Fiscal indagará a la presidenta por acuerdo con Irán y el Gobierno advierte intento de desestabilización

El pedido del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, de llamar a indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorando de Entendimiento con Irán generó críticas en funcionarios del Ejecutivo, gobernadores, dirigentes, legisladores y familiares de las víctimas del atentado contra la mutual judía ocurrido en 1994.

El primero en salir a cuestionar la denuncia de Nisman contra la Presidenta fue el canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes políticos como el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien vinculó la denuncia del fiscal con los últimos cambios producidos en la Secretaría de Inteligencia.

“Nisman es alguien que responde a otras estructuras de la Secretaría de Inteligencia. La denuncia no tiene asidero. El acuerdo con Irán está dentro de las facultades que la Constitución prevé para el Poder Ejecutivo”, observó Fernández.

El ex senador, además, calificó el dictamen de Nisman -en el que denuncia un pacto de impunidad entre Argentina e Irán- como ridículo y como un manotazo de ahogado”.

El pedido del fiscal desliza que, tras sellar un presunto pacto de impunidad, Argentina facilitaría la caída de las circulares rojas emitidas por Naciones Unidas a través de las cuales se solicitaba la captura internacional de los acusados por la justicia local. Eso no ocurrió: Interpol ratificó las circulares rojas antes y después de la aprobación del memorando por parte del Congreso de la Nación.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, afirmó que “es inconcebible involucrar a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en un supuesto encubrimiento cuando fue precisamente este Gobierno quien más hizo por esclarecer los criminales atentados a la AMIA y la Embajada de Israel”, expresó Scioli en su cuenta de Twitter.

El mandatario recordó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que “así lo ha reconocido la propia la comunidad judía”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que el pedido de indagatoria para la jefa de Estado “es un disparate institucional y jurídico”.

“El acuerdo con Irán es un acto propio que puede realizar el Poder Ejecutivo Nacional y está dentro de las facultades que la Constitución le otorga a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

El ministro aseguró que “el acuerdo contó con el consenso parlamentario, fue debatido y aprobado con mayoría en ambas Cámaras, con la presencia del Canciller (Héctor) Timerman, que respondió todas las inquietudes”, sostuvo Rossi.

En ese sentido, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, consideró que la resolución del fiscal “es un pase de factura por los cambios que el Gobierno impuso en la estructura de inteligencia.

“Los que apoyamos a este Gobierno no podemos permanecer neutrales ante este tipo de ataques a la Presidenta. Esta administración fue la que más hizo a favor de que se esclarezca el atentado a la AMIA”, enfatizó Randazzo.

Y recalcó: “La Justicia, en cambio, tiene todavía una gran cuenta pendiente con la sociedad en relación al esclarecimiento del mismo”.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, alertó sobre “una estrategia muy clara y grosera para intentar deslegitimar y derrocar al Gobierno”.

“El trasfondo de todo es presionar a la Presidenta, es un apriete al mejor estilo mafioso para decirle ‘no nos saquen los privilegios ni la posibilidad de administrar justicia para unos pocos’.

El jefe del bloque del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, el rionegrino Miguel Pichetto, tildó como “demencial” la citación de Nisman a la presidenta.

“Últimamente se toman decisiones en sedes judiciales que tienen contenidos de irracionalidad que convierten en delitos acciones que son propias de otros poderes del Estado”, evaluó el senador.

En tanto que el diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, Guillermo Carmona, evaluó como “una ficción el accionar del funcionario judicial que interviene en la causa AMIA.

“Lo que pretende Nisman es ocultar las deficiencia de su investigación con acciones judiciales que tienden a la espectacularidad”, recaló.

Y sostuvo: “Se trata una ficción que pretende distraernos de la cuestión central. ¿Qué es lo que dejó de investigar en esta causa? No ha avanzado un milímetro en el esclarecimiento del atentado”.

El ex diputado por La Rioja Jorge Yoma entendió que “un acuerdo con otro país, ratificado por el Parlamento es un acto de gobierno, correcto o no, pero no constituye materia judiciable”.

Los familiares nucleados en Memoria Activa, aseguraron hoy que “la causa AMIA está contaminada, sucia” y cuestionaron a Nisman al argumentar que “no se aportó nada en los últimos años y escribió 300 fojas para justificar una indagatoria a la presidenta”.

“Esto es una operación vergonzosa de quien llevó adelante la investigación que Nisman puso en sus escritos: Jaime Stiusso”, dijo Sergio Burstein, del grupo de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA.

Para Burstein, “Nisman se está victimizando porque es muy importante el apartamiento de Stiusso de la SIDE. Por eso, esto, también nos va a llevar a una pérdida de tiempo en la investigación del atentado”.

El Memorándum entre Argentina e Irán con el objetivo de avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA, fue firmado en enero de 2013.

Por este acuerdo, los funcionarios de la República Islámica que se encuentran acusados de participar en el ataque contra la sede mutual de la comunidad judía prestarían declaración ante la Justicia argentina.