Fuerte repudio a decreto de “esencialidad” en Educación para frenar paros docentes

La sanción de un decreto que desde mañana y por 30 días declara esencial la educación inicial, primaria, secundaria, técnico profesional y la que se imparte en los centros de formación docente públicos, fue rechazada por los sindicatos de la educación y el PIT-CNT. Además, los gremios de Montevideo se convocaron espontáneamente a primeras horas de la tarde, para mostrar su repudio ante el anuncio del gobierno. Los que tomaron la iniciativa fueron las filiales de Montevideo de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), que resolvió concentrarse en la plaza Libertad, y la de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), que convocó a sus integrantes a una “asamblea pública” frente a la Torre Ejecutiva, en la plaza Independencia.

Los maestros de Ademu, que iban pasando al frente a medida que pedían la palabra, calificaron el decreto de “un atropello” que además es “indecente” y “anticonstitucional”. Una de las oradoras dijo incluso que recuerda una huelga docente de 51 días, durante uno de los gobiernos de Julio María Sanguinetti, en la que no se declaró la esencialidad. Además, los maestros señalaron que un decreto de este tipo solamente puede ser promovido “por un dictador”, y señalaron que la que mantienen con el Poder Ejecutivo es una “negociación bajo amenaza”, en la que “se firma lo que el gobierno quiere o no se firma nada”.

El viernes, representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) recibieron la propuesta del gobierno de firmar un acuerdo salarial por dos años, en el que además se manifestaba la intención de que al ingreso, maestros y profesores ganen un salario nominal de 25.000 pesos por 20 horas semanales y los no docentes lleguen a 23.455 pesos por 40 horas semanales. Según los cálculos de los sindicatos, para los dos primeros años del convenio se les propone un aumento de unos 700 pesos anuales. Además de considerar insuficiente el aumento, los gremios también rechazaron una cláusula que al suscribirlo establece que las partes deberían comprometerse “a no realizar acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo”. Para los maestros de Ademu esta cláusula condicionaría a los gremios para que no puedan discutir y manifestarse por un año y medio sobre la marcha de la educación y las condiciones de trabajo, para “sellar la boca” de los sindicatos.

Espontáneo

Por los altoparlantes se anunció que la concentración se dirigiría hacia la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), porque allí se estaría desarrollando una instancia de negociación con el gobierno. A Ademu se sumaron la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), el Centro de Estudiantes de Magisterio y distintos gremios estudiantiles de liceos, que colmaban más de dos cuadras frente a la sede del MTSS de Cerrito y Ciudadela. Varios de los manifestantes se metieron con un bombo dentro de la sede ministerial y en el hall de entrada siguieron con cánticos que acusaban a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, de estar “pintada” y tildaban al decreto de “pachequista”. Al ver que allí no transcurría ninguna instancia de negociación, se trasladaron hacia la sede del MTSS de la calle 25 de Mayo, donde volvieron a entrar al hall y se encontraron con que tampoco allí había reunión. Según explicó ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, la instancia estaba convocada para las 17.00, pero debió ser suspendida por la irrupción de los gremios en el local.

La espontánea movilización se trasladó nuevamente a la Torre Ejecutiva, donde representantes de varios sindicatos de la educación remarcaron su rechazo al decreto y reclamaron el 6% del Producto Interno Bruto a la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República. Si bien la propuesta del Ejecutivo estaba despertando algunas diferencias entre los gremios, el decreto de ayer volvió a unir a los sindicatos.

La reunión entre representantes de la CSEU, el PIT-CNT y Murro se concretó cuando las calles de Ciudad Vieja estaban menos convulsionadas. Los representantes de los gremios manifestaron allí su preocupación y un enfático rechazo al decreto, que explicaron en conferencia de prensa minutos antes de la reunión. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, dijo que con el decreto el gobierno está “echando nafta encima de las brasas”, y agregó que “la educación no tiene que ser esencial cuando los trabajadores están en huelga” sino que tiene que serlo “todos los santos días del año”. Además, aseguró que habrá una respuesta de “unidad, movilización y lucha” ante el anuncio.

El presidente de la central, Fernando Pereira, dijo que la organización responderá también con acciones legales en la Justicia uruguaya o internacional, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunirá en forma extraordinaria hoy para considerar el tema, y mañana lo hará la Mesa Representativa, de donde se espera que surjan medidas más concretas. Durante la reunión, Murro informó a los sindicalistas que el decreto de esencialidad ya estaba firmado y que el gobierno no dará marcha atrás. Ayer de noche los gremios de la educación seguían firmes en las medidas de paro definidas hasta el momento, y muchos no tenían del todo claro cuáles son las implicancias de no acatar la esencialidad.

Murro señaló que el gobierno espera que con el decreto se retomen las instancias de negociación salarial y sostuvo que, a la vez, se garantiza que los niños y jóvenes tengan clase. El jerarca mostró su especial preocupación por 250.000 niños que se alimentan en instituciones educativas, situación que, según el presidente de ADES, Emiliano Mandacen, se está cubriendo con guardia gremial. Murro informó vía telefónica que también participó en la reunión el presidente Tabaré Vázquez, quien propuso que si era necesario se convocara a la negociación mañana “a las seis de la mañana”, pero a pedido del PIT-CNT se convocó para el jueves de mañana, el mismo día en que, de tarde, los gremios convocan a una marcha “en defensa de la educación pública”.

El ministro dijo que después de la reunión con los sindicalistas firmó el decreto, pese a que “hasta último momento” intentó evitarlo. Si el gobierno lograba que mañana no hubiera ningún paro en la enseñanza no decretaría la esencialidad, pero los gremios dijeron que ayer de noche no estaban en condiciones de levantar las medidas resueltas para mañana. Además, Murro se negó a informar sobre las implicancias que tendrá el decreto para los trabajadores que no acaten la medida, porque, según dijo, en primera instancia el gobierno apelará “al diálogo”.

Decrétese

El anuncio de la esencialidad lo hizo por la mañana Muñoz, en una conferencia de prensa, después de la reunión del Consejo de Ministros con la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA). Acompañada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, Muñoz argumentó que el viernes en la instancia de negociación “se había llegado a un acuerdo, refrendado por el presidente de la central de trabajadores [en referencia a Fernando Pereira] y por el presidente de Fenapes [en referencia a José Olivera]”. Luego fue más explícita: “Si se acepta un convenio con incrementos salariales por dos años, si se acepta que además tiene compromisos para la gestión, fundamentalmente el compromiso al dictado de días de clase, no se puede decir después que esas posiciones sean neoliberales”, dijo en referencia a las críticas que recibió la propuesta del Ejecutivo por parte de los dirigentes sindicales. Si bien la ministra se refería a que fue un acuerdo lo firmado el viernes en la reunión, en el acta de ese encuentro consta que lo que se firmó es una “propuesta a ser considerada por los órganos competentes de cada parte”.

Muñoz consideró esta propuesta “muy importante” y dijo que el aumento salarial ofrecido a los docentes está “por encima del sector público, de 3,5%, llegando en los dos primeros años a casi 8% de aumento”. “Entendemos que en un fin de semana en el que se puedan haber sentido los ánimos un poco más desbordados no se haya aprobado la posición que tuvieron los dirigentes, por lo cual queremos dar un período de reflexión concurriendo todos a clase”, afirmó, y apuntó que no todos los docentes “están adheridos” a las medidas de paro.

Sobre la legalidad de la medida adoptada, y teniendo en cuenta que según el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT se consideran servicios esenciales aquellos “cuya paralización pueda poner en peligro o represente una amenaza evidente o inminente para la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población”, Muñoz simplemente reiteró que “es deber del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) garantizar la asistencia a clase de todas las niñas, niños y adolescentes del país”, y que la enseñanza es un “derecho de los ciudadanos”. “No podemos mantener una situación en la que también se vean vulnerados los hogares cuyos estudiantes tienen que concurrir a centros de estudio y ven trastocada su vida laboral, su vida cotidiana”, añadió Muñoz, que si bien reconoció que “internacionalmente es discutido”, países como Portugal o Canadá aplicaron la esencialidad en la educación.

El decreto firmado anoche establece que pese al “evidente avance registrado en el proceso de negociación”, los sindicatos mantuvieron las medidas de conflicto, cita la solicitud del MEC para señalar que el Estado “ha agotado las instancias legales de negociación con los gremios docentes y, sin embargo, éstos no han declinado su voluntad de avanzar hacia una huelga que afectará el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, así como la seguridad y la estabilidad de las familias frente a sus responsabilidades laborales”. Finalmente recoge los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, aunque sólo algunos. La organización internacional establece, en el párrafo 585 de estos criterios, que “el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares” puede considerarse servicio esencial, y también el párrafo 625, que admite “la pertinencia de la declaración de esencialidad en casos de conflictos de larga duración en el sector de la educación”. Pero el decreto no cita el párrafo 587, que establece que el sector de la educación “no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término”, ni el 588, que sólo habilita la restricción o prohibición del derecho de huelga en el caso de directores y subdirectores. Tampoco el 590, que agrega que “las posibles consecuencias a largo plazo de las huelgas en el sector de la enseñanza no justifican su prohibición”.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia por el FA, Tabaré Vázquez, había afirmado en reiteradas oportunidades que estaba dispuesto a decretar la esencialidad en la enseñanza.

La Diaria