Un plan para Centroamérica – Por Joe Biden, vicepresidente de EEUU

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Como se nos recordó el verano pasado, cuando miles de niños no acompañados se presentaron en nuestra frontera suroeste, la seguridad y la prosperidad de América Central están inextricablemente vinculadas con la nuestra.

Las economías de El Salvador, Guatemala y Honduras siguen empantanados mientras el resto de las Américas salen adelante. La educación inadecuada, la corrupción institucional, el crimen rampante y la falta de inversión mantienen a estos países en retroceso. Seis millones de jóvenes centroamericanos se incorporarán a la fuerza laboral en la próxima década. Si la oportunidad no está ahí para ellos, todo el hemisferio occidental sentirá las consecuencias.

Enfrentar estos desafíos requiere nada menos que un cambio sistémico, que nosotros en los Estados Unidos tenemos un interés directo en ayudar a llevar a cabo. Con ese fin, el lunes, el presidente Obama pedirá al Congreso $ 1,000,000,000 para ayudar a los líderes de América Central a realizar las reformas e inversiones difíciles pero necesarias para hacer frente a dificultades interrelacionadas con retos de seguridad, gobernanza y economía de la región. Esto es casi tres veces más de lo que generalmente hemos proporcionado a América Central.

El verano pasado, mientras nuestros países trabajaron juntos para frenar el aumento peligroso de la migración, los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitaron asistencia adicional para cambiar el clima de violencia endémica y la pobreza que sufren. En junio, le dejé en claro a estos líderes que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyarlos – siempre que se apropiaron del problema. El Sr. Obama trato este punto en casa cuando los líderes visitaron Washington en julio.

Y ellos respondieron. Honduras firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción. Guatemala ha destituido a altos funcionarios sospechosos de corrupción y colaborar con la trata de personas. El Salvador aprobó una ley que prevé nuevas medidas de protección para los inversores. Trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, estos tres países establecieron un plan conjunto de reformas económicas y políticas, una alianza para la prosperidad.

Estos líderes reconocen que se requiere un esfuerzo enorme. Hemos acordado intensificar nuestro trabajo conjunto en tres áreas.

En primer lugar, la seguridad hace posible todo lo demás. Podemos ayudar a estabilizar a nuestros vecinos a través de la policía comunitaria, y erradicar las redes criminales transnacionales que han convertido a Centroamérica en un caldo de cultivo para el contrabando de drogas, la trata de personas y los delitos financieros. Algunas comunidades en Guatemala y El Salvador ya están viendo el beneficio de los programas patrocinados por los Estados Unidos sobre policía comunitaria, la formación policial especializada y centros juveniles similares a los Clubes de Niños y Niñas en los Estados Unidos. Como aprendí en la elaboración de la ley contra el crimen de Estados Unidos de 1994, estos programas pueden reducir el crimen.

En segundo lugar, una buen gobernanza engendra los puestos de trabajo y la inversión que necesita Centroamérica. Hoy en día, los sistemas judiciales, la contratación estatal y la recaudación de impuestos no son ampliamente percibidos como transparente y justos. Estos países tienen una de las tasas efectivas de impuestos más bajas del hemisferio. Para atraer las inversiones necesarias para el progreso real y duradero, deben recoger y gestionar los ingresos de manera eficaz.

En tercer lugar, no hay suficiente dinero del gobierno, incluso con la ayuda de Estados Unidos y la comunidad internacional, para hacer frente a la magnitud de la necesidad económica. Las economías centroamericanas pueden crecer sólo por la atracción de inversión internacional y siendo más convincentes para que sus ciudadanos decidan invertir en el país. Eso requiere normas y reglamentos claros; protecciones para los inversionistas; tribunales en los que se puede confiar para resolver disputas justamente; serios esfuerzos para erradicar la corrupción; protecciones para la propiedad intelectual; y transparencia para garantizar que la asistencia internacional se gasta responsablemente y con eficacia.

Estamos dispuestos a trabajar con las instituciones financieras internacionales y el sector privado para ayudar a estos países a formar a sus jóvenes, para lograr que sea más fácil iniciar un negocio, y asegurar que las empresas locales obtienen el máximo provecho de los acuerdos de libre comercio ya existentes con Estados Unidos.

Los venideros son formidables. Pero si existe la voluntad política, no hay ninguna razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del Hemisferio Occidental.

La región se ha visto este tipo de transformación antes. En 1999, se inició el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, la pobreza extrema y la corrupción institucional – en combinación con una insurgencia viciosa – que amenazaba con convertir a Colombia en un Estado fallido. Quince años después, Colombia es una nación transformada. Como uno de los arquitectos del Plan Colombia en el Senado de Estados Unidos, vi que el ingrediente clave fue la voluntad política sobre el terreno. Colombia se benefició de los líderes que tuvieron el valor de hacer cambios significativos en cuanto a la seguridad, la gobernanza y los derechos humanos. Las élites aceptaron pagar impuestos más altos. El gobierno colombiano limpió sus tribunales, vetó a su fuerza policial y reformó sus reglas de comercio para abrir su economía. Los Estados Unidos invirtió 9000 millones dólares en el transcurso del Plan Colombia, con $ 700 millones el primer año. Sin embargo, nuestros datos muestran que Colombia nos replicó en una proporción de cuatro a uno.

El costo de invertir ahora en una Centroamérica segura y próspera es modesto en comparación con los costos de dejar que la violencia y la pobreza proliferen.

El Sr. Obama me ha pedido que lidere este nuevo esfuerzo. Por primera vez, podemos imaginar y trabajar hacia que las Américas sean abrumadoramente de clase media, democráticas y seguras.

Es por eso que estamos pidiendo al Congreso que trabaje con nosotros. Juntos, podemos ayudar a Centroamérica a convertirse en el reflejo del notable ascenso del hemisferio occidental – no es una excepción del mismo.

Proceso

Versión en inglés

Joe Biden: A Plan for Central America

AS we were reminded last summer when thousands of unaccompanied children showed up on our southwestern border, the security and prosperity of Central America are inextricably linked with our own.

The economies of El Salvador, Guatemala and Honduras remain bogged down as the rest of the Americas surge forward. Inadequate education, institutional corruption, rampant crime and a lack of investment are holding these countries back. Six million young Central Americans are to enter the labor force in the next decade. If opportunity isn’t there for them, the entire Western Hemisphere will feel the consequences.

Confronting these challenges requires nothing less than systemic change, which we in the United States have a direct interest in helping to bring about. Toward that end, on Monday, President Obama will request from Congress $1 billion to help Central America’s leaders make the difficult reforms and investments required to address the region’s interlocking security, governance and economic challenges. That is almost three times what we generally have provided to Central America.

Last summer, as our countries worked together to stem the dangerous surge in migration, the leaders of El Salvador, Guatemala and Honduras asked for additional assistance to change the climate of endemic violence and poverty that has held them back. In June, I made it clear to these leaders that the United States was ready to support them — provided they took ownership of the problem. Mr. Obama drove home this point when the leaders visited Washington in July.

And they responded. Honduras signed an agreement with Transparency International to combat corruption. Guatemala has removed senior officials suspected of corruption and aiding human trafficking. El Salvador passed a law providing new protections for investors. Working with the Inter-American Development Bank, these three countries forged a joint plan for economic and political reforms, an alliance for prosperity.

These leaders acknowledge that an enormous effort is required. We have agreed to intensify our work together in three areas.

First, security makes everything else possible. We can help stabilize neighborhoods through community-based policing, and eradicate transnational criminal networks that have turned Central America into a hotbed for drug smuggling, human trafficking and financial crime. Some communities in Guatemala and El Salvador are already seeing the benefit of United States-sponsored programs on community policing, specialized police training and youth centers similar to Boys and Girls Clubs in the United States. As I learned in crafting the 1994 United States crime bill, these programs can reduce crime.

Second, good governance begets the jobs and investment that Central America needs. Today, court systems, government contracting and tax collection are not widely perceived as transparent and fair. These countries have among the lowest effective tax rates in the hemisphere. To attract the investments required for real and lasting progress, they must collect and manage revenues effectively and transparently.

Third, there is not enough government money, even with assistance from the United States and the international community, to address the scale of the economic need. Central American economies can grow only by attracting international investment and making a more compelling case to their citizens to invest at home. That requires clear rules and regulations; protections for investors; courts that can be trusted to adjudicate disputes fairly; serious efforts to root out corruption; protections for intellectual property; and transparency to ensure that international assistance is spent accountably and effectively.

We are ready to work with international financial institutions and the private sector to help these countries train their young people, make it easier to start a business, and ensure that local enterprises get the most out of existing free trade agreements with the United States.

The challenges ahead are formidable. But if the political will exists, there is no reason Central America cannot become the next great success story of the Western Hemisphere.

The region has seen this sort of transformation before. In 1999, we initiated Plan Colombia to combat drug trafficking, grinding poverty and institutional corruption — combined with a vicious insurgency — that threatened to turn Colombia into a failed state. Fifteen years later, Colombia is a nation transformed. As one of the architects of Plan Colombia in the United States Senate, I saw that the key ingredient was political will on the ground. Colombia benefited from leaders who had the courage to make significant changes regarding security, governance and human rights. Elites agreed to pay higher taxes. The Colombian government cleaned up its courts, vetted its police force and reformed its rules of commerce to open up its economy. The United States invested $9 billion over the course of Plan Colombia, with $700 million the first year. But our figures show that Colombia outspent us four to one.

The cost of investing now in a secure and prosperous Central America is modest compared with the costs of letting violence and poverty fester.

Mr. Obama has asked me to lead this new effort. For the first time, we can envision and work toward having the Americas be overwhelmingly middle class, democratic and secure.

That is why we are asking Congress to work with us. Together, we can help Central America become an embodiment of the Western Hemisphere’s remarkable rise — not an exception to it.

Joseph R. Biden Jr. is the vice president of the United States.

The New York Times