Ecuador: indígenas y sindicatos vuelven a movilizarse y hay 95 detenidos en la última semana
Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), anunció la preparación de una huelga nacional y reiteró que el paro nacional se mantiene desde el 13 de agosto pasado.
El representante gremial aseguró que los indígenas que llegaron del sur del país se mantendrán en las calles. La convocatoria para hoy es desde las 16:30, en la Caja del Seguro (10 de Agosto y Bogotá) para avanzar hacia el Centro Histórico. Es el mismo recorrido de anteriores ocasiones.
En una rueda de prensa efectuada en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Tatamuez dijo que la declaratoria de estado de excepción, por la emergencia en el volcán Cotopaxi, es “para tratar de tapar la movilización nacional”.
Desvirtuó las palabras de Doris Soliz, secretaria ejecutiva del movimiento oficialista Alianza PAIS (AP), quien afirmó que la movilización fue un fracaso.
“Las palabras de la señora Soliz son falsas”, contestó y aseguró que en la marcha del 13 de agosto alrededor de 200.000 ecuatorianos salieron a las calles a protestar contra el presidente Rafael Correa.
Pablo Serrano, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechazó también la declaratoria de estado de excepción. Según los representantes gremiales, el decreto sería un pretexto para reprimir las protestas sociales.
Mientras los gremios de los trabajadores anunciaron medidas, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito, un grupo de organizaciones sociales e indígenas se concentró para denunciar una presunta agresión a los derechos humanos contra un centenar de indígenas que salieron a manifestarse en varios sectores del país.
Una comitiva conformada por Blanca Chancoso, representante de la Conaie, y Nina Pacari, representante legal de la organización, demandó la libertad de los detenidos en las movilizaciones, entre ellas Margoth Escobar, dirigente de Puyo
95 presos y 98 heridos de la fuerza pública deja el paro nacional
La Fiscalía General hizo el 18 de agosto del 2015 un primer balance de lo que ha significado el paro nacional, convocado por el movimiento indígena y los sindicalistas. Desde el 13 de agosto hasta ayer, 111 personas fueron detenidas.
De ese total, 95 siguen en prisión acusadas de paralización de servicios, ataque o resistencia, posesión de armas y municiones e incitación a la discordia entre ciudadanos.
Solo por el delito de ataque y resistencia, el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal dicta una pena de seis meses a dos años de cárcel.
Las personas que fueron aprehendidas y luego liberadas fue porque no calificaron la flagrancia o porque se trataba de contravenciones en las que la Fiscalía no tiene competencia. Estas cifra difiere de la que los indígenas presentan.
Ellos construyeron una plataforma web para registrar cada detención (ver infografía). Para ellos, los detenidos son 131. La mayoría en Puyo, Saraguro y Quito.
Condenaron la violencia y la forma en que se dieron las aprehensiones, aunque los heridos fueron de ambos bandos. Según el Ministerio del Interior, desde que se inició el paro hasta ayer se registraron 98 policías y militares heridos a escala nacional.
Algunos incluso con lanzas que portaban los indígenas, piedras y palos. En la capital del país se hizo una concentración para exigir la libertad de los manifestantes. Las mujeres organizaron colectivos que apoyan a los indígenas, se recostaron en la calle, entre las avs. Patria y 12 de Octubre.
Impidieron el tráfico y demandaron una audiencia en la Fiscalía, que se ubica en esa intersección. Cinco representantes indígenas, entre ellas Blanca Chancoso y Nina Pacari, dirigentes históricas, fueron recibidas a las 11:00. Salieron una hora con cuarenta minutos más tarde. Chancoso pidióque se liberaran de inmediato a los detenidos, con el recurso legal conocido como “declinación de competencias”.
Hace alusión a los principios del Estado plurinacional que garantiza la Constitución y que permite juzgar a una persona con las leyes indígenas, siempre que el delito se cometa en su territorio. Según Pacari, también exhortaron a la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que interceda y conozca los casos.
Los sindicalistas, en cambio, se movieron por la vía jurídica. Se reunieron ayer con representantes del Colegio de Abogados para plantear los argumentos de defensa y ayudar a los detenidos que hasta ahora no tienen un abogado propio. Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, dijo que incluso se han designado personas para que se dediquen exclusivamente a identificar estos casos en las provincias. Jorge Herrera, presidente de la Conaie, por ejemplo, estuvo ayer en Macas.
Ahí se logró habilitar las vías que fueron cerradas y los indígenas también se concentraron en atender y velar por los detenidos. El 17 de agosto se habían tomado los alrededores de la Gobernación de Morona Santiago. Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, en cambio, estuvo en Saraguro, cantón de la provincia de Loja.
Vigilia por los detenidos Familiares de las 26 personas detenidas en Saraguro esperaron desde las 07:00 de ayer para visitar a los detenidos de la protesta en el lugar. Se reunieron fuera del Centro de Detención Provisional de Loja (CDPL). Fueron juzgados en la ciudad de Loja por causar caos público y el juez Álex Torres, de la Unidad Multicompetente, dictó prisión preventiva de 30 días.
Manuel Espíritu Macas, de 70 años, está preocupado por su hijo Oswaldo Macas, de 33 años. Él es uno de los detenidos y tiene discapacidad auditiva. El padre relató que anteayer lo llevaron a rastras de la casa, entre seis policías. “Lo patearon y yo no pude hacer nada. No es justo que nos maltraten”. En el CDPL estaba también Rosa Lozano esperando que le permitieran ingresar para ver a su hermano Jaime.
“Él salió a defender a las mujeres que las arrastraban al momento de la detención”. Lozano dice que no era parte de los que plegaron al paro y que por eso apelará la decisión del juez. La gobernadora de Loja, Johana Ortiz, rechazó la violencia de los indígenas durante los últimos días y recordó que se hará respetar la ley. Además, que el país vive un estado de excepción por el volcán Cotopaxi y por lo tanto se dispuso la movilización de la fuerza pública a Saraguro.
La finalidad es que no se obstaculice la vía Panamericana que une a las provincias de Loja y el Azuay. “Estamos dispuestos a dialogar, pero no con chantajes. No pueden venir a mandar autoridades de otras provincias en la nuestra”. Esta declaración fue a propósito de la llegada de Quishpe a Saraguro.
Estaba previsto que al finalizar la tarde de ayer se hiciera una asamblea indígena en el parque central. Ahí se iba tomar decisiones en torno a los detenidos y las siguientes acciones para sostener el paro. En Quito, hoy, habrá una nueva movilización por la tarde.
