Nueva orden de detención contra exalcalde de Iguala e inicia búsqueda ciudadana

La Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre una nueva orden de aprehensión en contra de el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que la orden de aprehensión en contra de su esposa, María de los Ángeles Pineda, se debe a que se logró acreditar la relación con el grupo criminal Guerrero Unidos.

“Se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, destacando entre ellas José Luis Abarca, por el secuestro de los estudiantes normalistas”, dijo el director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, en conferencia de prensa realizada la noche de este 13 de enero luego de la reunión entre representantes del gobierno federal y padres de los estudiantes desaparecidos.

Agrego que, con base en las 385 declaraciones que tiene la PGR sobre el caso, se puede afirmar que ningún elemento del Ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas, como lo han asegurado los padres de los estudiantes.

Zerón de Lucio dio a conocer que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra cinco policías municipales de Iguala por el delito de desaparición forzada, pero aclaró que no se debió a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino por el secuestro y la muerte de diversas personas que aparecieron en fosas clandestinas en esa localidad y agrego que a los últimos 10 policías de Iguala consignados les fue dictado el auto de formal prisión por su participación en estos hechos.

Dijo que durante el encuentro de esta tarde, los familiares de los estudiantes realizaron dos peticiones: que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa cuente con una ambulancia, así como realizar otro encuentro el próximo 17 de enero entre la comunidad normalista y autoridades educativas para encontrar alternativas para que se pueda recuperar el semestre.

Realizó un recuento del caso y señaló que hasta el momento se ha detenido a 97 personas por la desaparición de los normalistas, se han realizado 16 cateos, se cuenta con información de 93 números telefónicos y se han realizado 444 dictámenes periciales.

Indicó que esta información le fue dada a conocer a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante el encuentro realizado este 13 de enero en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la que estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

Un juez federal dictó formal prisión en contra del exalcade de Iguala, José Luis Abarca, el 15 de noviembre pasado por los delitos de delincuencia organizada, el secuestro de siete personas y homicidio calificado.

Abarca, señalado por las autoridades mexicanas como la persona que ordenó el ataque policial del 26 de septiembre pasado contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, está preso desde el 6 de noviembre en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Permitirán búsqueda en cuarteles militares.

Después de la conferencia, la Procuraduría General de la República informó que permitirá la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en los cuarteles militares.

“La Procuraduría General de la República informa de una petición adicional de parte de los familiares de los estudiantes normalistas para asistir a los cuarteles militares del Ejército Mexicano.

“Se les recordó que éstos mismos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”, indica el comunicado dado a conocer por la PGR.

Animal Político

Padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen investigar a militares

Esta semana podría darse la consignación del expediente por desaparición forzada contra José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, afirmó Vidulfo Rosales, asesor jurídico de las padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

Entrevistado al término de un encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los comisionados nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, Rosales aseguró que el gobierno federal analizará la petición de que se abran cuarteles e instalaciones castreses para que puedan buscar a los normalistas desaparecidos, y que la PGR debe abrir una línea de investigación respecto de la presunta participación de militares en los hechos del pasado 26 de septiembre.

Acerca de la consignación del ex alcalde de Iguala y su esposa, Rosales señaló: “Tomás Zerón (director de la Agencia de Investigación Criminal) nos dijo que ya hay elementos que apuntan directamente a que María de los Ángeles y su esposo ordenaron el ataque a los policías y también su entrega a los Guerreros Unidos.

“Dijo que ya hay elementos para que al menos esta semana se pueda hacer la consignación.”

–¿De quién?

–De María de los Ángeles Pineda Villa y su esposo por desaparición forzada y por el conjunto de hehos del 26 de septiembre.

–¿Qué elementos les dijeron que tienen para consignarlos?

–Sobre su participación directa; que el propio presidente (José Luis Abarca) habría ordenado el ataque contra nuestros compañeros.

–¿Y la desaparición?

–Así es, como consecuencia la desparición.

–¿Hay imputaciones directas?

–Sí, de policías y de integrantes de Guerreros Unidos.

–¿En las que se dice que ordenaron que los entregaran a Guerreros Unidos?

–Sí, eso ya es público.

–¿Ya hay testimonios que los imputan directamente en esos hechos?

–Ya. Obviamente los testimonios no son suficientes en una indagatoria; tiene que haber pruebas periféricas alrededor de los testimonios para que sea fuerte y resista un auto de formal prisión –señaló Vidulfo Rosales.

Analizará el gobierno si permite el ingreso a cuarteles

Durante el encuentro con los medios de comunicación dijo que respecto al ingreso de civiles a los cuarteles militares (luego de la confrontación ocurrida este lunes con efectivos en el 27 batallón de infantería), Osorio Chong les dijo que el gobierno federal analizará el tema, aunque no se comprometió a fijar una fecha para responder.

En tanto, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, señaló que la detención de 97 presuntos delincuentes por su presunta participación en el ataque y desaparición de los normalistas “es buena”, pero el gobierno “sigue teniendo resultados pobres en esta indagatoria, porque continúan sin indicios del paradero de los muchachos”.

Los familiares de los estudiantes y su asesor legal indicaron que mañana comenzarám en Ayotzinapa acciones para la búsqueda ciudadana de los jóvenes en plazas, casas y colonias, y que ésta se realizará sin el apoyo de las autoridades, ya que sus trabajos han sido infructuosos y esto se hará con todos los ciudadanos que quieran apoyar.

De la Cruz indicó que los funcionarios federales no reclamaron lo ocurrido el lunes en la sede del 27 batallón de infantería en Iguala, “porque saben que en parte tuvieron culpa de lo que sucedió; ellos nos atacaron. Y no vamos a desistir en nuestras acciones hasta que se abran las puertas de los campos militares para buscar a los muchachos”.

Reveló que algunos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya participan en la revisión del expediente que integra la PGR.

La Jornada

Las líneas de investigación por el caso Iguala, “agotadas”: PGR

Para la Procuraduría General de la República (PGR), aunque faltan los resultados de los peritajes a 16 restos humanos que se efectúan en la Universidad de Innsbruk, Austria, en la averiguación previa iniciada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se agotaron las líneas de investigación”.

Las conclusiones de la PGR fueron que obtuvo 221 órdenes de captura, hubo 97 detenidos, entre ellos algunos participantes en la incineración de los alumnos el 26 de septiembre pasado; el ex alcalde José Luis Abarca está acusado del secuestro de los normalistas; a su esposa se le agregó una acusación por delincuencia organizada por sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, pero no por el ataque a los estudiantes, y cinco policías de Iguala están acusados de desaparición forzada por la muerte e inhumación de 30 personas cuyos restos fueron encontrados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula.

Lo anterior se dio a conocer en un acto en el que el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón de Lucio, informó: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”.

Cronología de hechos, en un video

Indicó que el encuentro entre funcionarios federales (el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el jefe de la ACI; los comisionados nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos) con asesores jurídicos y padres de los 43 normalistas desaparecidos tuvo “la finalidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones, así como establecer y aclarar las dudas que surgieron”.

Explicó que se mostró un video con una cronología de los hechos, elaborada con base en las declaraciones reunidas por este caso. Dijo que en la exposición se destacó la presentación de peritajes y dictámenes “científicos que constan en la averiguación previa y de las que se desprenden de las declaraciones de los involucrados, especialmente de quienes participaron en la última etapa de los hechos que tienen sustento” del 26 de septiembre.

Indicó que el video presentado a padres y asesores “en breve será dado a conocer a la opinión pública”, y aseguró que en esa grabación “se detalló paso a paso el resultado de la investigación”.

Informó que el Ministerio Público Federal (MPF) ha obtenido 221 órdenes de aprehensión por diversos delitos y que suman 97 las personas detenidas contra las cuales se cumplimentó más de una orden de captura.

La PGR investigó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Iguala, en la que se vieron involucrados policías de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Indicó que en la investigación se acreditó la vinculación de María de los Ángeles Pineda Villa con Guerreros Unidos, y añadió que se obtuvo una orden de captura contra ella y otras 52 personas por delincuencia organizada, que se agrega a la acusación que se le formuló antes por operación con recursos de procedencia ilícita.

Dio a conocer que se emitió otra orden de captura contra 45 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, como presuntos responsables del delito de secuestro en agravio de los estudiantes normalistas.

Esta orden judicial es la primera que enfrenta Pineda Villa en el ámbito federal por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Expuso que se giró una orden de captura contra cinco policías de Iguala por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, ya que están vinculados o acusados de haber participado en el homicidio e inhumación clandestina de 30 personas que fueron ultimadas y cuyos restos se hallaron en nueve fosas descubiertas en los municipios de Iguala y Cocula tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Zerón de Lucio mencionó que de los 30 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, 12 fueron plenamente identificados y serán entregados a sus familiares.

Expuso que en esta investigación se interrogó a 380 personas, entre ellas 36 militares. Sin embargo, dijo que no existe ningún señalamiento directo contra integrantes del Ejército.

Finalmente señaló que se apoyará a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa para el otorgamiento de una ambulancia y la dignificación de la escuela.

Por otra parte, la PGR informó, acerca de la petición de los familiares de los normalistas de acudir a cuarteles del Ejército, que “se les recordó que éstos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a las instituciones”, luego de que el lunes anterior familiares y compañeros de los normalistas sostuvieron una confrontación con militares al tratar de ingresar a la sede del 47 batallón de infantería en Iguala, porque consideran que los jóvenes podrían estar retenidos ahí.

La Jornada