualizó el Jefe del Ejecutivo federal.

El lunes, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino.

La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.

Se trató de la primera gran movilización por el caso Ayotzinapa de este año, tras el periodo vacacional de diciembre, cuando los padres de los normalistas desaparecidos advirtieron que no descansarían y organizaron mítines en las cercanías de la residencia presidencial de Los Pinos la víspera de Navidad y del Año Nuevo.

PERSISTEN INCONSISTENCIAS: INVESTIGADOR

Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien en diciembre pasado presentó los medios un análisis que refutaba la versión de la PGR de que los normalistas fueron asesinados y calcinados, desestimó las pruebas presentadas ayer por el Procurador Murillo Karam e insistió en que es imposible que 43 cuerpos hayan sido quemados hasta la cremación en el basurero a cielo abierto de Cocula.

En su exposición de este martes, el Procurador dijo que dictámenes científicos habían comprobado la ocurrencia de un gran incendio en el basurero de Cocula y que entre los materiales usados para avivar el fuego se encontraban neumáticos. Según expuso Murillo Karam, los neumáticos sirvieron para elevar la temperatura del fuego hasta los mil 600 grados centígrados.

El análisis hecho por Montemayor Aldrete, en conjunto con académicos de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señalaba que para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos, para que el acero se derritiera y los cuerpos se redujeran a cenizas, se debía alcanzar una temperatura de entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.

Ante el nuevo dato aportado ayer por el Procurador, el investigador dijo que los neumáticos alcanzan, a lo más, una temperatura de mil 100 grados centígrados, por lo que reiteró que es “imposible” que quemando neumáticos se alcance una temperatura de mil 600 grados centígrados.

Pero aún en caso de que así fuera, concedió, faltaría explicar qué pasó con el acero al carbono contenido en los neumáticos, que tendría que haberse derretido de haber alcanzado la temperatura referida por el Procurador.

Montemayor calculó que tendrían que haberse usado 2.5 toneladas de acero y éste tendría que haberse derretido. “Ahí en esos charcos de acero tendrían que estar casi todos los huesos de las personas que hubieran quemado arriba y cuando se congelara el acero, debería tener un montón de huesos humanos ahí, como restos”, expuso.

Asimismo subrayó algunas “inconsistencias”, como que por un lado se dice que el fuego alcanzó una temperatura de mil 600 grados centígrados (suficiente para fundir el acero), pero por otra parte se habla de que se encontraron rollos de acero, o que a esa temperatura el piso de tierra no se hubiera vitrificado, es decir que hubiera adquirido el aspecto del vidrio, como ocurre en los talleres de cerámica con piso de tierra. También cuestionó que de la gran cantidad de restos encontrados y supuestamente provenientes del basurero sólo se hayan identificado dos, cuando lo plausible seria que, tratándose de 43 cuerpos, debería haber más que apenas un par de huesos identificables.

Sobre ese aspecto, apuntó que los dos únicos fragmentos de hueso identificados como de Alexander Mora Venancio tampoco demuestran que el joven fue asesinado y su cadáver calcinado, pues una muela y un hueso de un dedo pudieron habérsele quitado en vida.

Por lo anterior, consideró que el Procurador “quiere obligarnos a pensar que las cosas pasaron como él dice, simplemente por repetición”.

SinEmbargo