Democracia y movimientos populares – Por Juan Grabois

Durante los noventa, la resistencia popular al neoliberalismo se vio atravesada por un debate sobre el poder y el Estado. Eran tiempos de la “crisis de representatividad”: la democracia se había vuelto meramente formal y la política institucionalizada no representaba a nadie. Toda discusión estaba teñida del espíritu de época y era difícil salir de una lógica privatizadora que buscaba en las microrelaciones la respuesta a los grandes problemas sociales. En este contexto, el autonomismo de Tony Negri y sus derivados criollos se convirtió en una de las máscaras ideológicas de una militancia social sin un proyecto histórico definido. Permitía combinar el ataque típicamente neoliberal a los partidos e instituciones públicas con una crítica al imperialismo y el sistema capitalista propia de las tradiciones populares y de izquierda. En el mismo sentido, la generalización de la autogestión como modalidad de resistencia económica -hijas no deseadas del Consenso de Washington y su economía de exclusión- alentaba la ilusión de que nuestras precarias unidades productivas “sin patrón” eran la prefiguración de una nueva sociedad y podrían crecer sin Estado ni Capital. Así, colocamos muchas veces la diferenciación entre la lucha reivindicativa de base y la política superestructural al nivel de una contradicción irresoluble.

Naturalmente, estos los debates teóricos eran cosa de microclimas, pero en el pueblo pobre había arraigado un verdadero rechazo a la política, identificada con la corrupción, el oportunismo y la deshonestidad, mientras que la lucha social y el trabajo autogestionado tenía cierta mística de entrega y genuinidad. Las “unidades básicas” del conurbano, con escasas excepciones, habían dejado de ser espacios de discusión doctrinaria para transformarse la famosa “cáscara vacía”. Fueron los movimientos populares quienes visibilizaron a los descamisados del presente con nuevos y disruptivos métodos de lucha que suscitaban el rechazo generalizado de los políticos profesionales. Inversamente, recuerdo que por entonces era necesario reafirmar una y otra vez que uno no pertenecía a ningún partido para militar en movimientos de desocupados, cartoneros o empresas recuperadas. “Al pueblo unido lo cagan los partidos” era una consigna bastante generalizada en las asambleas barriales. Personalmente, sentía un rechazo visceral a “los políticos” que aún no se me quita del todo, pese a que intelectualmente concebía la antipolítica como dispositivo del Capital que necesita Estados, partidos, religiones, liderazgos débiles para arrasarlo todo… pero teníamos tanta bronca por la catástrofe social con la que se inició el nuevo milenio que deseábamos “que se vayan todos” sin reflexionar qué vendría después.

Los procesos políticos latinoamericanos que algunos llaman pos-neoliberales, aunque heterogéneos en su profundidad, marcaron un quiebre con esta lógica y volvieron a poner al Estado como un espacio de disputa donde los pueblos, con su voto, podían pujar por la justicia social y enfrentar el imperialismo. No dejo de pensar que sin aquella rebeldía que los precedió -algo ingenua pero rebosante de solidaridad gratuita- esos procesos no hubieran sido posibles. Cuando finalmente llegaron, como un péndulo que pasa de un extremo a otro, muchos militantes sociales dieron “el salto a la política” sin elaborar correctamente el duelo con su praxis anterior. La mayoría se estroló y quedó relegado a la marginalidad. Algunos movimientos se transformaron en meras plataformas que subordinaban las aspiraciones concretas de los compañeros a proyectos de poder de núcleos dirigenciales pseduo-pragmáticos. Otros no escucharon como sonaba la nueva música y quedaron neutralizados en la irrelevancia. En general, no pudimos construir un paradigma sano de interacción entre lo político y lo social donde la especificidad de cada plano de militancia no se viviera como contradicción pero tampoco una subsunción destructiva.

Nuestras democracias no son una maravilla y el fetichismo del Estado es una desviación tan grave como el autonomismo importado. La política tradicional sigue signada por el carrerismo individualista, la corrupción es un cáncer que la carcome y los políticos, en general, pertenecen a una clase desarraigada, ajena al sufrimiento del pueblo pobre, objetivamente excluido del poder institucional. Mientras las clases medias y altas acceden a cargos públicos, los de abajo en general deben conformarse con que los representen otros “más preparados”. Recuerdo que en una movilización por presupuesto para la integración urbana de las villas nos preguntábamos frente a la legislatura porteña porqué 6 de sus 60 diputados no son villeros si en la capital son el 10% de la población: “¿qué tal un “cupo villero” para democratizar nuestras instituciones?”, fue la propuesta. En cualquier caso, basta echar un vistazo al congreso, los ministerios o tribunales para comprender que allí prácticamente no hay lugar para ellos.

Con todo, un pueblo que como el nuestro sufrió la represión de una dictadura asesina o la sumisión al coloniaje de gobiernos debilitados, sabe que sus instituciones democráticas están lejos de ser meramente decorativas, mucho menos una dictadura encubierta. Tal vez por eso nos indignamos cuando con una virulencia extrema una minoría privilegiada que ejerce deshonrosa y arbitrariamente el poder mediático intenta convencernos de lo contrario. Las garantías constitucionales, la participación institucional y la disputa electoral, instrumentos de una democracia aún débil e incompleta, son conquistas populares que debemos ejercer, reivindicar y defender.

¿Cómo conciliar entonces esta contradicción aparente entre la crítica a la democracia liberal y la defensa de sus instituciones? El pensamiento popular de Nuestra América ofrece algunas pistas para orientarnos en este dilema. El peronismo, por ejemplo, lejos del estatismo que tirios y troyanos le adjudican, ofreció un modelo participativo denominado “democracia popular” donde las Organizaciones Libres del Pueblo tenían un rol fundamental en la construcción de la Nueva Argentina. El justicialismo sólo le dio a los cabecitas participación en el poder institucional, creó uno de los mecanismos más importantes de democracia directa y participativa que hoy tenemos: las paritarias, instancia donde los trabajadores organizados en sindicatos se convierten en legisladores sin necesidad de ser diputados. Las convenciones colectivas de trabajo son normas orden público, verdaderas leyes de aplicación obligatoria y los obreros protagonizan su diseño, ejecución y control.

Los movimientos tenemos mucho que aportar en la construcción de una democracia verdadera y podemos hacerlo desde nuestra propia cultura organizativa impulsando, por ejemplo, mecanismos similares a los descriptos pero adaptados a las nuevas realidades. Podemos co-gestionar las políticas públicas populares desde una posición de sana independencia frente al Estado. No todos tenemos que ser candidatos a algo para influir en el proceso histórico y “hacer política”. Qué triste es ver buenos militantes sociales convertidos en malos funcionarios o concejales mediocres. Qué bien le hace a la democracia el constante aguijón de organizaciones que luchan desde abajo por tierra, techo y trabajo… en una sociedad estructuralmente injusta, el repiqueteo de los tambores de protesta de los pobres organizados pueden marcar el compás con el que el proceso político avance hacia mayores niveles de dignidad. El Estado puede intentar silenciarlos o ser su caja de resonancia.

*Abogado argentino, referente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular