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La legislación para proteger las áreas oceánicas más allá de las fronteras nacionales progresa peligrosamente despacio, según se señaló en una cumbre sobre recursos oceánicos.

En la reunión se indicó que muchos recursos oceánicos, como los bancos de peces, los minerales y los arrecifes coralinos, necesitan ser protegidos legalmente lo más pronto posible.

Los recursos marinos están cubiertos en muchas áreas por la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, pero esta no contiene una disposición para los recursos en las zonas marítimas fuera de las jurisdicciones nacionales, comúnmente llamada alta mar.

Debido a esto, tales recursos son especialmente vulnerables a la explotación, ya que no se rigen por leyes específicas.

Otra preocupación es que los países en desarrollo podrían quedar excluidos de los recursos de las profundidades oceánicas pues esta zona a menudo es accesible solo para países con tecnologías de extracción avanzadas y perjudiciales. La cumbre de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) se llevó a cabo del 17 al 20 de febrero en Roma, Italia.

Ha habido algunos avances en el tema, con el establecimiento por la ONU de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que ha otorgado al menos 26 licencias de prospección de minerales del mar profundo a siete países en 2014.

El proceso para determinar si sería útil crear una ley de protección más amplia para alta mar comenzó el mes pasado bajo la coordinación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), una asociación independiente que aborda asuntos ambientales. Para iniciar este proceso, el GEF creó un comité para evaluar la necesidad de un marco de este tipo y lo que podría cubrir.

Pero no se espera que este comité haga recomendaciones hasta finales de 2017. Sólo entonces la ONU decidirá, en algún momento de 2018, si quiere empezar formalmente el desarrollo de un marco legal.

“Esto, a pesar del hecho de que en los documentos siempre se habla de ‘urgente, urgente, urgente’”, dice Liesbeth Lijnzaad, representante de los Países Bajos en los casos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. “Está fuera de lugar, si luego toma una década pasar por un proceso de creación de un instrumento jurídico internacional”.

El deterioro de los ecosistemas en las aguas del océano más allá de las fronteras nacionales afecta desproporcionadamente a los pequeños estados insulares, cuya biodiversidad marina depende de mares abiertos sanos. Según la FAO, unos 300 millones de personas dependen de alta mar para su sustento, y la protección de estos recursos es parte del proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los estados más pequeños, sin la capacidad de acceder a los recursos de profundidad debajo de alta mar, también salen perdiendo con el descubrimiento científico, la explotación de recursos y la pesca, advirtieron los participantes de la cumbre.

Esto se está convirtiendo en un problema, ya que las nuevas actividades de alta tecnología como la minería en las profundidades del mar, la extracción de petróleo y la geoingeniería dañan los entornos antes de que las naciones menos desarrolladas tengan la oportunidad de explorarlos.

Un problema es que los recursos de alta mar están definidos únicamente como recursos minerales en virtud de la actual ley del mar, dice Charles Eden, embajador ante la ONU de Trinidad y Tobago.

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